La acusación pide imputar al exjefe de gabinete de Laya por la entrada de Gali en España

La acusación popular en la investigación abierta por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, el pasado 18 de abril para tratarse de una grave afección de covid-19, ha pedido la imputación del jefe de Gabinete de la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, el diplomático Camilo Villarino; del segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el teniente general Francisco Javier Fernández Sánchez, y del exjefe de la base aérea de Zaragoza, el general José Luis Ortíz-Cañavate. En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, el letrado autor de la denuncia, Antonio Urdiales, pide que se llame a declarar al diplomático y a los dos mandos militares en condición de investigados por los presuntos delitos de prevaricación y encubrimiento.

En la respuesta que remitió al juzgado el pasado 22 de junio, el general Ortíz-Cañavate reconoció que la base aérea de Zaragoza dispone “de un procedimiento operativo por el cual los pasajeros de aeronaves extranjeras procedentes de países fuera de la zona Schengen deben pasar el control de pasaportes, acción que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el aeropuerto civil”, pero que “en este caso [el avión que traía a Gali], no se siguió el procedimiento habitual debido a la orden recibida del Estado Mayor del Ejército del Aire”.

A su vez, el segundo jefe del Estado Mayor del Aire, el teniente general Fernández Sánchez reconoció que fue él quien dio instrucciones al jefe de la base para que se eximiera a los pasajeros del vuelo en el que venía el líder del Polisario de pasar el control de pasaportes, por indicación del jefe de Gabinete de la ministra de Asuntos Exteriores. Villarino reconoció al juez que el segundo jefe del Estado Mayor del Aire le preguntó si querían (el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) “que se hiciera trámite de aduanas o inmigración”. “Quien suscribe”, agrega el diplomático en su escrito, “le contestó que no era preciso, siendo esta respuesta perfectamente coherente tanto con la práctica establecida como con la legislación vigente aplicable”.

Como el segundo jefe del Ejército del Aire le dijo al juez que sus comunicaciones con el jefe de Gabinete de la ministra de Exteriores “se realizaron telefónicamente, tanto verbales como a través de la aplicación WhatsApp”, el juez ha reclamado la entrega de los mensajes intercambiados. Villarino cesó tras la toma de posesión del nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y está a la espera de incorporarse a su nuevo destino como embajador en Moscú. La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), mayoritaria en el cuerpo, ha salido en defensa de Villarino asegurando que este actuó “en el marco de sus funciones, de acuerdo con las instrucciones recibidas y los procedimientos establecidos” y ha subrayado su “integridad profesional y profesionalidad”.