Marbella aún busca el botín de Jesús Gil

En el arcén de un cruce de carreteras, sobre una mesa plegable adornada con las banderas de Europa, España y Andalucía, Juan Suárez ordena cada mañana su mercancía en pequeñas bolsas de plástico transparente. Desde lejos parecen ristras de ajos, pero se trata de una cosecha más propia del lugar: cientos de bolas de golf procedentes del rebusco en las urbanizaciones más exclusivas de la Costa del Sol.

—¿A cuánto las vende?

—Estas de aquí están a 20 la docena y esas a 30…

—¿Y cuáles me recomienda?

—Hombre, eso depende del hándicap de cada uno.

El hándicap de Marbella sigue llamándose Jesús Gil. En primer lugar, porque los desmanes urbanísticos, económicos y de gestión del que fuera alcalde de la ciudad desde 1991 a 2002 aún no han sido reparados y tal vez no lo sean nunca. En segundo, porque su sombra negra sigue siendo utilizada por sus sucesores políticos —ya sea desde los sucesivos gobiernos municipales o desde la oposición— para intentar justificar su propia incapacidad para enderezar el rumbo de esta ciudad de 140.000 habitantes, 114 kilómetros cuadrados, 27 kilómetros de playas, un clima de ensueño y un enclave estratégico para lo bueno y para lo malo. A 55 kilómetros del aeropuerto internacional de Málaga, a 59 de Gibraltar y a un paseo en yate de la costa marroquí, la ciudad sigue siendo uno de los principales destinos del lujo más exclusivo y también un centro de operaciones de las mafias internacionales. Un alto representante de la Audiencia Nacional lo resume así: “Una parte importante de nuestras investigaciones de tráfico de drogas pasan por Marbella, siempre hay alguna conexión que pasa por allí”.

Hay todavía un tercer motivo de por qué Jesús Gil, fallecido en 2004 a los 71 años de edad, sigue siendo una losa para Marbella dos décadas después de que abandonara el bastón municipal tras ser condenado por tráfico de influencias y prevaricación. El Estado, que logró a través de las investigaciones policiales y de varios procesos judiciales —entre los que destacan los casos Malaya, Saqueo I y Saqueo II— enviar a prisión a Gil y a sus colaboradores, se muestra incapaz de recuperar gran parte del expolio de las arcas municipales, que se calcula en más de 500 millones de euros.

—Cuando yo llegué a la alcaldía, hasta el cementerio municipal estaba embargado.

Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella desde 2007 de forma casi ininterrumpida, se sienta en la pizzería Triana. Hasta llegar a la mesa, ha empleado más de media hora en charlar y fotografiarse con los vecinos que le salían al paso, y hasta uno de ellos se ha bajado la mascarilla para enseñarle las cicatrices de dos quistes que se acaba de operar. “Para muchos sigo siendo la doctora Muñoz”, presume la alcaldesa y senadora del PP, que nació en Córdoba hace 62 años y que, antes de meterse en política, ejerció la medicina en Marbella. Muñoz asegura que la herencia recibida de Gil y Gil aún pesa. “No solo por una deuda de más de 500 millones de euros que todavía seguimos pagando”, explica, “sino por la falta de equipamiento y de suelo público, además de por la cantidad de pleitos a los que tuvimos que hacer frente. Le voy a poner un ejemplo: a un vecino le expropiaban una finca para hacer una obra pública, pero luego, en vez de hacerla, construían una promoción de viviendas privadas saltándose la ley. Lógicamente, la persona afectada reclamaba y el ayuntamiento tenía que indemnizarle. Si a eso se le añade que Gil no pagó jamás la Seguridad Social de los trabajadores municipales [que en Marbella superan los 3.000], ni las retenciones de Hacienda, ni el IVA…, usted me dirá. Todavía estamos empezando a recuperar equipamiento y paliando el déficit para hacer colegios públicos, centros de salud…

—¿Todavía? Pero si han pasado 20 años desde que se fue Gil…

—Nuestros primeros años fueron para intentar sobrevivir. Ya le digo que, cuando llegué a la alcaldía en 2007, hasta el cementerio estaba embargado. Gil no había pagado la publicidad que hacía de Marbella en distintos clubes y la liga profesional de fútbol embargó el cementerio. Teníamos embargado todo lo embargable y nuestra determinación era recuperar todo lo que se habían llevado. Lo hemos intentado, pero no es fácil”.

Mario Ruiz es el abogado que, al frente del equipo jurídico municipal, ha seguido durante los últimos años el rastro del botín.

—A pesar de muchos años de esfuerzo, de trabajo y de investigación, ya es prácticamente imposible devolverle a la ciudad lo que se le había saqueado. Una vez que se consiguió detener, condenar y meter en la cárcel a Jesús Gil y a sus más cercanos colaboradores —Pedro Román, Juan Antonio Roca, Julián Muñoz...— algunas instituciones del Estado se olvidaron de lo que era más importante: ejecutar la sentencia hasta el final, rastrear los bienes a través de las conexiones societarias de los condenados.

