La Audiencia Nacional asume la investigación de la mayor estafa piramidal con criptomonedas de España

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha asumido la investigación de la que el propio magistrado ha calificado en un auto dictado este miércoles como “la mayor trama piramidal cometida hasta el día de la fecha en relación con la inversión en criptomoneda” en España. Lo hace después de que el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Arona (Tenerife), Manuel Cerrada, que inició las pesquisas en septiembre de 2020, se inhibiera el pasado febrero a petición del abogado Carlos Aránguez, que lleva a un colectivo de afectados, debido al ingente volumen de la causa, la complejidad del fraude, el millonario importe de lo defraudado y los cientos de personas perjudicadas. Según destaca el juez Calama en su auto, el número de víctimas identificadas es, hasta ahora, de 1.127, pero esta cifra puede subir hasta las 32.000. También destaca que el perjuicio económico detectado se acerca a los 41,5 millones de euros, pero todo apunta a que superará los 100 millones, según el auto.

El epicentro de la supuesta estafa es Arbistar 2.0 SL, una empresa con sede en la isla de Tenerife que se promocionaba en internet como especializada en trading, análisis de mercado y desarrollo de software con el que operar en el mercado de las criptodivisas. El consejero delegado de esta compañía, Santiago Fuentes Jover, que figura también como administrador único y propietario de un tercio de las acciones de la misma, es señalado como el presunto cabecilla de la trama. Otras 10 personas están imputadas, entre ellas los también directivos de la compañía Diego Fernández Nojarova y Viktor Alexandre Walter Frantz, que se encuentran en paradero desconocido y contra quienes se han dictado sendas órdenes internacionales de detención. Calama considera que los hechos investigados serían constitutivos de los delitos de estafa agravada, falsificación de documento mercantil y organización criminal.

El juez destaca en el auto que, para atraer a posibles inversores, Arbistar prometía rentabilidades de entre el 8% y el 15% mensual que se comprometía a pagar semanalmente. Una vez captado el cliente, este debía abrir una cuenta exchange [un espacio virtual donde realizar acciones de compra y venta] y dar de alta un monedero electrónico donde almacenar las criptodivisas. A su vez, debía dar de alta un usuario en Exchange Coinbase, una plataforma de comercio con criptomonedas con sede en San Francisco, y efectuar una transferencia por el valor de la inversión a una cuenta bancaria de esta plataforma en Estonia. Una vez Coinbase recibía la transferencia, el dinero era ingresado en el monedero electrónico del cliente que, a su vez, enviaba sus aportaciones a los monederos de Arbistar.

A partir de ese momento, y al menos durante los dos meses siguientes, era esta última sociedad la que gestionaba las inversiones, que quedaban fuera del control del inversor. La trama siempre ofrecía a los clientes no cobrar los rendimientos prometidos para que los sumaran a las cantidades iniciales invertidas. “Pero lo que esta trama hizo presuntamente fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversión era segura y muy rentable, de suerte tal que ellos mismos se incentivaban para invertir una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor”, señala el auto del juez Calama.

El entramado comenzó a venirse abajo el pasado agosto, cuando varios inversores solicitaron la retirada de sus fondos y la empresa se negó a devolverlos. Para justificarse, enviaron a los clientes el 3 y 13 de septiembre sendos mensajes en los que aseguraban que un error en el community bot [algoritmo informático cuya función es automatizar estrategias de compraventa de activos] había generado más intereses de los reales, lo que había provocado un descuadre en las cuentas de la empresa y el consiguiente problema de liquidez. La trama comenzó también a publicar vídeos en la plataforma YouTube en los que el principal investigado, Santiago Fuentes, daba explicaciones sobre cómo iba a proceder a devolver a sus clientes, al menos, la inversión inicial. Fue en estos vídeos en los que el propio Fuentes advertía que la paralización de operaciones afectaba a 32.000 clientes y un montante de 100 millones de euros.

Ese mismo mes, la Policía Nacional inició la investigación después de comprobar la existencia de una veintena de denuncias por una supuesta estafa con criptomonedas que tenían como punto en común la empresa Arbistar, sobre cuyas actividades ya alertaba un informe de la Unidad Central de Inteligencia Criminal tras detectar supuestas irregularidades en la cuenta bancaria de esta empresa. Las pesquisas determinaron rápidamente la presunta existencia de una estafa piramidal del tipo conocido como Ponzi [en referencia a Charles Ponzi, un emigrante italiano que estafó a miles de residentes en EE UU en los años veinte del siglo pasado prometiendo elevados rendimientos por la inversión en cupones postales] cuyo número de afectados se incrementaba de manera rápida. De los 26 primeros denunciantes de octubre (con un montante de 378.000 euros defraudado), se pasó a 209 en diciembre, y a más de 1.000 en febrero pasado, parte de ellos agrupados en plataformas de afectados.

Santiago Fuentes fue detenido el 22 de octubre pasado y puesto en libertad con medidas cautelares ese mismo día, como la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado. En sus informes, la Policía revela que “no existe constancia alguna de que los investigados vinieran realizando efectivamente los servicios de mediación en mercados de criptomonedas que afirmaban realizar” y concluyen que, en realidad, retribuían a los clientes “únicamente mediante la captación de fondos adicionales provenientes de los nuevos clientes”. Hasta ahora, la investigación ha revelado víctimas en 35 provincias españolas, además de en Panamá, Chile, Bélgica, Portugal, Uruguay, Italia, Argentina, Reino Unido, Venezuela, Bulgaria, Cuba, México y EE UU, a muchos de los cuales habían captado con programas semanales emitidos a través de YouTube con el nombre de La llamada del éxito. También para atraer nuevos clientes, la trama ofertaba a los inversores lo que denominó un “plan amigo” para que estos, a cambio de una compensación, atrajeran nuevos clientes. Todo ello que permitió lo que el juez Calama califica de “crecimiento exponencial” de la supuesta estafa.

Las pesquisas han revelado también la existencia de una compleja trama empresarial con entidades pantalla sin actividad conocida y testaferros a la que presuntamente se desviaba la inversión inicial de los clientes y con los que se adquirían bienes y servicios. Esta red, que supuestamente giraba sobre las mercantiles Arbistar y Venus Capital Trade, contaba “con una estructura a nivel internacional para dar una mayor cobertura a la actividad ilegal”. El juez de Arona, que ha dirigido la investigación hasta ahora, ha bloqueado numerosos activos financieros, entre ellos cuentas de criptomonedas tanto en España, como en otros países de la Unión Europea (UE) y de fuera de ella. Hasta el momento, el juez ha dictado órdenes de europeas de investigación a Alemania, Francia, Portugal, Bulgaria, Estonia, Italia, Lituania y Luxemburgo, así como comisiones rogatorias [mecanismo de colaboración entre las justicias de distintos países] a Marruecos y Reino Unido.