De la España “plurinacional” a la España “multinivel”: el PSOE matiza su ideario en su paso de la oposición al Gobierno

El contexto político en el que el PSOE aprobará las líneas maestras de su proyecto para los próximos cuatro años en el 40º Congreso de Valencia no podría ser más diferente al de la anterior gran cita de los socialistas. En junio de 2017 el PSOE no gobernaba y acababa de librar una guerra interna, que se venía larvando meses antes de la dimisión de Pedro Sánchez en el comité federal del 1 de octubre de 2016, en la que se jugó la existencia. En el 39º Congreso apenas había transcurrido un mes desde la reelección por la militancia del actual presidente del Gobierno como secretario general con más de la mitad de los votos frente a Susana Díaz, la candidata del establishment socialista. Sánchez se consagró entre la militancia con un discurso muy escorado a la izquierda, por los guiños a las bases pero también por la amenaza que Unidas Podemos había supuesto un año antes en las elecciones generales. El PSOE evitó el sorpasso pero tenía que consolidar su posición como la fuerza hegemónica progresista. El lema del 39º Congreso, Somos la izquierda, resumía los avatares superados. Cuatro años después, el santo y seña del Congreso de Valencia será Avanzamos. El PSOE se reivindicará de esta forma como la izquierda de gobierno, más socialdemócrata que revolucionaria. Las líneas maestras de la ponencia marco son, a la espera de las enmiendas que se puedan incluir, las de un PSOE al timón de La Moncloa, más moderado y marcado por los límites de la realpolitik. En definitiva, muy atento al ciclo electoral de 2023 que decidirá la próxima legislatura.

De la España “plurinacional” a la España “multinivel”. El PSOE sigue defendiendo un modelo de Estado federal como la mejor solución al gran conflicto territorial de Cataluña y para responder a la “pluralidad y diversidad” de las comunidades autónomas. Pero ya no propone como en 2017 “una reforma constitucional federal, que mantenga la unidad del Estado, perfeccionando el carácter plurinacional del mismo”, en el que la soberanía seguía residiendo en el conjunto del pueblo español como establece la Ley Fundamental.

El PSOE ya eludió en su programa para las elecciones generales de noviembre de 2019 el concepto de la plurinacionalidad que Sánchez defendió con tanto ahínco en la campaña de primarias que le devolvió a Ferraz en 2017. Es más, los responsables de la ponencia marco hasta su regreso —el PSOE estuvo dirigido por una gestora en los siete meses de interinidad entre la renuncia de Sánchez y su victoria— no la incluyeron. La comisión política del 39.º Congreso la aprobó y así fue como se incluyó en las resoluciones.

Ahora, frente a la “amenaza del neocentralismo de quienes desprecian los logros evidentes” del Estado autonómico, la redacción de la ponencia del PSOE defiende la “España multinivel moderna” que ofrece “cauces democráticos de diálogo y pacto en el marco de la ley para dar salidas a situaciones como la de Cataluña, en clave de mayor profundización del Estado de las autonomías”. El fortalecimiento del proyecto de España se sustentaría “en la promoción de los idiomas cooficiales, la sensibilidad hacia sentimientos de pertenencia diversos, el fomento del diálogo interterritorial o la cooperación leal entre Administraciones”. La gestión de la crisis sanitaria, económica y social del coronavirus ha afianzado, según los socialistas, una “cultura federal” que consideran “una oportunidad para perfeccionar los mecanismos de cogobernanza y el compromiso común en un destino compartido”.

“Profundizar en la transparencia y rendición de cuentas de la Casa Real”. El debate sobre el modelo de Estado es una tradición en los congresos del PSOE. En 2017 fue el mayor quebradero de cabeza para Ferraz. El equipo de Sánchez se tuvo que fajar a fondo para evitar que el pleno del 39º Congreso debatiese una enmienda que pedía la implantación de la República. La enmienda, presentada por las Juventudes Socialistas en una de las comisiones para la ponencia política, salió adelante con 98 votos a favor y 69 en contra. La futura dirección de Sánchez presionó para retirar la enmienda, que instaba a celebrar un referéndum para elegir el modelo de Estado. Tras dos horas de negociaciones logró que se redactase de nuevo, sin la bomba política que suponía abrirse a un referéndum. “El PSOE tiene su propia concepción sobre el modelo de Estado y la forma de gobierno hacia la que pretendemos avanzar fortaleciendo los valores republicanos y promoviendo un modelo federal”, se recogió las resoluciones. En la ponencia al 40.º Congreso se reivindican “en lugar destacado los valores republicanos de la igualdad y la fraternidad” así como “la memoria del exilio republicano”.

