El Gobierno reduce los litigios con las comunidades autónomas por la gestión de competencias

El Gobierno y las comunidades autónomas han dejado de resolver de una manera drástica sus diferencias en los tribunales durante el mandato de Pedro Sánchez. Frente a los 145 recursos que el Ejecutivo de Mariano Rajoy llevó al Tribunal Constitucional, el Gobierno de Sánchez se ha limitado a 25 impugnaciones ante el máximo tribunal, según el recuento del Ministerio de Política Territorial. La ministra Isabel Rodríguez lo atribuye a “la apuesta por el diálogo y la voluntad política de llegar a acuerdos entre las autonomías y el Estado como piedra angular”, según resaltó esta semana en el Congreso.

El Ejecutivo no es que haya renunciado a litigar cuando ha considerado que los territorios se extralimitaban en sus competencias, pero lo hace de una manera mucho más espaciada que en la etapa de Rajoy. Y después de explorar una solución en las comisiones bilaterales. Un ejemplo: el Consejo de Ministros acordó el 15 de junio interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 11/2020 del Parlament de Cataluña, que regula las rentas derivadas del arrendamiento de vivienda, al concluir que vulneraba la competencia estatal exclusiva sobre legislación civil y la Ley de Arrendamientos Urbanos. La decisión, avalada por el Consejo de Estado, se produjo tras no lograrse un acuerdo con la Generalitat.

Por el contrario, el Gobierno retiró el recurso que presentó en marzo al Constitucional contra una ley de Galicia que abría la puerta a sancionar a quienes se negasen a vacunarse injustificadamente contra la covid y posibles virus futuros. El Gobierno intervino al considerar que la Xunta de Alberto Núñez Feijóo excedía las competencias autonómicas y tenía elementos inconstitucionales al limitar derechos fundamentales. Al final hubo acuerdo y quedó claro el carácter “voluntario” de inmunizarse.

En la legislatura actual se han iniciado 102 procedimientos: 94 planteados por el Estado y 8 por las comunidades autónomas. En más de la mitad (62) se ha alcanzado un acuerdo total o parcial, en 5 se presentó un recurso y en 4 no hubo ni acuerdo ni recurso. Los 31 procedimientos restantes están aún pendientes. “Queremos que los litigios se utilicen como último recurso, una vez agotadas todas las vías de negociación. Las discrepancias que mantenemos tienen más trascendencia, pero en términos generales la cooperación bilateral funciona”, valora Rodríguez. Una prueba: el Gobierno ha evitado recurrir al Tribunal Constitucional una ley autonómica modificando una ley estatal por primera vez en la historia. El pacto, inédito, se alcanzó con Andalucía, después de que el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno impulsase una normativa de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial para las edificaciones irregulares.

La reactivación de los órganos multilaterales y de las relaciones bilaterales también ha contribuido a engrasar las relaciones, como reconocen en privado en algunas comunidades del PP. El Gobierno se ha reunido desde junio de 2018 en encuentros bilaterales con Aragón, Castilla y León —llevaban sin hacerlo nueve años—, Cataluña y la Comunidad Valenciana. La próxima bilateral prevista será con La Rioja. El contexto político también facilita la interlocución: el PSOE preside nueve autonomías —Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Navarra— y cogobierna en otras dos. Pero hay cuestiones en las que las comunidades no saben del color político. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recurrido los últimos trasvases autorizados en marzo y abril del Tajo al Segura. El barón socialista está muy satisfecho con el recorte del trasvase que el Gobierno ha realizado, pero esta seguirá siendo para él una línea roja hasta que se vean los resultados.