TRIBUNAL DE CUENTAS

Tensa batalla judicial por los avales del ‘procés’

Los ex altos cargos sancionados piden que la Abogacía del Estado no se pronuncie sobre la forma de pago

El expresidente catalán Artur Mas y las consejeras Irene Rigau y Joana Ortega por la consulta del 9N.
El expresidente catalán Artur Mas y las consejeras Irene Rigau y Joana Ortega por la consulta del 9N.Albert García

Los avales con que la Generalitat de Cataluña pretende hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros que se exige a 34 de sus ex altos cargos y funcionarios ha desatado una intensa batalla jurídica en el Tribunal de Cuentas, el organismo fiscalizador que reclama el dinero supuestamente malversado.

La controversia radica en saber si una Administración puede avalar con dinero público la multa a un ex alto cargo acusado de uso indebido de dinero público de esa misma Administración.

Los encausados por los gastos de promoción del proyecto independentista en el extranjero han lanzado una batería de iniciativas para lograr que el tribunal retire su petición de un informe a la Abogacía del Estado sobre la viabilidad de los avales. En caso de que el Tribunal de Cuentas rechace esta petición, los exdirigentes piden que se les permita al menos efectuar alegaciones para defender dicha fórmula de pago.

La batalla se desarrolla a tres bandas. Por una parte, la delegada instructora, Esperanza García y su superior, el presidente de la Sección de Enjuiciamiento, José Manuel Suárez Robledano, quienes antes de resolver sobre la legalidad de los avales pidieron el pasado 27 de julio a la Abogacía del Estado que se pronuncie sobre su viabilidad. Por otra, las defensas de los encausados —encabezados en esta iniciativa por Oriol Junqueras y Raül Romeva, entre otros—, quienes han presentado varios recursos para que el Tribunal de Cuentas vuelva sobre sus pasos y admita que la consulta efectuada a la Abogacía del Estado fue un paso en falso sin apoyo legal alguno. Y en tercer lugar, el propio abogado del Estado ante el tribunal, quien a su vez espera desde hace mes y medio que sus superiores le den instrucciones sobre si debe responder o no a la solicitud del tribunal.

Los primeros escritos de recurso se presentaron los pasados 3 y 5 de agosto. En sustancia, las impugnaciones consideraban “improcedente” la petición de informe a la Abogacía y pedían que se revocara la solicitud. Subsidiariamente, interesaba que se les permitiera efectuar alegaciones sobre la procedencia de dicha consulta y “los términos en que debería peticionarse”. Si se rechazaban estas pretensiones, pedían de nuevo de forma subsidiaria que antes de que la delegada instructora decidiese sobre los avales, se les dé traslado “del informe y plazo para realizar alegaciones al mismo”, por considerar que el criterio de la Abogacía puede ser decisivo en el curso de este procedimiento.

El segundo escrito formulaba ya directamente las alegaciones pretendidas, y sostenía que cuando la delegada instructora tomara una decisión sobre los avales debía “limitarse” a resolver si esta fórmula de pago “se ha prestado conforme a un instrumento legalmente previsto” y si “el mismo cubre las cantidades que se derivan de la liquidación provisional”.

5,4 millones

El recurso expone que se dan ambas circunstancias, puesto que los avales nacen de una norma que la Generalitat estima legal —el decreto 15/21, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos—, y la cantidad que se abonaría sería la que el tribunal reclama como presunta responsabilidad contable, los citados 5,4 millones. El escrito subraya que dicho decreto tuvo el respaldo del Consejo de Garantías Estatutarias.

A estas pretensiones de las defensas contestó negativamente la delegada instructora el pasado 1 de septiembre, en las que justificaba su petición a la Abogacía del Estado, por medio del presidente de la Sección de Enjuiciamiento, que es quien tiene la posibilidad legal de solicitar ese tipo de informes. Esperanza García justificaba su solicitud a la vista de “las peculiaridades observadas en los avales presentados”.

Una vez expuesta esta razón, añadía que estaba actuando en el marco de unas “actuaciones previas” que “no constituyen un procedimiento contradictorio, por lo que no ha lugar a las alegaciones formuladas por las partes con carácter previo a la decisión de la delegada instructora sobre la petición del referido informe o sobre la admisión de los avales”.

Tras esta respuesta, el equipo jurídico de los investigados ha presentado un recurso ante la instancia superior, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, donde se denuncia una supuesta vulneración de derechos fundamentales con el resultado de causar indefensión. Lo que se pide es que los tres magistrados de dicha Sección anulen las decisiones de la instructora “sustituyéndola por otra en la que se acuerde otorgar trámite de audiencia y alegaciones a esta parte”.

El recurso subraya que este trámite debería tener lugar con carácter “previo a la adopción de la resolución de la delegada instructora relativa a la admisión de los avales”. También destaca: la negativa recibida hasta ahora “cercena de forma definitiva la posibilidad de mis representados de hacer valer sus alegaciones ante un acto que determinará de forma definitiva una grave afectación en sus bienes y haberes”.

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