Detenido un empresario que estaba huido tras ser acusado de estafar 250 millones con criptomonedas

La Guardia Civil detuvo el pasado domingo en un control rutinario en el término municipal de Nerja (Málaga) al empresario Javier Biosca, contra el que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz había dictado un día antes una orden de busca y captura internacional, según han confirmado a EL PAÍS fuentes jurídicas y policiales. Biosca, que estaba en paradero desconocido desde finales del año pasado, está acusado, entre otros delitos, de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento público, blanqueo de capitales y organización criminal como presunto cabecilla de una trama, en la que supuestamente también participaban su esposa y su hijo, que estafó más de 250 millones de euros a cientos de clientes a los que convenció para que invirtieran en criptomonedas a través de él.

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Según la querella recibida por el juez Pedraz, el empresario y su familia crearon en 2019 Algorithmics Group, una sociedad dedicado a la inversión en criptomonedas “que carecía de todo tipo de autorización, pues no estaba inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores [CNMV] ni en otros organismos supervisores”. A través de esta firma, Biosca empezó a captar clientes con la promesa de conseguir rentabilidades del 20 o 25% semanales con la adquisición, principalmente, de bitcoin, ethereum o litecoin, que él se encargaba de comprar y vender. A los primeros inversores, la trama le entregó las rentas prometidas, lo que hizo que estos recomendaran a “allegados y familiares” que también invirtieran a través de Biosca, lo que hizo que el número de clientes creciera “rápidamente”.

De las decenas de inversores iniciales, Algorithmics Group pasó a tener en un año a cerca de 500 clientes. Estos hacían llegar el dinero a Biosca mediante transferencias bancarias, wallets (monederos de criptomonedas) e, incluso, supuestas entregas en efectivo. Según la versión de los representantes de algunos afectados, el ahora detenido contactaba semanalmente con ellos a través de una aplicación de mensajería instantánea para comunicarles los supuestos beneficios y preguntarles si querían cobrar los intereses o reinvertirlos. La mayoría optaba por esta segunda opción.

Según el relato de los afectados, a lo largo de los primeros meses del año 2020 se dieron las primeras situaciones de irregularidad e incumplimiento por parte del entramado familiar, que en un primer momento comunicó a sus clientes que reducía el porcentaje de los beneficios prometidos a menos del 10%. Esta situación se fue agravando hasta que, en octubre de 2020, Algorithmics Group dejó de abonar las cantidades prometidas. En marzo pasado, un grupo de afectados presentó en la Audiencia Nacional una querella contra Biosca, su esposa, Paloma Gallardo, y su hijo mayor, Sergio Biosca. Las víctimas acompañaban su denuncia con un informe pericial en el que se aseguraba que el empresario estaba en posesión 1.532,55 bitcoins, valorados en aquel momento en 75 millones de euros.

El caso de Javier Biosca es una de las grandes estafas con criptomonedas que ha asumido la Audiencia Nacional en los últimos meses después de que el pasado abril otro magistrado, José Luis Calama, se hiciera cargo de las pesquisas iniciadas meses antes por un juez de Arona (Tenerife) sobre una estafa piramidal que, en ese momento, tenía identificadas 1.127 víctimas, aunque toda apunta a que puede subir hasta las 32.000. El perjuicio económico detectado de esta segunda trama se acerca a los 41,5 millones de euros, aunque previsiblemente lo defraudado superará los 100 millones, según el auto. El epicentro de esta presunta estafa es Arbistar 2.0 SL, una empresa con sede en la isla de Tenerife que se promocionaba en internet como especializada en trading, análisis de mercado y desarrollo de software con el que operar en el mercado de las criptodivisas. El consejero delegado de esta compañía, Santiago Fuentes Jover, y otras 10 personas están imputadas. Calama considera que los hechos investigados son constitutivos de los delitos de estafa agravada, falsificación de documento mercantil y organización criminal.