—¿Cuánto dinero ya no se va a recuperar?

—Millones, cientos de millones, ¿tal vez 300 millones...? Alguien pensaría que todos estos señores iban a tener todo su dinero en un paraíso fiscal más o menos fácil de localizar. Pero o no lo tienen o no se les ha encontrado.

—¿Se les ha buscado?

—Ahí yo he echado en falta... Verá, así como en la parte inicial hubo un esfuerzo tremendo de la Agencia Tributaria para buscar los bienes, después, ciertamente no lo ha habido. Y ahora quien únicamente puede hacerlo es la Fiscalía del Estado, que tiene las herramientas y la capacidad de ordenárselo a los funcionarios de la administración general del Estado. Entre otras cosas, no se ha hecho un estudio en profundidad de averiguación patrimonial de bienes. No, no se ha hecho.

—¿Sería posible todavía?

—Absolutamente. Aunque ya están prescribiendo algunos casos.

Todas las causas —las justas y también las que no lo son— suelen tener un nombre propio detrás. También el funcionamiento del Estado. Mario Ruiz pone dos ejemplos. El juez José Godino, presidente del tribunal que juzgó el caso Malaya, y Estefanía Olaya, la letrada de la administración de Justicia que se encarga de la ejecución de las penas impuestas en la Audiencia Nacional. “Ellos dos”, subraya Mario Ruiz, “han ayudado mucho a que las sentencias se cumplan y Marbella recupere parte del dinero”.

—Por cierto, ¿cuánto dinero se ha recuperado?

No es una pregunta fácil de responder. Ni esa ni prácticamente ninguna relacionada con multas e indemnizaciones. ¿Cuánto se ha cobrado? ¿Cuánto queda por cobrar? ¿Qué destino se le ha dado? Conseguir una respuesta a esas preguntas es misión casi imposible. Salvo en el caso de Estefanía Olaya, la letrada de la Audiencia Nacional, que respondió de forma diligente y al céntimo de los importes recuperados, el resto de las administraciones implicadas —Audiencia Provincial de Málaga y Tribunal de Cuentas— han tardado semanas en ofrecer una respuesta, y esta ha sido parcial y llena de lagunas. Sobre las causas juzgadas en la Audiencia Nacional —los casos Saqueo 1 y Saqueo 2—, la letrada Olaya explica: “De Saqueo I está prácticamente todo pagado. La responsabilidad civil ascendía a 24.387.073,77 euros, más los intereses, que se liquidaron en 11.280.919,55. Estas cantidades están abonadas a través de la venta de distintos bienes inmuebles y del patrimonio societario, principalmente de Juan Antonio Roca [asesor y gerente de Urbanismo de Jesús Gil]. La que nos queda pendiente ahora es Saqueo II. La Sección Tercera de la Audiencia Nacional impuso a los condenados la obligación de pagar diversas cantidades indemnizatorias al Ayuntamiento de Marbella, algo más de 51 millones de euros, y a la Seguridad Social, más de 16 millones. Pero la ejecución de los bienes embargados en este procedimiento está resultando más lenta por las diversas incidencias que surgen en esta fase de apremio...”.

O lo que viene a ser lo mismo: 20 años después del saqueo cometido por el entonces alcalde Jesús Gil, su primer teniente de alcalde, Pedro Román, su gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, y su sucesor en la alcaldía, Julián Muñoz —además de las decenas de secundarios que se apuntaron a meter la mano en la caja y que también resultaron condenados—, la maquinaria del Estado no solo no ha conseguido ejecutar unas sentencias que se dictaron hace años —el Tribunal Supremo confirmó la de Saqueo I en 2010, la de Malaya en 2015 y Saqueo II en 2016—, sino que a menudo se muestra apática a la hora de acometer los embargos. Hay que tener en cuenta que, al tratarse de caudales públicos, el Tribunal de Cuentas abrió en su día procedimientos paralelos a los de la Audiencia de Málaga y la Audiencia Nacional y, de hecho, la mayoría de los bienes están o estuvieron embargados por dos tribunales a la vez. Cuando se produce esta situación, quien cobra primero es quien haya formulado antes la reclamación en el registro de la propiedad, y en el caso de Marbella la mayoría de las preferencias las tiene el Tribunal de Cuentas. ¿Qué sucede si este tribunal —como han denunciado a este periódico varias fuentes— no ejecuta los embargos o lo hace muy lentamente? Pues que quienes están a la cola para ejecutar los bienes —en este caso Audiencia de Málaga, Audiencia Nacional, Agencia Tributaria o Ayuntamiento de Marbella— no lo hacen hasta que dé el paso el Tribunal de Cuentas, que tiene preferencia.

