El Gobierno negocia ‘in extremis’ el pacto estatal de respuesta a la guerra

Tras el éxito del acuerdo europeo, que permitirá a España y Portugal disfrutar de una excepción ibérica para imponer temporalmente un tope —evitando que se disparen— a los precios de la luz y el gas, ahora toca cuadrar un pacto nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. No hay tiempo para el descanso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes una serie de medidas para paliar la situación en el ámbito económico, energético, laboral y social, que el martes ratificará el Consejo de Ministros por decreto. El Gobierno buscaba este domingo in extremis a los aliados parlamentarios para la convalidación posterior. A derecha e izquierda. El Ejecutivo quiere, busca y necesita un pacto de Estado en un momento crítico para el país, pero se tropieza con exigencias aparentemente muy contrapuestas.

La legislatura está por un lado en poco más que su teórico ecuador, pero también en una encrucijada determinante. El Ejecutivo atraviesa una etapa de desencuentros graves entre los dos socios de coalición (PSOE y Unidas Podemos) y con sus aliados habituales, y también de inquietante desconexión y malestar con varios colectivos sociales agraviados. Por otro lado, la principal fuerza en la oposición, el PP, debe resolver este próximo fin de semana su crisis de liderazgo con la proclamación de Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder.

El Gobierno admite y es consciente de que en estas circunstancias podría estar jugándose la duración de este mandato y su futuro político. Por eso, entre otras razones, Pedro Sánchez jugó tan fuerte sus cartas en el Consejo Europeo del pasado viernes. No podía volver a Madrid de vacío. Ahora toca concretar las medidas y precisarlas en el papel. En Europa, donde debe presentar un plan detallado de sus propuestas sobre la excepción ibérica. Y en España, donde no tiene asegurados los apoyos para convalidar en el Congreso en menos de un mes el decreto que ratificará el Consejo de Ministros el martes. En el Gobierno confían en que prácticamente ningún partido, excepto Vox, “se debería permitir el lujo, la irresponsabilidad y el riesgo político de tumbar algo así en un momento de país”, según fuentes oficiales.

El presidente aterrizó de Bruselas y activó a sus negociadores. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que había culminado la pasada semana una primera ronda de encuentros con todos los grupos parlamentarios, menos Vox, advirtió durante el sábado a sus interlocutores de que el domingo sería jornada de trabajo. Por la mañana, las sesiones y charlas se concentraron entre los socios de la coalición gubernamental, donde también se observan diferencias notables acerca de dónde poner el acento de las actuaciones a poner en marcha.

La delegación negociadora de Unidas Podemos, formada por Josep Vendrell, el jefe de gabinete de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los secretarios de Estado Joaquín Pérez Rey y Nacho Álvarez, centró sus demandas en tres bloques: la bajada de precios en el sector energético según el acuerdo europeo; la prolongación de los ERTE y el endurecimiento de los despidos en esta etapa en el ámbito laboral; y más ayudas sociales a los colectivos vulnerables, como desvincular el IPC de los precios de las viviendas de alquiler o mejoras en el Ingreso Mínimo Vital.

Todos los portavoces de Unidas Podemos que ensalzaron desde el viernes la relevancia del acuerdo alcanzado en Bruselas que permitirá bajadas nacionales del precio de la luz y el gas añadieron a continuación que ahora “el Gobierno debe ser valiente”. Lo hicieron la propia Díaz, Ione Belarra, Pablo Echenique y el sábado Isa Serra, que agregó: “Ahora el Gobierno tiene que ponerle freno a las eléctricas y debe demostrar que está de lado de la gente”.

Pablo Echenique, sobre el conflicto en el transporte, había planteado que se debe reducir el precio del litro de gasoil como mínimo a 1,5 euros y dar ayudas directas al sector por una cuantía de 3.000 euros por vehículo. Otra iniciativa sugerida desde Podemos para dar una ayuda de 300 euros a cada una de las 19 millones de familias españolas parece haberse descartado desde el sector socialista del Ejecutivo porque supondría, sostiene, un coste inasumible.

El PP, pero también Ciudadanos y desde luego Vox, afirman, por el contrario, que hay espacio para bajar más los impuestos, que el Gobierno recaude y haga menos caja y, sobre todo, reduzca sus gastos más burocráticos y administrativos, con una dieta estricta de adelgazamiento de su estructura. Esos no son precisamente los planes del Ejecutivo.

Comparecencia

El contexto económico general no ayuda a las grandes alegrías. La deuda española acabó 2021 en el 122% del PIB y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha efectuado una primera estimación de lo que podría suponer esta primera actuación de emergencia a la crisis por la guerra y las subvenciones prometidas: sus cálculos superan los 5.000 millones por cada trimestre que pase en esta situación. Y la guerra de Putin no tiene fecha de finalización prevista.

Hacienda no quiere bajar más los impuestos, más allá de los ajustes ya realizados desde el verano, precisamente por esa incertidumbre ante el futuro y porque rehúsa descuadrar más sus números.

La recaudación pública es cierto que está aumentando, pero se estima que en menor medida que la cuantía necesaria para hacer frente a las medidas y actuaciones prometidas. Y en el Gobierno intentan ser prudentes porque contemplan que en las próximas semanas y meses el contingente de refugiados procedentes de Ucrania podría elevarse por encima de las 100.000 personas, a las que habrá que ayudar a sufragar sus gastos.