Álvarez de Toledo ignora la sanción del PP y se rebela contra el “secretismo y la incoherencia” de su partido

La diputada y exportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha respondido con una evidente muestra de rebeldía y desacuerdo al aviso enviado por escrito por el secretario general de su partido en el Congreso, , Guillermo Mariscal, en el que se le anunciaba la apertura de un expediente sancionador por votar en blanco y no seguir las directrices de la formación en el reciente acuerdo entre los populares y el PSOE para nombrar a cuatro magistrados para el Tribunal Constitucional. La respuesta de Álvarez de Toledo ocupa siete folios y concluye con un lacónico: “Daré su amable carta por no recibida”. La parlamentaria argumenta en su defensa que la sanción que se le pretende imponer, que podría llegar a 600 euros, se basa en unos estatutos internos secretos y alega unas razones que entran en “incoherencia” ideológica con lo prometido por el PP y su presidente, Pablo Casado, en su programa electoral.

La diputada defiende así, entre otras argumentaciones, que su voto en blanco fue “un voto contra el debilitamiento institucional de España. Y un voto contra el debilitamiento político del Partido Popular”. Y añade: “No fue, por tanto, mi voto en blanco el que contradijo la línea política del partido. Lo que contradijo la línea política del partido fue el voto a favor”. La dirección del grupo parlamentario popular no ha querido hacer declaraciones sobre esa contestación, ahora estudiará lo que asume como las alegaciones de Álvarez de Toledo y resolverá el expediente.

Álvarez de Toledo sí aprovecha su réplica a la carta en la que el grupo parlamentario del PP le comunicó el pasado 30 de noviembre el inicio de un expediente sancionador para rebatir que ella sea merecedora de una sanción grave, como se le avanza. Y pide directamente que se rectifique esa decisión. Según su criterio, la decisión “vulnera los procedimientos legales, incumple los estatutos del grupo [parlamentario], socava la autonomía del diputado, frustra la regeneración democrática e impugna el ideario del Partido Popular”.

La diputada estructura su respuesta en cuatro consideraciones para desmontar los argumentos utilizados por la dirección del partido. El primer aspecto, señala, es la falta de “transparencia y publicidad de las normas” sobre las que se basa jurídicamente la incoación de su expediente y que deberían ser los estatutos del grupo parlamentario. Álvarez de Toledo sostiene que, en función del “Derecho y del sentido común”, “no se puede imponer una sanción en razón de una norma secreta”. Y añade una denuncia que ya formuló en su día cuando tuvo uno de los primeros enfrentamientos internos y públicos con su secretario general del PP, Teodoro García Egea, por el nombramiento y sustitución de un miembro de su equipo cuando ella era la responsable del grupo parlamentario.

“Los Estatutos del Grupo Popular están velados por el secretismo. No son de libre acceso. Ni para los ciudadanos. Ni para los medios de comunicación. Ni siquiera para los propios diputados. No figuran en ninguna web ni son de consulta abierta. Tampoco se entregan de forma automática a los diputados, ni al inicio de la legislatura ni cuando se procede a su revisión”, remacha Álvarez de Toledo. Y recuerda también que la modificación más reciente de esos estatutos se produjo en febrero de 2021 con una orientación que no se precisó en ninguna reunión de grupo, formal o informal.

La diputada popular revela que ahora, para contrarrestar este intento de sanción y disponer de esos nuevos estatutos, los ha tenido que solicitar con una petición expresa a la dirección de su grupo. Fue lo que hizo el pasado 1 de diciembre, tras recoger la carta con el anuncio del expediente sancionador, e incluso ahí denunció ya su “inaceptable condición” de secretismo. Álvarez de Toledo describe en su carta: “Unas horas más tarde, ya en mi escaño, se me acercó un ujier y me entregó un sobre cerrado con la copia de un documento que deduzco que son los estatutos auténticos y vigentes”.

Por esa razón del secreto, la diputada concluye que el procedimiento iniciado por la dirección de su grupo parlamentario no se ajusta a los estatutos y “anula de raíz cualquier acción sancionadora” y convierte el procedimiento en nulo, por vulnerar el compromiso de “transparencia y regeneración asumido por el Partido Popular en reiteradas ocasiones y de forma vibrante en el programa electoral de abril de 2019″.

La segunda reflexión que Álvarez de Toledo plantea en su respuesta intenta desmontar la razón que se esgrime para imponerle una falta grave por votar al margen de la dirección del grupo “teniendo en cuenta la importancia de la votación”. La diputada esgrime, sin embargo, que si el partido consideraba tan relevante la votación de los candidatos para el Constitucional debería haber convocado antes una reunión plenaria para que fuera el propio grupo quien fijase posición como exigen, expresamente, los referidos estatutos: “Artículo 13.1.c): Corresponde al Pleno del Grupo Parlamentario, a propuesta del Consejo de dirección, y en las cuestiones que este aprecie como de especial importancia, fijar la posición y actitud a adoptar por el Grupo en el Pleno de la Cámara”.

Cayetana Álvarez de Toledo corrobora que el plenario del Grupo Popular “no solo no fijó la posición o actitud en relación con la renovación de los órganos constitucionales —en el mejor de los casos, la fijó el consejo de dirección; en el más probable, un ente todavía más restringido—, sino que ni siquiera se convocó la preceptiva reunión de grupo”.

El tercer planteamiento para rebelarse contra su sanción se refiere a lo que denomina “la dignidad de los diputados y la imprescindible revitalización del Parlamento”. La diputada del PP rebate la idea transmitida por la dirección de su partido sobre que todos sus parlamentarios están sujetos “a un mandato imperativo” y que la dirección del Grupo parlamentario “es la propietaria exclusiva” de su voto, “en cualquier circunstancia, incluidas las votaciones secretas” como la de aquel día. Álvarez de Toledo alude ahí a que la Constitución prohíbe expresamente el mandato imperativo (“Artículo 67.2: los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”) y otorga a los parlamentarios la propiedad de su voto (“Artículo 79.3: el voto de senadores y diputados es personal e indelegable”). También establece que el funcionamiento de los partidos ha de ser democrático: “Artículo 6: la estructura interna y funcionamiento [de los partidos políticos] deberán ser democráticos”.

“Cuando sólo queda la disciplina, la deliberación se evapora. Cuando la autonomía, iniciativa y personalidad del parlamentario se castigan, la dependencia, la sumisión y la mediocridad proliferan. Con un agravante: si la cúpula lo decide todo y lo dicta todo, si las posiciones de la dirección son las únicas no ya pertinentes, sino conocidas, el diputado deja de tener cualquier responsabilidad. Se convierte, a ojos de muchos ciudadanos, en perfectamente prescindible: involuntario protagonista de una triste variante del colectivismo”, expone la diputada. Y recuerda que, para revertir en parte esa involución y dar más responsabilidad a los diputados, el PP contempló a partir de 2017 la libertad de voto para asuntos de conciencia.

La misiva de Álvarez de Toledo recoge la referencia del expediente sancionador al artículo 30.2 c) de los vigentes estatutos sobre que es una falta grave “no respetar la línea política marcada por la dirección del Grupo en las votaciones en pleno, comisión o ponencia”. Y la diputada añade que en el apartado 3 de esos mismos estatutos se precisa que “todos los diputados, miembros del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se comprometen a defender los principios y líneas básicas del programa electoral con el que conjuntamente concurrieran a las elecciones”. Y a continuación refiere los puntos del programa electoral del PP, declaraciones de Pablo Casado y hasta de García Egea sobre la importancia de promover la independencia del Poder Judicial.