Después de casi un mes intentando obtener una respuesta, la portavoz de este órgano que fiscaliza las cuentas del Estado ha respondido que todavía se “está intentando conseguir la ejecución de al menos 16 sentencias de juicios contables dictadas entre los años 2001 y 2007, con condenas que van desde los 6.000 euros hasta los 57 millones”, y que la cantidad total recaudada “no se sabe”, pero sí que “al menos 172 millones de euros están todavía pendientes de ejecución y hay que seguir persiguiendo a los responsables”. Y añade: “En el caso de Jesús Gil, a los herederos, y también se está yendo contra Julián Muñoz, Juan Antonio Roca, Pedro Román... Están embargados inmuebles, coches, motos, planes de pensiones, los derechos de autor de un libro que publicó Julián Muñoz...”. Ante las preguntas de si alguno de estos procedimientos puede estar a punto de prescribir y si considera que esos 172 millones de euros que intenta cobrar desde hace al menos 15 años —la última sentencia fue de 2007— podrán cobrarse realmente, el Tribunal de Cuentas no responde.

Por su parte, la Audiencia de Málaga asegura que el dinero entregado a Marbella por la ejecución de las condenas del caso Malaya es de 32 millones de euros y que pronto se alcanzarán otros pagos hasta completar un total de 42 millones.

—En total —resume el abogado Mario Ruiz— habremos conseguido después de tantos años de esfuerzo recuperar 37 millones de euros en dinero y 12 o 15 en bienes. Y creo que es un éxito, pero, claro, en comparación con lo que la ciudad perdió sabe a poco...

Apenas un 10% de ese botín valorado por la alcaldesa en más de 500 millones. Una deuda con Hacienda que la ciudad sigue pagando a plazos y que provoca circunstancias tan curiosas como la que relata el abogado Mario Ruiz.

—Hará un par de años, logramos conseguir 12 millones de euros de la venta de un hotel que tenía Juan Antonio Roca en Murcia. El juez Godino vino a entregar el cheque en mano, se hizo una ceremonia solemne y el pleno aprobó por unanimidad construir una residencia de ancianos.

—¿Y se construyó?

—No. Porque Hacienda llegó al día siguiente y dijo que ese dinero era para ellos, a cuenta del pago de la deuda. Tal cual. La alcaldesa dijo que no, que peleásemos ese dinero. Y todavía estamos de pleitos.

De esta historia, que resume de forma muy gráfica las peripecias de una ciudad que persigue el botín que se llevó un alcalde y sus secuaces, surgen varios interrogantes. Uno, obvio, es por qué el Estado se muestra tan eficaz a la hora de enviar a un condenado a prisión y, sin embargo, es incapaz de recuperar el dinero robado. Otra, también necesaria, es si las tropelías llevadas a cabo por Gil pueden servir todavía de excusa a la alcaldesa Muñoz y a los demás grupos municipales, que 20 años después aún no han construido una residencia de ancianos de titularidad pública.

—Aquí —se justifica la regidora— tenemos equipamiento privado de primer nivel, el problema es que durante muchos años hemos tenido un agujero de equipamiento público.

El decano de los arquitectos de Málaga, Francisco Sarabia, y el secretario general de CC OO, Fernando Cubillo, han alertado precisamente del aumento de la desigualdad. El decano Sanabria explica que en Marbella se está produciendo “una importante brecha social” entre “un segmento de población de mucho poder adquisitivo que llega a la ciudad atraído por el lujo y ese otro segmento de trabajadores que se dedica a atenderles; una brecha que nuestros responsables políticos deberían intentar corregir, intentando que todo ese lujo y esas plusvalías retornaran de alguna manera” a las familias más desprotegidas. Una brecha que se hace cada vez más grande en el caso de la vivienda. “Los pisos, incluidos los públicos, que se construyen en Málaga y más si cabe en Marbella”, explica Sanabria, “están fuera del alcance del salario de un trabajador medio; cada vez hay más diferencia entre la clase trabajadora y la de alto standing”.

El sindicalista Cubillo exhibe una cantidad de datos abrumadora para llegar a un par de conclusiones: “Los ingresos que genera el turismo no se quedan en Marbella. En primer lugar, porque muchas de las grandes empresas turísticas pertenecen a fondos de inversión más preocupados de blanquear recursos que de invertir. Valga este ejemplo: ¿en qué otra ciudad de 140.000 habitantes hay 2.947 empresas de actividades inmobiliarias? Y, en segundo lugar, el 51% de los trabajadores de Málaga ingresan por debajo del salario mínimo. Esto en Marbella es peor aún, porque la vivienda es más cara y los trabajadores se tienen que ir. Ya no hablamos de barrios dormitorio, sino de comarcas dormitorio”.

En la ciudad del lujo, la desigualdad es cada vez mayor, y a pocos metros de las urbanizaciones más exclusivas surgen cada vez más barrios salpicados de pobreza. Rafaela Sánchez, la responsable de Cáritas en La Divina Pastora, dice que “hay familias de parados que les da vergüenza pedir para comer, cuando la vergüenza deberíamos sentirla los demás”.