La Zarzuela dictó al rey Juan Carlos I la carta sobre su futuro

La carta en la que el rey emérito comunica a su hijo Felipe VI su decisión de seguir residiendo “de forma permanente y estable” en Abu Dabi y viajar “con frecuencia” a España, tras el archivo de las investigaciones sobre su fortuna en el extranjero abiertas por la Fiscalía, salió de La Zarzuela, según fuentes gubernamentales.

El borrador de la misiva firmada por Juan Carlos I y difundida el lunes por la Casa del Rey, se elaboró en La Zarzuela, en estrecha coordinación con La Moncloa sobre el sentido de la misma, y lo llevaron en mano al anterior jefe del Estado su abogado, Javier Sánchez-Junco, y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán, quienes viajaron a Emiratos Árabes Unidos (EAU) para reunirse con él el pasado fin de semana

Inicialmente, el abogado y el general tenían previsto llevar al padre del Rey los dos decretos de la Fiscalía que archivaban las investigaciones en su contra, pero acabaron siendo también portadores del borrador de la misiva en la que Juan Carlos I anuncia sus planes de futuro.

Las fuentes consultadas explican que Juan Carlos I aceptó, tras examinarlo, el borrador de la carta, como no podía ser de otra manera, ya que el rey emérito es “disciplinado” y Felipe VI no solo ostenta el título de jefe del Estado, sino también el de jefe de la Familia Real.

Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este martes que se enteró el lunes “del sentido, no del contenido” de la carta, de la que “acusó recibo”, sus líneas fundamentales eran conocidas y habían sido consensuadas con La Moncloa, según las fuentes consultadas.

En realidad, las decisiones anunciadas en la misiva se habían ido gestando en los últimos meses: el rey emérito no regresaría inmediatamente a España, aunque su panorama judicial se hubiera despejado con el archivo tanto de las investigaciones de la Fiscalía española como anteriormente de la suiza, pero sí podría realizar visitas a sus familiares y amigos. Y Juan Carlos I no volvería a realizar funciones públicas y, en consecuencia, no recuperaría la asignación oficial de casi 200.000 euros anuales que le retiró su hijo en marzo de 2020. Finalmente, en el caso de que volviera a vivir en España, no residiría en el Palacio de La Zarzuela ni en ninguna dependencia de Patrimonio Nacional y, cuando viajara a España, tampoco pernoctaría en la residencia oficial del jefe del Estado, aunque sí podría acudir de visita, ya que es el domicilio de su esposa y su familia.

Esas eran las condiciones que la Casa del Rey había pactado con La Moncloa y que fueron aceptadas por Juan Carlos I. En realidad, según fuentes de su entorno, el rey emérito ya había asumido que tendría que quedarse una temporada residiendo en Abu Dabi, donde disfruta de unas comodidades, una atención médica y una privacidad que no le resultará fácil encontrar en otro lugar. Su instalación en España no solo atraería el interés mediático, sino que reabriría el debate sobre cuáles son sus medios de vida (no se le conoce ninguna fuente de ingresos) y volvería a ser residente fiscal en España, sujeto a una posible inspección fiscal.

Todas estas circunstancias eran conocidas por Pedro Sánchez; lo que desconocía el jefe del Gobierno, a tenor de sus palabras, era el párrafo de la carta en el que Juan Carlos I afirma: “Soy consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados en mi vida privada y que lamento profundamente”. Este amago de petición de disculpas quedaba muy lejos de las explicaciones públicas que le había reclamado el jefe del Gobierno.

Esas explicaciones resultaban más necesarias en la medida en que los decretos de la Fiscalía constatan indicios de la existencia de al menos tres delitos: un delito fiscal correspondiente a la declaración del IRPF de 2012, que no estaría prescrito; un delito de cohecho impropio, por la donación de 65 millones de dólares que le hizo en 2008 el entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz; y otro de blanqueo de capitales, por la transferencia de dichos fondos a su examante Corinna Larsen en 2012. En cambio, la Fiscalía no halló indicios consistentes de que hubiera cobrado comisiones por la adjudicación a un consorcio español del AVE a La Meca, ni tampoco de que tuviera relación, al menos desde 2004, con un trust en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.

De responder penalmente por estos hechos se habría librado el Rey por la inmunidad que, como jefe del Estado, disfrutó hasta su abdicación en 2014 y también por las dos regularizaciones que, por valor de 678.393 euros y 4,4 millones de euros realizó en diciembre de 2020 y febrero de 2021, respectivamente.

Los decretos de archivo de la Fiscalía no son recurribles y tampoco el abogado de Juan Carlos I los ha rebatido, lo que supone una aceptación implícita de la veracidad de su contenido. Es precisamente el reproche moral derivado del relato de hechos de la Fiscalía, aunque no sea posible un reproche jurídico, el que habría aconsejado a Felipe VI mantener a su padre alejado durante una temporada de la Jefatura del Estado.

Fuentes próximas al rey emérito ya venían señalando que este había asumido que su regreso a España no sería inminente, pero sí insistía en que, cuando se produjera, debería volver a La Zarzuela, ya que esa era su casa, de la que salió el 3 de agosto de 2020 para convertirse en un expatriado. Ahora ha renunciado también a esa demanda.