IÑAKI URDANGARIN

Urdangarin no tendrá que ir a dormir a la cárcel durante los 11 meses que le quedan hasta la libertad condicional

El esposo de la infanta Cristina, que cumple una condena de 5 años y 10 meses por el ‘caso Nóos’, deberá concluir el programa de reinserción para condenados por corrupción

Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, en Vitoria, en julio de 2020.
Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, en Vitoria, en julio de 2020.Óscar Ortiz / Europa Press

Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, no tendrá que volver a ir a dormir a prisión a partir de este jueves para seguir cumpliendo su condena de 5 años y 10 meses de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por el caso Nóos de corrupción. Instituciones Penitenciarias ha dado luz verde a la propuesta de la cárcel de Zaballa (Álava) de avanzar en la semilibertad que ya disfrutaba desde diciembre y aplicarle el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario. Ello le permitirá cumplir el resto de la pena en su domicilio sin necesidad de portar una pulsera de control telemático y solo sometido a controles semanales presenciales y telefónicos, según ha adelantado El Correo y ha confirmado EL PAÍS. Hasta ahora, tenía que pernoctar en prisión de lunes a jueves.

Quedan menos de 11 meses para que el cuñado del Rey pueda solicitar al juez la libertad condicional anticipada, contemplada en el artículo 90.2 del Código Penal para aquellos condenados que, entre otros requisitos, estén clasificados en tercer grado, como es su caso. Otra condición es que haya cumplido dos terceras partes de su pena, hecho que se producirá el 1 de mayo de 2022. El pasado agosto, el juez de vigilancia penitenciaria que le concedió permisos de salida todos los fines de semana ya anticipaba en su auto que en esa fecha “como muy tarde” se produciría la excarcelación de Urdangarin.

El esposo de la infanta Cristina ingresó en la prisión abulense de Brieva el 18 de junio de 2018. Durante 15 meses permaneció recluido sin ningún tipo de salidas, pero a partir de septiembre del año siguiente comenzó a disfrutar de beneficios penitenciarios (entonces el juez le autorizó a salir dos días a la semana durante ocho horas para colaborar con una ONG en la atención a personas con discapacidad) que habían ido aumentando hasta desembocar, a comienzos de este año, en la semilibertad. La decisión de aplicarle el artículo 86.4 del reglamento penitenciario y, por tanto, ampliar esa semilibertad, se produce después de que la junta de tratamiento de la prisión (un órgano interno formado por profesionales penitenciarios) hayan valorado de manera positiva su evolución y que esté participando en el nuevo programa de reinserción de delincuentes económicos (conocido por las siglas Pideco). A este programa, que comenzó a principios de año, deberá seguir asistiendo hasta completar las 32 sesiones grupales previstas.

Será, de hecho, uno de los pocos momentos en los que a partir de ahora vuelva a pisar la prisión alavesa, en la que ingresó el 1 de marzo pasado, ya que estos encuentros, en los que participan otros reclusos junto a un psicólogo, se celebran una vez a la semana durante tres horas en el recinto penitenciario. También deberá acudir a la cárcel una vez a la semana para hacer el control presencial, aunque fuentes penitenciarias apuntan que puede hacer coincidir estas comparecencias con su asistencia a las sesiones del programa de reinserción.

Estas mismas fuentes aclaran que ese control presencial, con el que se busca comprobar el paradero del condenado y que cumple con sus obligaciones, puede ser sustituido, en determinadas ocasiones, por un contacto telefónico con la prisión. Será el caso de cuando se encuentre de viaje con autorización judicial. Urdangarin ya hizo a principios de mes un desplazamiento a Ginebra (Suiza), donde reside la infanta Cristina, con permiso del juez de vigilancia penitenciaria.

La situación penitenciaria de Urdangarin ha dado un vuelco importante en los seis últimos meses. A finales de diciembre, Instituciones Penitenciarias le aplicó el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, lo que le permitió comenzar a disfrutar de un régimen de vida penitenciario similar al tercer grado y abandonar la prisión de Brieva (Ávila), donde era el único recluso en el módulo de hombres.

Entonces pasó a una celda del Centro de Inserción Social (CIS) de Alcalá de Henares (Madrid), del que salía a diario para ir a trabajar a la institución en la que colaboraba desde hacía más de un año en la atención a personas con discapacidad. Al término de la jornada, el cuñado del Rey debía volver al centro para dormir. También debía permanecer en el recinto penitenciario los fines de semana, salvo uno al mes que salía de permiso.

Esa situación, sin embargo, duró poco. A finales de enero, el titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León, Florencio de Marcos, estimó un recurso y le concedió el tercer grado, por lo que ya desde entonces estaba en semilibertad y solo tenía que dormir de lunes a jueves en el CIS. Además, salía todos los fines de semana, y no uno al mes como hasta aquel momento, y vio cómo aumentaba de 36 a 48 el número de días de permisos que podía solicitar al año.

Poco después, Instituciones Penitenciarias aceptaba trasladarle a la cárcel de Zaballa para terminar de cumplir allí su condena. Urdangarin justificó su petición en que tenía una oferta para trabajar como consultor en un despacho de abogados de Vitoria. Además, esgrimía que en la capital vasca vivían su madre y varios de sus hermanos.

Desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior, Prisiones ha dado un impulso a la reinserción que se ha traducido, en estos tres años, tanto en un aumento del número de reclusos que acceden a la semilibertad a través del tercer grado penitenciario o la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, como de aquellos que cumplen sus condenas en sus domicilios bajo control, como es ahora el caso de Urdangarin. Así, en junio de 2018 había en las cárceles dependientes de Interior 7.019 presos en régimen abierto (un 17,7% de los cerca de 40.000 presos ya con condena). En la actualidad son 7.560 (el 20,5% para una población de penados que se ha reducido a menos de 37.000), según detalló el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en abril en el Congreso. De estos últimos, 5.189 disfrutan del régimen que a partir de este jueves disfrutará Urdangarin.

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