La polémica alrededor del rey emérito por el presunto cobro de comisiones en las obras del AVE a La Meca antes de su abdicación en 2014 y las dos regularizaciones fiscales que ha realizado tras las investigaciones abiertas por la Fiscalía Anticorrupción y la del Tribunal Supremo podrían agitar los debates de enmiendas y devolver al PSOE a la tesitura de 2017. Ferraz confía en sortear una situación que sería muy incómoda para La Moncloa. “Las demandas de regeneración y ejemplaridad interpelan a todos los niveles de gobierno e instituciones del Estado. Apostamos por profundizar en la transparencia y rendición de cuentas de todas las instituciones del Estado, incluida la Casa Real, algo que además coincide con la voluntad manifestada por la Jefatura del Estado”, ya recoge en la ponencia.

Revisión de los Acuerdos con el Vaticano con “diálogo” y “consenso”. La relación con la Iglesia se abordará de forma muchísimo más pausada que en 2017, aunque la idea en esencia sea la misma. La ponencia para el 40º Congreso plantea “revisar” y “actualizar” los acuerdos con la Santa Sede: “Son de hace más de 40 años, algunos previos a la Constitución”. Esta revisión se realizaría “en diálogo” con la Iglesia, “buscando el consenso e impulsando desde el Gobierno unos nuevos acuerdos con el Vaticano propios de nuestro tiempo, en el marco de los valores y principios de la democracia constitucional y desde el respeto mutuo y adecuada distinción entre el Estado y la Iglesia, beneficiosa para ambos”.

La ponencia marco de 2017 recogía frugalmente el compromiso del PSOE “de denunciar los Acuerdos de España con la Santa Sede”. El bando vencedor de las primarias fue muchísimo más contundente en las resoluciones del 39º Congreso: “La condición laica del Estado requiere la derogación de normas y acuerdos constitutivos de privilegios heredados del pasado. Por ello es preciso proceder a la denuncia de los cuatro Acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede en 1979, que dieron continuidad al Concordato establecido en 1953 entre el régimen franquista y la Santa Sede”.

Contra la competencia fiscal entre autonomías. La armonización fiscal entre las comunidades autónomas no es un planteamiento nuevo, aunque algunas enmiendas presentadas piden que se redacte en la ponencia del 40º Congreso con mayor detalle. El proyecto político de 2017 ya concluía que era “necesario establecer un mínimo de tributación homogéneo” en los impuestos de patrimonio —Madrid es la única donde no se paga— y el de sucesiones y donaciones “en todo el territorio español, mediante un proceso de armonización que asegure una contribución mínima al sostenimiento de los servicios públicos”. “La competencia fiscal a la baja solo produce, como ocurre con el Impuesto sobre Sociedades a nivel europeo, beneficios para los titulares de grandes patrimonios y los receptores de grandes herencias y donaciones”, se advertía. La ponencia del 40º Congreso Federal no entra tanto al detalle, en parte porque el Gobierno, aunque es partidario de una reforma fiscal, está a la espera del informe que encargó para primeros de 2022. “Los socialistas debemos reconsiderar la tributación sobre la riqueza acometiendo un proceso de armonización. Esto debe abordarse conjuntamente con la revisión del tratamiento de las rentas del capital en el impuesto sobre la renta para asegura la adecuada tributación de los contribuyentes con mayores rentas y grandes patrimonios, sin aumentar la carga de las clases medias y mejorar la justicia fiscal”, dice la ponencia. En otro dardo implícito a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en “no auspiciar posiciones contraprogresistas que apuntan siempre en la dirección de fomentar la competencia fiscal y la reducción de a la baja de los estándares tributarios”.

Sí aparece más concreto el compromiso, incluido en los Presupuestos, “para fijar un tipo efectivo mínimo en el impuesto sobre Sociedades. En 2017 se hablaba de “la armonización de la base consolidada común” de este tributo en el conjunto de la UE. Los socialistas también urgían en 2017 a establecer “un marco europeo vinculante de salarios mínimos que se acerque al 60% del salario medio en cada Estado miembro”. Ese es el objetivo del Gobierno para esta legislatura tras incrementarlo en septiembre hasta los 965 euros. En total, ha subido 229 euros desde 2019, un 31%.

