El juez del ‘caso Villarejo’ ofrece a la fiscal general personarse como víctima de la trama

El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha ofrecido este viernes a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, personarse como víctima de la trama liderada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo. El magistrado ha tomado esta decisión dentro de una de las líneas de investigación del sumario: la denominada Pieza 4 o Pit, donde se indaga el supuesto encargo recibido por el policía para frenar la extradición a Guatemala del naviero Ángel Pérez-Maura. En las pesquisas constan varios audios donde Villarejo afirma que Delgado lo ayudó a él en sus maniobras para evitar la entrega del empresario. El juez considera que las afirmaciones de Villarejo pueden “constituir un delito contra el honor” de la máxima responsable del ministerio público.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía intervino varias grabaciones donde el comisario aseguraba a Pérez-Maura que Delgado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, lo estaba ayudando en este negocio ilícito. En una de las conversaciones, el líder de la trama afirma que Delgado participó en reuniones para frenar la extradición. Un hecho que siempre ha negado la actual fiscal general, que ocupaba el cargo de ministra de Justicia en el momento en que salió a la luz el contenido de esos audios.

En 2018, a través de un comunicado, Delgado negó su presencia en ninguna reunión de estas características. También añadió que nunca participó en la tramitación del proceso de extradición de Pérez-Maura —afirmación que confirmó la Fiscalía en aquel momento— y que “no ha tenido ningún tipo de relación personal, profesional, oficial o no oficial” con Villarejo, “más allá de haber coincidido con él en compañía de otras personas en algún evento”.

La investigación sobre el Proyecto Pit, que este viernes el juez García-Castellón ha decidido prorrogar seis meses más, se centra en la contratación del grupo empresarial de Villarejo para impedir la extradición a Guatemala de Pérez Maura, acusado de sobornar a altos funcionarios del país centroamericano con más de 30 millones de dólares (29,8 millones de euros, al cambio actual). Según las pesquisas, el empresario se hizo con los servicios del comisario y le abonó, al menos, otros 7,4 millones de euros. La contratación se enmascaró bajo una expresión eufemística plasmada en los documentos utilizados: “Adecuada defensa legal en el sentido más amplio”.

En esta parte del sumario se investigan delitos de cohecho internacional y blanqueo de capitales, entre otros. El juez también mantiene imputado al empresario Adrián de la Joya, habitual de los sumarios de corrupción. Además de que informes policiales lo relacionaron con supuestos intentos de Villarejo para torpedear el caso del Pequeño Nicolás, la Audiencia Nacional lo ha procesado por su implicación en el caso Lezo. De la Joya puso presuntamente sus sociedades y cuentas bancarias al servicio de OHL para que la constructora pagara una comisión de 2,5 millones de dólares a Ignacio González (PP), expresidente de la Comunidad de Madrid, y a Ildefonso de Miguel, mano derecha del expolítico y director de la empresa pública del Canal de Isabel II. La mordida se dio supuestamente a cambio de las obras del tren a Navalcarnero por 360 millones de euros.