El Gobierno retirará el recurso a la ley de Galicia que permitía la vacunación obligatoria

El Gobierno retirará el recurso a la ley de Galicia que permitía imponer la vacunación obligatoria tras alcanzar un acuerdo con la comunidad para que se deje claro el carácter “voluntario” de inmunizarse, según ha anunciado la Xunta. En su planteamiento inicial, esta norma contemplaba entre otras medidas la posibilidad de sancionar a las personas que rechazaran vacunarse contra la covid-19. El Ejecutivo de Pedro Sánchez recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional el pasado mes de marzo. Ahora, a cambio de retirar el recurso, Galicia incluirá una disposición adicional que señalará explícitamente que ponerse una vacuna no es obligatorio en ninguna circunstancia.

La Administración gallega asegura que desde “el primer momento” manifestó su voluntad de negociar la redacción del texto e insiste en su “disconformidad” con que el Gobierno central decidiera recurrir la ley “sin abrir antes un diálogo” con las autoridades autonómicas.

La ley de salud gallega fue impugnada por el Gobierno el pasado 30 de marzo, mediante un recurso de inconstitucionalidad que le permite solicitar la suspensión de los preceptos que estime contrarios a la Constitución. El 20 de abril, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso y suspendió la ley temporalmente. En este caso, el recurso se centró en varios preceptos y entendía que la Xunta de Galicia ha legislado sobre materias que son de competencia estatal. Para formular la impugnación, el Ejecutivo contó con un dictamen favorable del Consejo de Estado.

Uno de los artículos más polémicos de la ley impugnada establece que será sancionable, con una multa que puede llegar a los 3.000 euros, “la negativa injustificada al sometimiento a medidas de prevención consistentes en la vacunación o inmunización prescritas por las autoridades sanitarias, de acuerdo con lo establecido en esta ley”. La nueva legislación gallega, por tanto, abría la puerta a la vacunación obligatoria y determinaba sanciones para el incumplimiento de medidas sanitarias.

A criterio del Ejecutivo de Sánchez, la norma excedía las competencias autonómicas y tenía elementos inconstitucionales. En abril hubo un primer intento para aproximar posturas entre la Xunta y La Moncloa, pero fracasó. Sin embargo, ambos gobiernos acordaron convocar una comisión bilateral de cooperación para clarificar sus diferencias, que ahora ha culminado con la eliminación del artículo sobre la vacunación obligatoria y la retirada del recurso.