Villarejo, al marido de Cospedal: “Si haces una maldad, no te lleves el [teléfono] portátil”

El 9 de septiembre de 2009, siete meses después de que EL PAÍS destapara la existencia de una supuesta trama en el Gobierno de Esperanza Aguirre para espiar con fondos públicos a los adversarios de la presidenta dentro del Partido Popular, el comisario José Manuel Villarejo contó a Ignacio López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, cómo estaban intentando desactivar el escándalo. La conversación, grabada por Villarejo, ha sido incorporada ahora al sumario del caso Kitchen, que investiga otra trama de espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas para robarle documentación comprometedora relacionada con la financiación ilegal de los populares.

El PP había cerrado, sin resultados, en septiembre de 2009, su investigación interna sobre el espionaje ilegal en el Gobierno de Esperanza Aguirre con el argumento de que una jueza había abierto diligencias. Esa trama de supuesto espionaje ilegal fue juzgada en la Audiencia Provincial de Madrid a comienzos de 2019, una década después de que estallara el escándalo.

Los principales imputados eran tres guardias civiles, dos policías nacionales y un empleado público que trabajaban para la Dirección General de Seguridad del Gobierno regional y a los que se acusaba de un delito de malversación de fondos públicos: utilizar recursos de la Comunidad de Madrid para el espionaje ilegal a un consejero autonómico, Alfredo Prada, y al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ambos del PP y ambos enfrentados a Aguirre en su batalla por suceder a Mariano Rajoy al frente del partido.

Los supuestos jefes políticos que pudieron ordenar el operativo ilegal acudieron al juicio como testigos. Un jurado popular consideró inocentes a todos los acusados, pese a que dos de los guardias civiles reconocieron los hechos durante el juicio y declararon que en su día se quejaron a su jefe político, el entonces consejero de Interior, Francisco Granados, de que les estaban ordenando espiar a enemigos políticos de la presidenta.

Solo unos meses después de que estallara el escándalo, la jueza que instruía el caso recibió los informes policiales que apuntaban a la existencia del espionaje a través del posicionamiento de los teléfonos de los tres guardias civiles que seguían a Cobo y a Prada. En ese contexto, Villarejo le cuenta al marido de Cospedal, para que se lo comunique a la secretaria general del PP, el estado del problema: “Le organicé un encuentro a Granados con mi amiguete José Luis [Olivera, jefe de la UDEF, departamento encargado de investigar el espionaje ilegal] y le dije, explícale lo que tienen que decir; di que tú no seguías sino que estabas en contravigilancia, que es lo que han declarado”.

Granados confirma esa cita y de lo que allí se habló.

Los guardias civiles y sus jefes políticos utilizaron como excusa que se estaban haciendo tareas de “contravigilancia” para justificar ante la jueza por qué los posicionamientos telefónicos delataban la presencia de esos agentes junto a los espiados Cobo y Prada.

Villarejo contó a López del Hierro en septiembre de 2009 que los informes sobre el posicionamiento de los teléfonos acreditaban el operativo ilegal y, por tanto, “la única salida”, según el comisario, era atribuir esos seguimientos a contravigilancias legales negando cualquier tipo de espionaje ilegal.

En la conversación con el marido de Cospedal, Villarejo censuraba la conducta de los guardias civiles: “Si tú haces una maldad, no te lleves [el teléfono] portátil. Déjatelo en casa. Si tienes que llamar, llévate uno chungo. Ahí están todos muertos. Luego, los guardias son muy agonías y han derrotado”, explica Villarejo. En realidad, en aquella fecha los guardias civiles seguían negando los hechos ante la jueza.

El comisario le informa a López del Hierro que ha comido con el viceconsejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Alejandro Halfter: “Me dijo, coño, échame una mano. [Le dije] Yo tengo muy buenas relaciones, sin decir quién, con la central vuestra. Yo hablo con la dirección, habla con ellos y si ellos te piden que yo te eche una mano, yo encantado. Poneros de acuerdo”.

- [Halfter] No es de Paco Granados [consejero de Interior], es del vicepresidente [Ignacio González], le aclara entonces López del Hierro.

El comisario Villarejo presumió ante López del Hierro de que le habían ofrecido fichar por la Comunidad de Madrid, pero que se negó. “Les dije, si me pagáis todos los gastos que tengo os arruinaría...”. Y concluyó con un supuesto consejo a Halfter: “Cuando el tema se tranquilice un poco políticamente, el tal Peña, el Carioco, el marido de la secretaria de Lapuerta, todos a la puta calle, y el Barón...”, en referencia a cargos del departamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid. López del Hierro apostilló: “Hay que ir con cuidado, la relación con Esperanza es buena; con Ignacio, razonablemente buena; con Paco, peor. No es mala tampoco”.

Cuando el comisario José Luis Olivera, el entonces jefe de la unidad policial que investigó el caso de los espías de la Comunidad de Madrid, fue citado al juicio, en febrero de 2019, declaró: “No sé si se hicieron seguimientos legales o ilegales, lo que sé es que se hicieron. A ellos les dijeron que hicieran esto, y lo hicieron”. Otro policía, Jaime Barrado, que también trabajó en el caso, declaró en el juicio que cuando intentó averiguar qué cargos políticos daban las órdenes del espionaje ilegal, el comisario Olivera se lo impidió.