La Audiencia Nacional cambia su criterio ante la ofensiva rusa y reconoce la protección a una familia ucrania que pidió asilo

La ofensiva rusa lanzada este jueves en Ucrania ha marcado la suerte de una familia de ese país que buscaba refugio en España. La familia, formada por una pareja y sus dos hijos menores, llevaba desde 2020 pleiteando en la justicia contra la denegación de su solicitud de asilo, pero el estallido del conflicto ha coincidido justo con la revisión de su caso que se ha resuelto a su favor.

La Audiencia Nacional, que ha estudiado en los últimos años varios recursos como el de esta familia y siempre los ha rechazado, ha dictado este jueves una sentencia que cambia el criterio adoptado hasta ahora, tiene en cuenta el conflicto bélico que amenaza Ucrania y reconoce el riesgo que corren si vuelven a su país.

El fallo estima su recurso parcialmente porque no les reconoce como refugiados, la máxima protección que se ofrece a quien sufre persecución individual por motivos muy concretos como la raza o las creencias políticas. Sí los reconoce como merecedores de la protección subsidiaria. Este es un grado menor de protección que se otorga, en este caso concreto, cuando hay amenazas graves contra la vida de civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno. Si retornasen, argumenta la magistrada, “no estarán protegidos” pues “no se puede garantizar la protección en ninguna zona del país”.

La familia procedente de Kherson, ciudad fronteriza con Crimea, anexionada a Rusia en 2014, y cercana a los enclaves separatistas de Donetsk y Lugansk, reclamó su condición de refugiados en 2018 en Soria. La familia argumentó que residía en una zona donde el conflicto bélico estaba generalizado y que el marido se enfrentaba a la obligatoriedad del servicio militar. La comisión interministerial que resuelve las peticiones de asilo no les reconoció el estatuto de refugiado, ni la protección subsidiaria ni la residencia por razones humanitarias. La negativa se basó en que no había quedado establecida la existencia de una persecución, ni de una problemática susceptible de protección conforme a lo prevenido en la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados de 1951. Dos años después de su petición la familia quedaba en situación irregular.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional entiende en su argumentación que, en la fecha y en las circunstancias actuales, Ucrania no puede ofrecer garantías para su protección, al existir riesgo de que sufran daños graves. En esta sentencia, la magistrada mantiene que las circunstancias actuales son muy diferentes a las de entonces y que la doctrina del Tribunal Supremo sobre asilo exige que ha de ponderarse la evolución de las circunstancias en el país de origen desde la formalización de la petición hasta el momento en que el tribunal haya de pronunciarse. Así, la magistrada concluye: “A la fecha que se dicta la presente sentencia es notorio y suficientemente conocido que Ucrania se encuentra inmersa en un conflicto internacional [...] sin que la inestabilidad y volatilidad de la situación permita considerar la posibilidad de reubicación interna en condiciones de seguridad y razonabilidad”.

Desde 2011 hasta 2021, España ha recibido la petición de asilo de 16.126 ucranios, según datos oficiales de la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior. De ellas se han resuelto 13.501, pero solo 1.515 personas recibieron algún tipo de protección.