Podemos contraataca en el ‘caso Neurona’ con dos informes periciales

Podemos contraataca en el caso Neurona. La formación, liderada por Ione Belarra, ha presentado dos nuevos informes periciales para intentar acreditar los trabajos contratados con la consultora mexicana Neurona, que el juez Juan José Escalonilla mantiene bajo sospecha. El partido ha impulsado esta iniciativa después de que el magistrado prorrogase la investigación que mantiene imputada a la fuerza política, pese al criterio de la Fiscalía, que pidió dar por acabada la instrucción tras considerar probado que la compañía prestó los servicios para los que se le pagó.

Este movimiento de Podemos pone en el punto de mira una de las últimas decisiones del juez, que ha encargado un informe pericial independiente para saber si el dinero que se pagó por los trabajos se corresponde con su precio real de mercado. Pero el problema reside, según insiste el partido en un recurso enviado a la Audiencia Provincial de Madrid, en que dicha valoración estará coja, ya que no incluye todas las labores ejecutadas por la consultora. “El objeto del contrato es mucho más amplio que lo que se pretende peritar”, argumenta la fuerza política en un escrito presentado este lunes, al que tuvo acceso EL PAÍS.

En un primer momento, Escalonilla sospechaba que la formación contrató a la empresa mexicana para las elecciones generales de abril de 2019 y le pagó más de 360.000 euros por unos proyectos que nunca llegó a realizar. Sin embargo, esa tesis viró a finales de 2021, cuando el propio magistrado dio por acreditada una parte de los encargos. Ante tal coyuntura, el instructor encargó entonces un informe pericial —que aún no se ha recibido— para valorar solo los trabajos que ha considerado probados (48 diseños gráficos, 48 vídeos y la cobertura de siete actos de campaña); y comparar el resultado con el precio abonado.

La Fiscalía, aunque ha apoyado la confección de este peritaje para agotar la investigación, cree que su resultado tendrá escasa importancia. “Entendemos que la formación política puede contratar con los proveedores que considere oportuno y es posible que no pueda determinarse con fiabilidad el coste”, expuso el ministerio público en un escrito del pasado 3 de enero, donde también desinflaba aún más este macrosumario bautizado como caso Neurona, que ha llegado a acumular hasta siete líneas de investigación —seis de las cuales ya se han archivado—.

Un informe más amplio

En el recurso presentado este lunes, Podemos ha pedido a la Audiencia que anule la decisión de Escalonilla de encargar dicha pericial “al haberse acreditado la efectiva ejecución de los servicios de campaña electoral por Neurona, dando por culminada la presente instrucción”. Sin embargo, por si el tribunal no acepta sus pretensiones, ha solicitado que se amplíe el informe a “todos los servicios contratados, no limitándose únicamente al exiguo material descrito” por el juez: “El magistrado considera que la única participación que tuvieron los más de 20 integrantes de Neurona, durante los dos meses en los que tuvo lugar la precampaña y campaña, fue la elaboración de 48 vídeos, 48 diseños y acudir a siete actos. Esta conclusión choca frontalmente con la realidad”, reprocha la fuerza política.

El partido aporta, además, dos nuevos informes periciales de parte para tratar de acreditar que los trabajos ejecutados por la consultora fueron más que los enumerados por el magistrado. Estos documentos, a los que tuvo acceso este periódico, incluyen un análisis de los metadatos de 1.400 archivos electrónicos facilitados por Podemos a la causa sobre el material elaborado presuntamente por Neurona; y un estudio de las conversaciones de Telegram que mantuvieron cinco representantes del área de audiovisuales de la empresa mexicana con un empleado de la formación.

“Muchos de los trabajos de Neurona no eran ‘departamentos estancos’, sino que se integraron en el equipo de campaña [de Podemos] para desarrollar dichos servicios. Es decir, su interlocución con Podemos no era simplemente el envío, sino que en varias áreas se participaba de forma colaborativa (por ejemplo, en el área de diseño) y coordinada junto con el resto de los miembros de la campaña”, insiste la formación en su recurso, donde subraya que el magistrado tampoco tiene en cuenta “todos los servicios ‘no físicos’: reuniones, conversaciones, asesorías o consultoría”. Por ello, según concluye la defensa, el precio pagado a la consultora “no es en absoluto anómalo ni irrazonable, si nos atenemos tanto a los pactados por el mismo partido por servicios similares como a los que contrataron otros partidos políticos”.