ERC se reincorpora a las negociaciones para reformar la ‘ley mordaza’

ERC ha hecho este jueves un nuevo gesto para destensar, en el Congreso, su relación con el Gobierno tras el estallido del caso Pegasus. El partido republicano se ha reincorporado a las reuniones de trabajo que mantienen desde hace meses seis partidos ―la propia ERC, PSOE, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu y Junts― para acordar la reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza. ERC había forzado el pasado 28 de abril la suspensión del encuentro previsto aquel día con la advertencia, según detallaron entonces fuentes de los otros partidos, de que no volverían a participar en ellos hasta que el Ejecutivo aclarase el supuesto espionaje a los independentistas catalanes. Este jueves, fuentes de ERC han asegurado que siguen “esperando explicaciones” por las escuchas, pero añaden en que mientras llegan “seguiremos negociando” la ley mordaza y otros proyectos legislativos.

Aquel anuncio llevó al resto de partidos a plantearse entonces seguir con los encuentros sin los republicanos a la espera de que la polémica de las escuchas amainase. No ha hecho falta. Esta tarde estaban convocados de nuevo todos los grupos para reiniciar los trabajos y al mismo ha acudido la representante de los republicanos, la diputada Maria Carvalho Dantas, aunque solo a la parte final porque tenía que intervenir en otra comisión, aclaran desde ERC. El único partido que no ha acudido ha sido Junts por motivos de agenda, señalan fuentes conocedoras de la negociación. Según coinciden en señalar a EL PAÍS varias fuentes, en este encuentro los partidos han abordado los cambios a “tres o cuatro” artículos en los que aún existen divergencias, todos ellos referidos al derecho de manifestación y la responsabilidad de los convocantes en el caso de que se produzcan incidentes. En lo que hay discrepancias es sobre los avances logrados. Mientras algunas de las fuentes los tildan de “escasos”, otras muestran su “satisfacción” porque se han acercado posiciones.

En la reunión también se ha abordado uno de los puntos más polémicos de la norma, el referido a la utilización de material antidisturbios y, en concreto, de las pelotas de goma por parte de la policía ante incidentes callejeros. El PSOE ha vuelto a insistir en que se sigan usando, pero con un protocolo que regule estrictamente cuándo y cómo hacerlo. Sin embargo, ERC ―que recuerda que su utilización está prohibida en Cataluña, donde los Mossos utilizan proyectiles de foam― y EH Bildu exigen su prohibición. Al término del encuentro, los grupos han acordado intercambiar propuestas por escrito antes de la próxima reunión, cuya fecha no ha sido fijada.

La reforma de la ley mordaza es un proyecto iniciado hace cuatro años, pero que las discrepancias políticas y las sucesivas disoluciones del Congreso han impedido fructificar. Como en otros proyectos del Gobierno, como la ley de memoria democrática, el proyecto ha concitado el rechazo frontal de los partidos de la derecha, pero también con las quejas de los aliados parlamentarios, que la consideran insuficiente. De hecho, los trabajos de la ponencia parlamentaria para materializarla están paralizados desde marzo ante los pocos avances ―se habían cerrado acuerdos sobre 29 artículos―.

Por ello, PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts acordaron entonces celebrar encuentros preparatorios entre ellos para limar diferencias y poder acudir a la próxima reunión de aquella con textos ya cerrados para agilizar el trámite parlamentario y sortear la oposición frontal de los partidos de la derecha. El objetivo era cerrar el nuevo texto antes del verano, cuando se cumple el séptimo aniversario de la entrada en vigor de la norma que aprobó el PP en 2015. Sin embargo, en estas reuniones a seis bandas los avances habían sido hasta ahora más lentos de lo esperado. Además, ERC ya tensó los trabajos del grupo cuando el pasado 5 de abril presentó un documento con 11 modificaciones que la formación nacionalista considera irrenunciables para que sus diputados voten a favor de la reforma. El apoyo de los 13 diputados republicanos son necesarios para una reforma que necesita 175 votos afirmativos al tratarse de una ley orgánica.

La división sobre la reforma también se ha trasladado a la calle. Por un lado, sindicatos de policía y asociaciones de guardias civiles salieron en tromba a criticar la iniciativa al considerar que, de aprobarse, supondría un perjuicio para el trabajo diario de los agentes. Sus protestas desembocaron, el 27 de noviembre, en una manifestación que congregó a 20.000 personas en las calles de Madrid. Por otro lado, también se han opuesto a la reforma organizaciones y colectivos de defensa de los derechos humanos, aunque en su caso por considerar que la norma debe ser derogada en su conjunto. Consideran que los partidos, con las modificaciones que plantean, únicamente van a “maquillar” un texto que consideran lesivos para los ciudadanos. El Defensor del Pueblo lleva años urgiendo en sus informes a los partidos políticos a culminar la reforma de la ley.