La empresa de la que cobró el hermano de Ayuso se embolsó un millón de euros por las mascarillas que le habían costado 500.000

La empresa de la que cobró el hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, obtuvo casi un millón de euros de beneficio en la compra de las 250.000 mascarillas que vendió a la Comunidad de Madrid en la fase más crítica de la pandemia de covid-19. Según la documentación aportada a la Fiscalía Anticorrupción por la compañía con la que trabajó Tomás Díaz Ayuso, Priviet Sportive, la empresa pagó algo más de medio millón de euros en abril de 2020 por comprar en Corea del Sur y traer a España las 250.000 mascarillas que vendió al Gobierno regional por más de un millón y medio de euros. Los datos de los pagos realizados por Priviet Sportive y la Comunidad están incluidos en el decreto firmado este jueves por el jefe de Anticorrupción para ordenar el archivo de la investigación que mantenía abierta desde marzo en torno al contrato del que se benefició el hermano de la presidenta madrileña.

Según la información aportada por Daniel Alcázar, el dueño de Priviet —amigo de la familia Díaz Ayuso— esta empresa pagó 480.170,30 euros a la compañía coreana K Beauty & Media por 250.000 mascarillas FFP2. La compra se abonó el 2 de abril de 2020 en dos pagos, uno de 240.122,66 eros y otro de 240.047,64. A ese gasto, Priviet tuvo que sumar el transporte aéreo para traerlas a España, 76.871,13 euros. Las mascarillas fueron recogidas en el aeropuerto de Madrid Barajas por la empresa Procoex, con la que se había contratado por 6.501,24 euros la recogida y entrega del material en el pabellón 10 del hospital de IFEMA, un trabajo que se realizó en dos días (17 y 20 de abril). En total, Priviet Sportive gastó 563.542,67 euros en comprar, transportar a España y entregar las mascarillas a la Comunidad de Madrid.

Esta operación dejó a la empresa de Daniel Alcázar unos beneficios de casi un millón de euros (948.957,33), según se deduce de los datos incorporados por el jefe de Anticorrupción al decreto de archivo, que recoge que el día 27 de junio de 2020, Priviet Sportive percibió el pago de las mascarillas mediante una transferencia por importe de 1.512.500 euros ordenada por la Administración General de la Comunidad de Madrid. De ese dinero, Tomás Díaz Ayuso recibió una comisión que la Fiscalía cifra en 234.203,52 euros: 175.000 provenientes de los trabajos realizados para Priviet en relación con distintas ofertas, entre ellas la investigada en este caso; y 59.203,52 euros de un bonus pactado por la obtención del contrato de las mascarillas con la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso señaló que su hermano había cobrado 55.850 euros más IVA por conseguir las mascarillas de China. El jefe de Anticorrupción considera acreditado que el hermano de la presidenta cobró la comisión por el trabajo que hizo para Priviet, “consistente en añadir valor al proceso comercial de esta empresa mediante su conocimiento de la gestión sanitaria y del mercado sanitario, de los proveedores y clientes potenciales así como de las calidades y especificaciones de los productos demandados”.

La unidad de apoyo de la Intervención General del Estado adscrita a Anticorrupción ha consultado en la Plataforma de Contratación del Sector Público otros contratos de suministros de mascarillas FFP2 del Servicio Madrileño de Salud celebrados por el mismo órgano de contratación entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020 y por importe superior a 100.000 euros. De los 37 contratos encontrados, el firmado por Priviet es el que tiene el cuarto precio por mascarilla más elevado (cinco euros más el 21% del IVA). La media del precio por mascarilla en esas fechas, según el escrito de Anticorrupción, fue de cuatro euros (sin IVA), pero el ministerio público resta importancia a este dato y advierte de la “notable disparidad de precios”, que van desde 1,24 y 1,30 euros por mascarilla, como es el caso del contrato celebrado con 3M España el 9 de abril de 2020, hasta 6,50 euros por tapabocas en el contrato firmado el 30 de marzo con Palex Medical. El fiscal, Alejandro Luzón, asegura que esta dispersión de precios no está justificada en la fecha de adquisición, el plazo de entrega o en el volumen de mascarillas adquirido. “Da así la impresión de que el Servicio Madrileño de Salud intentó adquirir el mayor número de mascarillas posibles dentro de unos márgenes que comprendían un amplio rango de precios”, apunta Luzón.

Después de tres meses de investigación, el jefe de Anticorrupción decreta el archivo de la investigación al concluir que Ayuso “no ha intervenido en el procedimiento” porque el Consejo de Gobierno “no es un órgano de contratación en la Comunidad de Madrid”. Además, la Fiscalía sostiene que la presidenta madrileña no se prevalió de su posición para influir en que se aceptara la oferta de Priviet Sportive, como demuestra, según Luzón, que todos los testigos que habían tenido alguna intervención relevante en la tramitación del expediente citados a declarar por la Fiscalía aseguraron no haber recibido “indicación, llamada, recomendación o sugerencia de autoridad o funcionario interesándose por esta contratación o por la empresa Priviet”. El ministerio público tampoco ha encontrado pruebas de que los distintos órganos administrativos que intervinieron en el contrato siguieran en la compra de las mascarillas a Priviet “un procedimiento distinto al legalmente previsto, ni que se diera a esta empresa un trato de favor”, y considera “expresivo” que la Comunidad rechazara otras dos partidas de mascarillas ofrecidas por la misma empresa por considerar el precio excesivo y negarse a adelantar parte del pago, como pedía Priviet.

“En definitiva”, concluye el fiscal, “Tomás Díaz Ayuso ofrece una explicación coherente sobre su intervención en el proceso de venta de las mascarillas, que viene fundamentada tanto por el material documental aportado por su representación como por los diferentes testigos que han declarado en estas diligencias. Este relato no queda ensombrecido por las hipótesis planteadas por los denunciantes que, tras la práctica de las diligencias reseñadas, no han superado el umbral de las meras sospechas o conjeturas que no permiten avanzar, siquiera sea provisionalmente, en una tesis inculpatoria”.

El archivo decretado por Luzón implica el cierre de la investigación que llevaba a cabo la Fiscalía española, y que se centraba en los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad. El jefe de Anticorrupción no se pronuncia sobre posibles delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la UE y cohecho, ya que estos están siendo investigados por la Fiscalía europea.

La venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid de la que se benefició el hermano de la presidenta fue el origen de la crisis interna del PP que desembocó en la salida de Pablo Casado y la convocatoria de un congreso en el que Alberto Núñez Feijóo se convirtió en el nuevo presidente del partido. Aunque la denuncia que ha dado origen a la investigación de la Fiscalía la presentaron los grupos de la oposición de la Asamblea de Madrid (Podemos, PSOE y Más Madrid), fueron Casado y su secretario general, Teodoro García Egea, quienes sembraron las primeras dudas sobre la presidenta, a la que acusaron de mantener una conducta “no ejemplar”. Ayuso ganó el choque político, pero quedaba pendiente la investigación de la Fiscalía. El archivo decretado por Anticorrupción apuntala su victoria, a la espera de lo que determine la Fiscalía europea, que mantiene abiertas las pesquisas por el posible desvío de fondos europeos (las mascarillas se pagaron con fondos Feder).