El contrato del que cobró el hermano de Ayuso sigue bajo la lupa de la Fiscalía europea

Isabel Díaz Ayuso se emocionó este jueves al comunicar en la Asamblea de Madrid que la Fiscalía Anticorrupción había archivado la investigación por el contrato firmado por la Comunidad de Madrid para la compra de mascarillas del que se benefició su hermano, Tomás Díaz Ayuso. El cierre de estas pesquisas libra a la presidenta autonómica de una de las dos investigaciones abiertas por esa operación, pero sobre ella pesan aún las diligencias abiertas por la Fiscalía europea, un órgano independiente que empezó a funcionar en junio de 2021 para investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE. La Comunidad de Madrid pagó con fondos europeos las 250.000 mascarillas compradas a Priviet Sportive y los fiscales comunitarios quieren comprobar si hubo alguna irregularidad en el uso que se le dio a ese dinero.

La investigación paralela en ambos órganos derivó en marzo pasado en el primer conflicto de competencias entre la Fiscalía española y la europea. Los investigadores comunitarios reclamaron la potestad para dirigir las pesquisas al jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien había abierto diligencias previamente tras recibir una denuncia de los grupos de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos de la Asamblea. Pero Luzón se negó a ceder la causa, lo que llevó a un duro intercambio de escritos y a que la fiscal general, Dolores Delgado, convocara de urgencia a la Junta de Fiscales de Sala —su principal órgano asesor— para mediar en el choque. Delgado optó por desgajar el expediente para que Anticorrupción mantuviera la parte de la investigación que, en principio, no estaba vinculada a los fondos europeos, mientras que a los fiscales comunitarios le atribuyó la investigación de los presuntos delitos derivados del mal uso de dinero europeo.

El enfrentamiento entre las fiscalías europea y la española no ha terminado, pues los representantes de la UE consideran que no debe ser la fiscal general la que dirima los conflictos de competencias entre ambos órganos, sino que exigen que España remita el caso a la justicia europea para que sea esta la que tome una decisión. Pero Anticorrupción siguió investigando, tal y como había ordenado Delgado, centrándose en exclusiva en los presuntos delitos que podían afectar directamente al funcionamiento de la Administración pública española (tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad). Estas son las pesquisas que ha archivado Luzón.

Mientras, la Fiscalía europea sigue indagando, entre otros, un posible delito de malversación. En los escritos intercambiados entre el órgano español y el comunitario, el jefe del primero sostenía que no había ni un solo indicio de que se hubieran desviado ayudas europeas, pero los fiscales de la UE señalan “irregularidades” derivadas del “posible suministro de mascarillas de inferior calidad y consecuentemente, precio a las acordadas”, posible pago por parte de la Comunidad de Madrid del transporte de las mascarillas, y “posible intervención irregular del hermano de la presidenta”.