El Defensor del Pueblo pide el cierre “inmediato” de la nave de detención de inmigrantes de Lanzarote
Tras el caso del muelle de Arguineguín, se trata de la segunda vez que la institución insta a la Policía a que clausure instalaciones por no cumplir con “condiciones mínimas de habitabilidad e higiene”
El Defensor del Pueblo ha recomendado a la Dirección General de la Policía el “cierre inmediato” de la nave habilitada en Lanzarote para la detención de inmigrantes durante las primeras 72 horas posteriores a su llegada. La nave, en funcionamiento desde verano, no era el espacio adecuado para la retención de personas por la falta de baños y duchas, las condiciones higiénicas del espacio y, en varias ocasiones, el hacinamiento de hasta más de 500 personas. Hasta ahora eran los inmigrantes, el personal que acudía a las instalaciones y los propios policías los que denunciaban las carencias del lugar. Pero el diagnóstico se confirma tras la visita de técnicos del Defensor en noviembre, que han plasmado sus conclusiones en un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS: no se cumplen “las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad para garantizar la protección de la salud, higiene e intimidad de los detenidos”.
Tras el caso del muelle grancanario de Arguineguín, se trata de la segunda vez que la institución insta a la Policía a clausurar instalaciones por considerarlas inadecuadas.
La recomendación del defensor, Ángel Gabilondo, es que se ponga en funcionamiento “con carácter urgente” el Centro de Estancia Temporal para Extranjeros (CATE), que la policía instaló en la trasera de la comisaría de la localidad de Arrecife hace ya cuatro meses. La apertura de ese recinto, financiado con 2,1 millones de euros de fondos de emergencia europeos, ha estado bloqueada por el Ayuntamiento de la capital, que acusó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional de no seguir los trámites perceptivos. El terreno, además, según el Consistorio, va a inundarse cada vez que llueva. Finalmente, la batalla la ganó el Ejecutivo central el pasado 1 de febrero al incluir el CATE en una lista de bienes de interés general, lo que le permitirá sortear las exigencias urbanísticas del municipio para inaugurar el recinto. Pero el campamento policial, formado por módulos portátiles y tiendas, sigue cerrado a la espera de que se den de alta los suministros.
La isla de Lanzarote, junto a la de Fuerteventura, ha vivido un incremento exponencial de las llegadas hasta concentrar en 2021 más del 40% de los más de 22.000 desembarcos contabilizados en el archipiélago. A pesar del repunte, las instalaciones policiales se han mantenido precarias. Por esa nave de Lanzarote han pasado desde septiembre de 2021 a mediados de enero más de 3.600 personas; un 18,5% de ellos eran niños y mujeres. Según los datos que la Policía ofrece a la institución, permanecieron allí durante ese periodo retenidos 294 menores y 384 mujeres, a pesar de las recomendaciones del propio Defensor de que estos perfiles, que son los más vulnerables, deberían permanecer estas primeras 72 horas de detención en lugares más adecuados.
El escrito del Defensor contiene la respuesta que la Dirección General de la Policía dio a la institución cuándo le pidió explicaciones sobre la nave. La descripción aportada por las autoridades policiales contrasta con la realidad descrita en los diferentes testimonios recogidos por EL PAÍS durante meses.
En el documento, por ejemplo, se afirma que la asistencia de intérpretes, que ayudan a traducir a los abogados cuando estos explican las órdenes de devolución que se abren a los migrantes, siempre es presencial. Esto, según abogados y policías, no siempre es así. En varias ocasiones, según han contado a EL PAÍS dos agentes y una letrada, los policías acaban llamando al intérprete por teléfono y se conecta el sonido a un pequeño altavoz. Alrededor del aparato se aglomeraban hasta 20 personas que difícilmente oían lo que se les estaba comunicando. La policía también ensalza la asistencia letrada que se presta a los detenidos, cuando, según todos los testimonios recogidos por EL PAÍS, es raro que los abogados de oficio consigan reunirse con sus clientes de uno en uno, como sería recomendable para analizar cada caso de forma individual.
Según afirma la Policía al Defensor la nave no presenta filtraciones ni fugas de agua, deficiencias que han sido grabadas en un vídeo donde puede verse como chorreaba agua del techo cuando llovía y que son una queja constante de los agentes que allí trabajan. También se asegura que hay dos duchas en el interior, pero no son usadas por los inmigrantes porque se encuentran en el baño que usan los policías. Según defienden las autoridades, la nave “dispone de todos los servicios garantizando, la mejor higiene, asistencia sanitaria y alimentación posible, siempre en parámetros de una situación de privación de libertad de corta estancia”. A pesar de las afirmaciones de la Policía, los técnicos abogaron por el cierre del recinto, incluso habiéndolo visitado cuando estaba vacío.
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