La España que arde

Las cerca de 10.000 hectáreas que ardían hace una semana en la Sierra Bermeja de Málaga han contribuido a ennegrecer este año. Un muerto (un experimentado bombero del Infoca), 60 heridos (24 de los dispositivos de extinción), 7.244 incendios forestales registrados, y 75.548 hectáreas quemadas hasta el pasado 5 de septiembre (un 6% superior a la media de la última década), según los últimos datos de la Dirección General de Protección Civil. Es un mal balance: “2021 presenta los peores datos de los últimos cinco años en términos generales, en incidencias de protección civil”, advierte su informe. Aunque matiza: “Sin embargo, del total, 19 han sido grandes incendios (cuando afectan a más de 500 hectáreas) y sólo ha sido necesario activar a la UME (Unidad Militar de Emergencias) en 14 de ellos, por debajo de la media de los últimos cinco años”. “Además, el 66% (4.791) fueron conatos que se extinguieron antes de quemar una hectárea y 2.453 han sido mayores de una hectárea”, señala Leonardo Marcos, director general de la institución que coordina la emergencia y que depende del Ministerio del Interior.

Son datos que hablan de cómo arde España y que contrastan con otros: 1.302 incendios esclarecidos por la Guardia Civil (hasta este mes de agosto) y un total de 222 detenidos e investigados por los miembros del Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza del instituto armado que cuenta con un total de 2.000 agentes, con una vocación a prueba de llamas.

En lo que va de año han “autopsiado” 2.500 montes quemados, como el de la sierra malagueña, en busca de pruebas que les conduzcan a determinar la causa del incendio y su autoría, del mismo modo que hacen los técnicos ambientales de la decena de Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestarles (BRIF) con las que cuenta el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), responsable de la política forestal. “Son investigaciones arduas y lentas, suelen llevar meses, no hay que olvidar que el fuego lo arrasa todo, investigamos cenizas”, señala la sargento Ana Prieto, de la Jefatura del Seprona.

Los atestados policiales contienen “declaraciones de testigos y vecinos, grabaciones de cámaras de la zona (si las hay), posicionamientos de teléfonos, registros de subidas y bajadas de la tensión de la línea eléctrica, valoraciones del daño causado… todo tipo de pruebas o indicios que permitan acotar el origen del incendio”, explica la sargento. Pese a todos los esfuerzos, logran esclarecer “casi un 60% de los incendios, pero del 100% sabemos si son intencionados o no”, asegura.

El factor humano está detrás de la mayoría de los incendios forestales que se producen en España, lo cual no significa que exista en todos una intención deliberada de quemar. “Descuidos, incumplimientos de normativas (sobre todo en periodos estivales), accidentes de vehículos o maquinaria… están detrás de la mayor parte de ellos”, coinciden en el Seprona y en Protección Civil.

No solo son lentos los procesos de investigación de los incendios forestales, lo son aún más los procedimientos judiciales que suelen llevar aparejados. Se trata de un delito penado con entre uno y cinco años de cárcel, y hasta 10 ó 20 si afecta a zonas especialmente protegidas o cuando hay un grave riesgo para las personas, recoge el artículo 351 del Código Penal y recuerda la sargento Prieto.

Un incendio tan grave como el que aconteció en Guadalajara en julio de 2005, en el que murieron 11 miembros de un retén y el fuego arrasó 13.000 hectáreas de monte, tardó ocho años en resolverse. En ese proceso que llegó hasta el Tribunal Supremo, fueron desapareciendo imputados —llegó a haber hasta 29, entre excursionistas y políticos— y, al final, solo quedó uno: Marcelino H. S., el excursionista que presuntamente encendió la barbacoa en Riba de Saelices. El 21 de mayo de 2013 fue condenado a dos años de prisión y a indemnizar a la Junta de Castilla la Mancha con más de 10,5 millones de euros por los daños causados, pero ni fue a la cárcel (por carecer de antecedentes de ningún tipo) ni pudo pagar semejante cantidad, puesto que vivía de una ayuda pública.

En el incendio de agosto de 2019, que arrasó más de 9.000 hectáreas en Gran Canaria y obligó a evacuar a 10.000 personas, la Guardia Civil resolvió que se originó como consecuencia de una chispa procedente del cableado eléctrico, pero sigue anclado en un juzgado de Arucas que trata de dilucidar si la responsabilidad es de la Heredad de Aguas o de Endesa.

Sin embargo, la lentitud de la Justicia y la dificultad de valorar las responsabilidades de los presuntos autores no es el principal problema, en opinión de Leonardo Marcos. “La criminalización no es eficaz a largo plazo”, asegura. “Nuestra gran baza está en la sensibilización, el desarrollo de un marco normativo debe ir de la mano de la educación, y del mismo modo que ahora nadie va sin cinturón o sin casco, o no supera determinada velocidad al volante, a nadie se le ocurrirá hacer fuego en el monte, o echarse al arcén con un coche ardiendo si hay yerba seca, como ocurrió en el incendio de este verano en Ávila”, comenta, convencido de que “la autoprotección, la corresponsabilidad ciudadana es el gran reservorio para luchar contra el fuego”.

El sistema de abordaje de los incendios forestales en España es complejo, porque en él intervienen distintas administraciones —las competencias están transferidas a las comunidades autónomas—, y afecta a varios ministerios (Interior, Defensa y Transición Ecológica). Pero, al mismo tiempo, es un sistema “muy flexible”, lo que convierte a nuestro país en “uno de los más experimentados del mundo, referente en Europa en este ámbito” asegura Leonardo Marcos.

Cuando surge un incendio, por tanto, primero intervienen los municipios con sus planes de protección —si los tienen— y las comunidades autónomas con sus recursos. Ambas administraciones están obligadas a informar de sus situaciones de emergencia a la Dirección General de Protección Civil. Pero son primero las comunidades las que evalúan el nivel de esa emergencia: uno, dos y tres (Emergencia de Interés Nacional que nunca ha llegado a declararse).

Mientras la emergencia sea de nivel uno, quiere decir que puede gobernarla la propia comunidad con sus medios y los que el Estado ponga a su disposición (como por ejemplo los aviones anfibios o “botijos” tripulados por el ejército del aire) . Cuando se eleva a nivel dos, como en el caso de Málaga y en el de otros 20 de los 550 incendios notificados este año al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), se incorporan recursos externos: se puede movilizar a la UME (con sus vehículos pesados y su sistema de drones de visión nocturna para detectar puntos calientes), también se pueden incorporar medios de otras comunidades y hasta internacionales.

“No se trata tanto de invertir recursos en la extinción del incendio, como de hacer una buena gestión forestal todo el año, la extinción es un fracaso del sistema”, señala Leonardo Marcos, que reconoce: “En España hay unos 8.000 municipios, pero solo 1.800 cuentan con planes de protección civil, hay que hacer un esfuerzo para que lo tengan todos, cada cual adaptado a su tamaño”.