La mancha de la corrupción salpica al PNV en el pueblo natal de Urkullu

La sombra de la corrupción planea sobre el Ayuntamiento de Alonsotegi, un municipio vizcaíno de 2.900 habitantes. El foco de las presuntas irregularidades está colocado sobre tres de los cinco alcaldes que ha tenido esta localidad, todos ellos del PNV. Uno de los regidores, José Luis Erezuma (ejerció de 2011 a 2015), ya ha admitido su culpa, junto a un arquitecto municipal y dos empresarios de la construcción, en un caso de fraude en el cobro de subvenciones públicas para abonar unas obras que no se ejecutaron. También van a tener que rendir cuentas ante la justicia sus dos predecesores, Aitor Santesteban (2007-2011) y Gabino Martínez de Arenaza (1999-2007), por unos hechos similares que han podido causar un quebranto económico a las arcas locales de 18 millones de euros, según la acusación formulada por EH Bildu.

Alonsotegi es la localidad natal del lehendakari Íñigo Urkullu, aunque el mandatario vasco está empadronado y reside desde hace varios años en Durango. Ha sido un feudo dominado por el PNV desde que se constituyó como municipio independiente y se segregó de Barakaldo en 1991. Pero el PNV está dando síntomas de debilidad y pérdida de confianza esta última década. En las últimas elecciones municipales de 2019 fue superado en votos por EH Bildu, aunque consiguió retener la alcaldía gracias al apoyo del único concejal del PSE-EE. La izquierda abertzale, ausente en el Ayuntamiento entre 2003 y 2011 tras declararse ilegal su candidatura, ha sido precisamente la que puso en conocimiento de los tribunales “la deplorable y delictual gestión llevada a cabo por los diferentes regidores [del PNV] que ocasionaron una quiebra técnica de la entidad municipal”, expone en su escrito de acusación.

Acuerdo con la Fiscalía

La primera batalla judicial emprendida por EH Bildu contra los alcaldes del PNV se ha resuelto a su favor. Erezuma ha tenido que admitir las irregularidades urbanísticas y el desvío de fondos cometidos durante su etapa en connivencia con el arquitecto Alberto Zulueta y los empresarios Eduardo Ibarra y Francisco Javier Bediaga. Iban a ser juzgados por los delitos de prevaricación, dos de falsedad documental, fraude en las subvenciones y malversación. Pero un día antes de celebrarse el juicio alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones por el que aceptan una condena de dos años de cárcel, que no deberán cumplir al no contar con antecedentes penales, y se comprometen a devolver de manera solidaria los 681.400 euros defraudados y otros 200.000 euros de los intereses.

El informe del fiscal concluye que los acusados urdieron en 2011 una trama para obtener fondos públicos destinados a saldar una deuda de 600.000 euros que el Ayuntamiento había contraído con una constructora por las obras del centro de salud en 2008. Falsearon la existencia de unos desperfectos ocasionados por las fuertes lluvias caídas en noviembre de 2011 en este municipio y aparentaron la ejecución de una serie de trabajos de reparación. Para costear los pagos por estos arreglos “fantasma”, el Consistorio obtuvo una subvención de la Diputación de Bizkaia de 600.000 euros y aportó otros 81.000 euros de sus arcas. Esas cantidades fueron destinadas a pagar los servicios del arquitecto y a Laneder Construcciones. El exalcalde Erezuma admitió durante la instrucción que aquellas obras no se realizaron, aunque no ocasionaron perjuicio económico al Ayuntamiento.

La investigación judicial señala que “los acusados elaboraron informes, proyectos, certificaciones y liquidaciones de obra y facturas sin contenido económico real y este a su vez las presentó en la Diputación de Bizkaia”. Asier Intxausti, el concejal de EH Bildu que impulsó la denuncia, apunta que “uno de los empresarios reconoció que esta fue la fórmula que idearon para cobrar la deuda” y que “lo hicieron presentando facturas por duplicado y en obras que se ejecutaron en solo 10 días”. El edil se pregunta “dónde estaban los mecanismos de control de la Diputación de Bizkaia para conceder esas subvenciones”. En aquellos años, el Departamento foral de Presidencia que otorgó las ayudas estaba dirigido por el actual alcalde de Bilbao, Juan María Aburto (PNV).

Aún quedan pendientes de resolver otros dos procedimientos similares. Uno de estos está cortado con el mismo patrón, afecta al exalcalde Aitor Santesteban y repite como investigado el arquitecto Zulueta. En 2008 también se abonaron obras falsas con las ayudas públicas recibidas de la Diputación de Bizkaia (1,7 millones) y del Gobierno central (230.000 euros), que tuvieron como beneficiarias a las compañías Laneder y Pabisa. Y el tercer frente judicial va dirigido contra el exregidor Gabino Martínez de Arenaza, que tras su etapa municipal fue nombrado director de Turismo de la Diputación vizcaína, y contra su sucesor en la alcaldía, Santisteban, por tráfico de influencias, malversación y fraude a la Administración. En este caso, que será juzgado por un tribunal del jurado, también está procesado el arquitecto Zulueta por emitir varias facturas sin soporte contractual. EH Bildu sostiene que los acusados incurrieron en “gastos sin justificar” en la sociedad mercantil Alonsotegi Eraikiz, dependiente del Ayuntamiento, que “ocasionaron un agujero económico de 15 millones, según una auditoría externa”, asegura Intxausti.

Las presuntas irregularidades que se investigan en Alonsotegi interpelan a un PNV que ha calificado estos hechos como “una mala práctica”, según su presidente, Andoni Ortuzar. En unas declaraciones recientes, el máximo dirigente de este partido negó que haya existido “corrupción”, porque “no ha habido enriquecimiento ilícito por parte de nadie”. EH Bildu, en cambio, considera que el PNV “no ha hecho nada por clarificar las actuaciones irregulares de sus tres alcaldes”. Ortuzar aseguró sentir “pena” por los hechos reconocidos por uno de sus regidores. En diciembre de 2019, Urkullu fue más allá y pidió “disculpas” cuando se conoció la sentencia condenatoria del conocido como caso De Miguel, el mayor proceso por corrupción juzgado en Euskadi y resuelto con penas de prisión para tres exdirigentes alaveses del PNV, Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Telleria.