Abascal pone ‘comisarios políticos’ a sus consejeros autonómicos

Un total de 10.024 afiliados de Vox, el 16% de los que tenía a principios de 2021, se dieron de baja el año pasado, según las cuentas oficiales del partido. Como Vox fichó a 11.118 nuevos miembros, logró cerrar el ejercicio con 1.094 afiliados más. Es decir, un 1,7% de aumento, diez veces menos que el año anterior. Es un crecimiento muy lento para un partido que no para de subir en las encuestas y ha entrado ya en su primer gobierno, el de Castilla y León. De mantenerse este ritmo, necesitará más de 30 años para alcanzar los 100.000 afiliados, el objetivo fijado en 2020 por su secretario general, Javier Ortega Smith.

Los críticos de Vox creen, sin embargo, que las más de 10.000 bajas corresponden, en realidad, a afiliados fantasma a los que se apuntó pagándoles la cuota con el único objetivo de que votaran a las candidaturas oficiales en las elecciones internas. En Murcia salieron a la luz en junio de 2020 unos audios en los que una militante del partido pedía ayuda a una amiga para afiliar a diez personas de su confianza durante un mes con el objetivo de que votaran en las primarias y luego se dieran de baja.

Si fue así, ya no será necesario en el futuro. El pasado 1 de abril, Vox celebró su asamblea anual y modificó sus estatutos para que, a partir de ahora, los presidentes de los comités provinciales sean designados a dedo por la dirección nacional en vez de ser votados por las bases. A la asamblea solo asistieron una treintena de cargos públicos y orgánicos del partido y fue seguida, telemáticamente, por aquellos afiliados que podían hacerlo a las 11 de la mañana de un día laborable. La reforma de los estatutos para eliminar la elección democrática de los cargos internos se remitió a los miembros de Vox con menos de 48 horas de antelación, sin posibilidad de enmendarla y sin ningún argumento que la justificase. La única posible explicación la dio hace 18 meses el líder del partido, Santiago Abascal, en una entrevista en octubre de 2020, cuando se preguntó “si sería mejor suspender ese tipo de elecciones porque generan zozobra y enfrentamiento” y sustituir a los presidentes provinciales elegidos democráticamente por delegados nombrados por el comité ejecutivo nacional.

Según Abascal, Vox seguiría funcionando democráticamente, como exige la Ley Orgánica de Partidos Políticos de 2002, porque los afiliados eligen al presidente. Pero en realidad no es así. Abascal fue proclamado líder del partido por cuatro años en marzo de 2020 sin someterse a votación. El comité electoral interno aseguró que Abascal era el único candidato que cumplía el requisito de presentar el aval de más del 10% de los afiliados, listón que no superó su único competidor, el militante canario Carmelo González. El comité electoral nunca dijo cuántos avales tuvo Abascal ni cuántos su rival. Uno de los vocales del órgano encargado de velar por la limpieza del proceso electoral interno, la vicesecretaria jurídica, formaba parte de la candidatura de Abascal. Era juez y parte.

Tampoco se sabe cuántos afiliados aprobaron la supresión de las elecciones internas el 1 de abril, aunque Vox asegura que se refrendó con más del 90% de los votos. La reforma de los estatutos incluía, además, un punto que revela cómo afronta Abascal la entrada de Vox en gobiernos de coalición con el PP; desde el pasado 20 de abril en Castilla y León y, a partir del 19 de junio, según espera, en Andalucía. Se ha creado una dirección de política de gobierno (DPG) con la función de “coordinar la política y la operativa de los diferentes cargos públicos de los gobiernos, empresas y organismos públicos en los que participe Vox”. Este comité contará con un director y un equipo de asesores técnicos y nombrará a un coordinador por cada gobierno. Así, la dirección nacional de Vox tendrá un “coordinador” (es decir, un comisario político) en la Junta de Castilla y León y otro, llegado el caso, en la Junta de Andalucía. Su cometido será el de “aprobar y ejecutar los protocolos de auditoría, organización, contratación y supervisión de dichos cargos públicos”.

El poder de un reducido sanedrín

Vox quiere trasladar a los gobiernos autonómicos el esquema que ya aplica en los grupos parlamentarios de las asambleas regionales, en las que cuenta con un coordinador nombrado por la dirección nacional que “supervisa” el trabajo de sus diputados. Los grupos de Vox en parlamentos autonómicos y ayuntamientos no pueden presentar iniciativas sin el visto bueno de sus superiores, mientras que la dirección nacional se reserva la decisión sobre a quién se contrata como asesor o personal de apoyo. El problema no es solo la desconfianza que este esquema refleja hacia sus propios cargos electos, sino la posible injerencia en competencias de la Administración al parecer atribuirse Vox facultades de “contratación”.

Tanto la dirección de política de gobierno (DPG) como la dirección de política parlamentaria y municipal (DPPM) dependen del comité de acción política (CAP), núcleo de poder de Vox. En este reducido sanedrín, que se reúne todos los lunes para fijar la estrategia política del partido, se sientan, además del propio Abascal, el secretario general, Javier Ortega Smith; el vicepresidente político, Jorge Buxadé, y el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, así como un “responsable de comunicación”. Aunque a este no se le designa por su nombre, se trata de Kiko Méndez-Monasterio, mano derecha de Abascal. El “gurú” del líder de Vox, como él mismo lo ha calificado, no tiene ningún cargo orgánico, pero se le considera uno de los hombres con más poder en el partido. Fue él quien protagonizó la negociación con el presidente castellano-leonés, Alfonso Fernández Mañueco, para la entrada de Vox, por vez primera, en un gobierno autonómico, aunque fuera el vicepresidente, Juan García-Gallardo, quien diera la cara en público.

Sorprendentemente, la baja de más de 10.000 afiliados no parece haber afectado a la situación financiera de Vox. A pesar de que la afiliación solo creció el 1,75 % durante el año pasado, los ingresos por cuotas de afiliados aumentaron un 10%, hasta superar los cinco millones de euros, según sus cuentas oficiales.