Los historiadores desmienten a Pablo Casado: “La Guerra Civil la provocó un golpe de Estado”

La sesión de este miércoles en el Congreso ha dejado nuevos ejemplos de la concordia imposible entre las diferentes fuerzas políticas, con palabras gruesas, insultos, falsedades y manipulaciones históricas.

El líder del PP, Pablo Casado, fue el más madrugador en los trending topic cuando leyó, de un papel que llevaba escrito, la siguiente frase: “La Guerra Civil fue el enfrentamiento entre los que querían la democracia sin ley y los que querían la ley sin democracia. Y nuestra Constitución es el pacto por el cual no puede haber democracia sin ley ni ley sin democracia”. La afirmación, que revolvió a los historiadores, apartó el foco de los indultos a los condenados del procés, tema estrella de la mañana pese a que Pedro Sánchez había incluido en el orden del día los últimos acuerdos de los consejos europeos.

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Declaraciones de CASADO sobre la GUERRA CIVIL

El catedrático de Historia Contemporánea Julián Casanova lamenta que se hayan pronunciado tales palabras en un parlamento. “Hay gente que no quiere respetar el conocimiento. Casado se dirige a un público amplio, dispuesto a escuchar que la República no fue un régimen legítimo, lo que nos convierte a los historiadores en sospechosos por decir que sí. Pero no hay debate historiográfico sobre esto. La Guerra Civil la provocó un golpe de Estado. La República no era un imperio sin ley. Hizo reformas profundas en el ejército, para separar la Iglesia del Estado, en la educación, en la aprobación del voto femenino... Si no reconoce eso, está planteando una mentira sobre el pasado. Si además cree que la República destruyó el orden público está legitimando de alguna manera el golpe de 1936, que es la gran mentira del franquismo, decir que aquello era ineludible para limpiar España. Es una gran operación de propaganda que está aquí hace muchísimo tiempo y que no ampara ninguna investigación rigurosa”.

En la misma línea se pronuncia Ángel Viñas, catedrático jubilado de la Universidad Complutense de Madrid: “Es una estupidez. Una de esas frases que suenan bien para quien no sabe nada, pero que no corresponde a los hechos demostrados inequívocamente”.

Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura y Premio Nacional por Historia mínima de la Guerra Civil (Turner), explica: “Toda guerra civil empieza con un golpe de Estado. La definición de guerra civil la fijó el Tribunal Supremo de EEUU en 1861. Es un acto de fuerza para ocupar el poder y expulsar a los que están. En España, la República tenía muchos problemas, pero lo que vino después fue infinitamente peor”.

La equiparación de Casado entre el régimen legítimo y los golpistas en 1936 acaparó minutos del debate. “La única ley legítima”, le replicó el presidente del Gobierno, “es la ley democrática. Y, por tanto, espero que usted se retracte de sus palabras. Quizá se alzaron aquellos que lo hicieron contra la ley y la democracia porque la única ley legítima es la de la democracia y entonces era la de la Segunda República”. La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, criticó con dureza al líder del PP: “Así que las cunetas de nuestro país están repletas de gente que quería una democracia sin ley, ¿no? Claro, si están ahí será que algo hicieron, ¿no? ¡Qué vergüenza y qué indecencia la declaración que ha hecho!”. También censuraron a Casado Íñigo Errejón, de Más País —“Los golpistas se levantaron contra el pueblo español y contra la ley vigente en España y un demócrata lo debería tener meridianamente claro”—, y Joan Baldoví, de Compromís: “Me parece peligroso que por esta competencia con Vox se oigan aquí unas palabras que nunca se atrevería a decir la derecha europea. Son absolutamente impresentables, injustas y reprobables”.

El debate en el Congreso dejó otras polémicas y momentos de tensión. Estos son algunos de ellos:

Gabriel Rufián y los jueces prevaricadores. El portavoz de ERC aseguró que en España se persigue y encarcela a la gente “por sus ideas” y acusó a los jueces del Tribunal Supremo de un delito, prevaricar, es decir, dictar una resolución injusta a sabiendas, por la condena a los líderes del procés: “Creen que su sentencia está muerta en Europa. Se llama prevaricación y está reconocida en portadas de diarios”. Las ideas independentistas no son perseguidas y el propio Rufián las defiende legítimamente cada semana como portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso. La sentencia del Supremo fue dictada por unanimidad (siete magistrados) y el Tribunal Constitucional la ha avalado al rechazar los recursos de los condenados. El indulto que ha permitido la excarcelación de los condenados es una medida individual que perdona la pena, pero no el delito. Rufián también se burló del cambio de opinión de Pedro Sánchez. “Señor presidente, usted ha dicho que nunca habrá referéndum de autodeterminación. La verdad es que también dijo que no habría indultos, así que denos tiempo”. El indulto está recogido en la Constitución. Un referéndum unilateral —solo en Cataluña— para decidir la independencia de parte del territorio, no.

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Rufián ironiza con compromiso de Sánchez contra autodeterminación: "Denos tiempo"

Míriam Nogueras y el robo de España. La portavoz de Junts en el Congreso se dirigió al presidente del Gobierno: “¿Ese es su diálogo, señor Sánchez? ¿Enseñar discursos de reconciliación y concordia con una mano y permitir el robo y la represión con la otra?”. Se refería al Tribunal de Cuentas, que no depende del Gobierno, y a las causas judiciales contra el independentismo, donde el poder ejecutivo tampoco interviene. Dicho tribunal reclama 5.417.899 euros que la Generalitat habría empleado en difundir sus proyectos de ruptura con España durante el período comprendido entre 2011 y 2017.

Santiago Abascal y la venganza contra el Rey. El líder de Vox se refirió a los indultos en varias ocasiones como “amnistía”, cuando son figuras distintas: la primera es una medida individual que perdona la pena, pero no el delito; la segunda sí es una medida de naturaleza colectiva. También aseguró que suponían traicionar la Constitución, pese a que la ley fundamental los recoge expresamente y los planteó como “una venganza contra el Rey”, que los firmó cumpliendo su papel de jefe del Estado de una monarquía parlamentaria.