Derogación de la reforma laboral, pero por capítulos. Las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos demuestran lo peliagudo que le está resultando al PSOE desactivar la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. Al menos desde que está en el Ejecutivo. “La prioridad a corto plazo no puede ser otra que derogarla y recuperar el nivel de peso de salarios previo a la crisis. A propuesta del PSOE ya se ha iniciado el proceso de derogación en el Congreso”, se remarcaba en las resoluciones del 39º Congreso Federal. En la ponencia del Congreso de Valencia el PSOE es más selectivo. Así, propone “preservar la fuerza vinculante de los convenios, garantizar una alta tasa de cobertura de estos, y recuperar la asignación de responsabilidades entre los distintos niveles de negociación previa a la reforma de 2012″ para de este modo “acabar con el poder unilateral que la reforma del PP entregó a la empresa en la fijación, por ejemplo, de los salarios”. “Complementariamente, en situaciones de crisis o restructuraciones, la reforma laboral impulsada por el PSOE debe potenciar la prioridad de los procedimientos de flexibilidad negociada, como los ERTE o la reducción de la jornada laboral, frente a los de flexibilidad externa, convirtiendo los despidos realmente en la última opción”, es otro ejemplo de lo que sería una derogación, por bloques, de los aspectos más lesivos de la reforma laboral.

De la paz de 2017 a la batalla léxica entre feministas. Los temas de igualdad y feminismo serán, junto a la Corona, los asuntos más sensibles del 40º Congreso. La corriente de feministas crítica con la redacción de la ponencia, esto es con Ferraz, ha presentado enmiendas para “corregir la utilización sinonímica que se hace de género y sexo”. En la misma línea, se solicita cambiar el concepto “trans” por el de “personas transexuales”.

A diferencia de lo que sucede ahora, los sectores feministas no llegaron divididos al 39º Congreso Federal. El PSOE se posicionó sin titubeos en contra de la gestación subrogada. Los colectivos feministas coincidieron con la postura oficial frente a los sectores de Juventudes Socialistas y LGTBI, que proponían su regulación o al menos abrir un debate. Perdieron el pulso con contundencia (175 votos frente a 31). “Los vientres de alquiler suponen una mercantilización de las mujeres. El PSOE no puede abrazar ninguna práctica que pretenda socavar los derechos de mujeres ni de niñas ni apuntalar la feminización de la pobreza”, se zanjó en la ponencia. Lo mismo ocurre, con un léxico más sobrio: “Desde la lógica emancipadora del socialismo feminista, nos posicionamos en contra de la llamada gestación por sustitución, alquiler de vientres, vientres de alquiler o cuerpos alquilados”.

La promesa incumplida de los CIES y las devoluciones en caliente. Las resoluciones del 39º Congreso incluyeron dos compromisos incumplidos por el actual Gobierno. El primero, “abordar el cierre de los Centro de Internamiento de extranjeros (CIES) en el marco de una política común europea de la gestión de flujos migratorios, siendo reemplazados por otras herramientas y procedimientos que aseguren un retorno digno con cumplimiento estricto de los derechos humanos”. Los socialistas apostaban también “por el fin de las devoluciones en caliente”. A falta del debate de las enmiendas, y con la crisis migratoria en Ceuta en el recuerdo, la ponencia que se llevará al Congreso de Valencia no hace ninguna alusión a ambas cuestiones.

El PSOE proponía en 2017 un plan de inmigración para la UE “claro que establezca anualmente el número de personas que se pueden acoger”, al tiempo que instaba a “asegurar la igualdad de oportunidades a todos aquellos que vienen a trabajar y contribuir al bienestar común”. Los socialistas insisten en su última ponencia en que la UE “debe llevar a cabo una política migratoria que promueva la migración regular, ordenada y segura”. Y le pide a Bruselas que selle una alianza estratégica con los países de origen y tránsito de la migración irregular que incluya convenios de cooperación migratoria. Las resoluciones de hace cuatro años instaban a la cooperación con los países de origen, fomentando su desarrollo económico y social, junto al control de las fronteras. “Los derechos recogidos en las convenciones internacionales para la protección de refugiados y peticionarios de asilo deben ser exigidos y cumplidos en todo caso y lugar”, rezaba el texto de la ponencia.

El proyecto del PSOE para los próximos cuatro años se pone como objetivo “hacer efectiva la conexión con la demanda de empleo en el mercado” para establecer un flujo regulado de migrantes. “Debemos ser capaces de innovar en la selección y en la incorporación de los nuevos trabajadores a nuestro país. Por un lado, potenciando una contratación en origen de acuerdo con las necesidades laborales, que sea rápida en el tiempo y ágil en los procedimientos. Por otro, extendiendo nuevas fórmulas como los visados temporales de búsqueda de empleo que faciliten la llegada y estancia en España de aquellas personas con los perfiles adecuados a las ocupaciones más demandadas, hasta que se establezca la relación laboral”, se plantea.