Las acusaciones cuestionan al fiscal por rebajar las penas en el caso del rey de la noche de Palma

A las nueve y media de la mañana de este lunes, las cámaras de los fotógrafos de prensa apuntaban hacia una histórica cafetería situada en la misma avenida donde se ubica la Audiencia Provincial de Palma. El magnate del ocio nocturno de la capital de Mallorca Bartolomé Cursach apuraba un café antes de recorrer los escasos metros que lo separaban del tribunal. Este lunes ha comenzado el juicio por el caso Cursach, el mayor caso de corrupción policial de la historia de las islas, sobre la presunta connivencia del empresario con agentes de la Policía Local de Palma para beneficiar sus negocios. Un total de 23 personas se han sentado en el banquillo de los acusados, aunque la sesión ha finalizado con 17, después de que el tribunal haya exculpado a seis al haber sido retirados todos los cargos contra ellos. Las acusaciones particulares han arremetido contra el recorte de penas propuesto por el fiscal.

Cursach, el principal empresario de su sector en Mallorca, se enfrenta a 18 meses de cárcel por delitos de pertenencia a organización criminal y prevaricación. Junto a él, están procesados el número dos de su conglomerado empresarial y otros tres trabajadores (que han sido exculpados); 14 agentes y mandos de la Policía Local de Palma y un funcionario. Están acusados de un abanico de delitos, desde la pertenencia a organización criminal a la prevaricación, pasando por amenazas o revelación de secretos. Se investiga el acoso de varios policías locales a locales nocturnos de las principales zonas de ocio para beneficiar los negocios de Cursach. La primera sesión del juicio se ha centrado en las cuestiones previas, que se alargarán durante semanas. Las primeras declaraciones de los acusados podrían llegar después del verano.

El juicio llega marcado por los cambios de relato de la Fiscalía. El fiscal anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, junto al designado por la Fiscalía General del Estado, Tomás Herranz, modificaron, a diez días del inicio, el escrito de acusación y pidieron el sobreseimiento de la causa para siete personas, variando de forma relevante el relato de los hechos y dejando fuera algunos episodios que centraron una parte de la investigación.

Durante los primeros minutos de la sesión, este lunes, Carrau ha defendido esta decisión, que ha justificado en la necesidad de “no sorprender” a las defensas y evitar “una indefensión” de algunos de los acusados. “Había acusaciones realizadas en base a [sic] testimonios que la Fiscalía considera que son falsos, por lo que era contradictorio mantener la acusación”, ha manifestado Carrau.

Un proceder apoyado por la Abogacía de la Comunidad Autónoma, que también ha retirado la acusación que mantenía por prevaricación contra la exdirectora general de Turismo, Pilar Carbonell, y contra un funcionario. “La Comunidad Autónoma retira la acusación porque tiene que servir a los intereses generales y tiene que actuar con objetividad”, ha dicho la abogada de la Comunidad, María Ángeles Berrocal. “Estudiada la causa entera, que es lo que acostumbramos a hacer, no solo es que no encontramos una resolución que imputarles como prevaricadora a las dos personas a las que así considerábamos en nuestro escrito de calificación provisional, no vemos ninguna salida para mantener la acusación y hacer con los mismos hechos una calificación alternativa”, ha añadido la letrada.

Los abogados de los principales beneficiados por la rebaja de la Fiscalía, como el de Cursach, Enrique Molina, han apoyado los cambios. “Está previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no se puede invocar la nulidad de un escrito que jamás puede ser nulo” ha dicho el letrado.

Nulidad

Las acusaciones particulares, que representan a algunos de los empresarios perjudicados por los presuntos delitos cometidos por los agentes de policía, han pedido la nulidad del escrito de la Fiscalía al considerar que no está justificado y que no tiene cabida en esta parte del proceso. “Entendemos que todo ello han sido una serie de trampas, irregularidades sospechosas procesales que no quisiéramos pensar que tuvieran origen en tan poderoso acusado como es el señor Cursach”, ha dicho la abogada Teresa Bueyes, que representa a uno de los empresarios afectados y a quien la presidenta de la sala, Samantha Romero, ha cortado de forma tajante.

Tras retirarse a deliberar, el tribunal ha admitido los cambios en el escrito de la Fiscalía y ha exculpado a seis personas, sobre las que ya no pesaba ninguna acusación. “No solo no provoca ninguna indefensión, sino que es un acto de cortesía profesional con la finalidad de delimitar el objeto de enjuiciamiento”, ha subrayado Romero, presidenta también de la sala que enjuició el caso Nóos. El tribunal ha reservado más de 150 sesiones, hasta abril de 2023, para enjuiciar el caso.

La investigación se inició de la mano de una jueza instructora en 2009 y pasó a la mesa del juez Manuel Penalva y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán apenas un año después. Las investigaciones se precipitaron y de la causa matriz que ahora se enjuicia nacieron varias piezas separadas que llegaron a implicar a políticos del Ayuntamiento de Palma, que después resultaron exonerados tras archivarse los procesos contra ellos. Durante la instrucción desfilaron por el juzgado decenas de testigos e investigados, algunos de los cuales terminaron en prisión provisional. El juez y el fiscal que desarrollaron el grueso de la instrucción están a punto de ser enjuiciados por amenazas a testigos y prevaricación.