Las devoluciones de menores desde Ceuta a Marruecos se han realizado sin analizar caso a caso

El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska ha procedido a la repatriación a Marruecos de 45 menores —por ahora— sin que existiese una valoración individualizada de los casos, como exige la ley de Extranjería. Así se lo ha confirmado a EL PAÍS una portavoz de Save the Children, la organización a quien el Gobierno de la Ciudad autónoma ha encargado elaborar los informes y entrevistas en los que se debe apoyar la decisión de proceder o no a su devolución.

Las irregularidades en el procedimiento de “retorno asistido” —defendido por Marlaska este lunes en varias entrevistas— e iniciado el pasado viernes de acuerdo con el Gobierno marroquí, llevaron este lunes a media mañana a un juzgado de Ceuta a paralizar las devoluciones, después de que el Defensor del Pueblo pidiera ya el mismo viernes que cesaran por entender que no eran legales. El juzgado frenó en seco el envío de 15 menores marroquíes a su país, según confirmaron fuentes judiciales y la asociación Coordinadora de Barrios, que solicitó ante el juzgado de lo contencioso administrativo de la ciudad autónoma una medida urgente para que no se llevaran a cabo.

A esta medida cautelarísima (urgente), tomada ante la aparente inexistencia de expedientes individualizados de los menores, le siguió —ya en la noche de este lunes— el anuncio del gobierno de Ceuta sobre la paralización durante 72 horas de las repatriaciones de menores marroquíes. Según las autoridades de la ciudad autónoma, la decisión se ha tomado a instancias de la justicia. Un juzgado comunicó su posición sobre el habeas corpus de cinco menores a la vicepresidenta Mabel Deu, que ejerce de presidenta en funciones. “Nos acaban de comunicar que no se acepta el habeas corpus que presentaron los chicos y que se procede al archivo de la causa”, señaló Deu, en referencia a un recurso de los menores. “Como medida cautelarísima por el contencioso vamos a estar 72 horas [sin realizar devoluciones] porque han pedido explicaciones del procedimiento al Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno”, añadió.

01:04

Marlaska: "Los menores que han sido devueltos querían volver a su país"

“La integridad del menor es lo que determina estas actuaciones, estamos dando los pasos adecuados, es un trabajo desarrollado a lo largo de tres meses”, insistió por la mañana el ministro del Interior en una entrevista en la Cadena SER. “Todos hemos estado correctamente informados”, los menores “querían volver” a su país, insistía Grande-Marlaska ante las exigencias de explicaciones de la Fiscalía y de miembros del propio Gobierno de coalición, como la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra (Podemos). El fiscal de Menores de Ceuta aseguró que no ha tenido conocimiento de ningún expediente de retorno que avale esas devoluciones. Según la normativa vigente, es preceptivo que se escuche al menor en presencia del fiscal, quien debe emitir un informe y adjuntarlo a su expediente.

En el Ministerio del Interior no aclararon este lunes si alguien había visto o revisado esos expedientes antes de proceder a la entrega de los menores. “Nuestro cometido es ejecutar una decisión basada en un procedimiento iniciado por la ciudad autónoma”, justificaban, apuntando al Gobierno ceutí del PP, que no respondió a las llamadas de este diario para explicar las presuntas irregularidades de las repatriaciones.

“Los expedientes individuales de los menores que son objeto de retorno son competencia del área de Menores del Gobierno de Ceuta, adscrita a la vicepresidencia primera”, señalaron en Interior, pese a asegurar que se había hecho todo “con todas las garantías”. “Desde el ministerio no podemos hacer hipótesis sobre por qué actúan de determinada manera instituciones ajenas como Fiscalía o el Defensor del Pueblo, y tampoco vamos a valorarlas”.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ya ha solicitado al Gobierno que detenga las expulsiones de al menos diez niños a petición de Save The Children, Andalucía Acoge y Gentium. También ha solicitado información sobre el procedimiento, que ha sido criticado por Unicef y la propia Área del Menor del Gobierno de Ceuta. Los 45 menores ya retornados son solo unos pocos de los más de 700 a los que las autoridades marroquíes permitieron cruzar masivamente la frontera entre Marruecos y España el pasado mes de mayo, junto a otras 10.000 personas. En aquel momento se abría una grave crisis diplomática y migratoria entre ambos países, después de que el Gobierno español hubiese permitido la hospitalización en Logroño del líder del frente polisario, Brahim Gali. El retorno “concertado” de estos menores parecía poner fin a las tensiones.

Acuerdo bilateral

Es la primera vez que se efectúan devoluciones de menores amparadas en un acuerdo bilateral entre España y Marruecos de 2007 y cuya ejecución había sido solicitada, de forma reiterada desde hace años, tanto por el Gobierno de Ceuta como por el Ejecutivo melillense. El Área del Menor del Ejecutivo local firmó en mayo, por primera vez, un convenio con Save The Children con la intención de hacer una evaluación individualizada de las circunstancias de cada niño antes de tomar las decisiones sobre su retorno o cualquier otra medida en función del interés superior de los menores, como marca la legislación española e internacional. La organización ha realizado 352 entrevistas entre los más de 700 niños y niñas bajo tutela de la administración ceutí en seis centros.

Sin embargo, Interior no se ha coordinado con el Área del Menor del Gobierno de Ceuta, departamento dependiente de la Consejería de Presidencia, que ostenta la tutela de los menores extranjeros no acompañados, y responsable de gestionar los expedientes de los menores. El departamento ha solicitado amparo al Ministerio Fiscal para intervenir en la protección de los menores y atribuye a la consejera de Presidencia y presidenta accidental del Ejecutivo local, Mabel Deu, la decisión de repatriar a los niños. El pasado viernes se puso en marcha el dispositivo. Al menos dos autobuses se presentaron a las puertas del polideportivo Santa Amelia, que acoge desde mayo a unos 180 niños, y en el que Save The Children no ha realizado aún ninguna entrevista, según fuentes del dispositivo de acogida.