Navarra y Euskadi refuerzan sus lazos tras años de desconfianza

La normalidad institucional se está consolidando en la históricamente fría y tensa relación entre los Gobiernos navarro y vasco. La firma este lunes de un convenio para compartir el sistema electrónico Avantius en los tribunales de justicia de las dos comunidades se suma al suscrito la pasada semana para intensificar sus vínculos en materia de memoria, víctimas, convivencia y derechos humanos. El deshielo que emprendieron en 2016 la entonces presidenta Uxue Barkos, de Geroa Bai y el lehendakari, Íñigo Urkullu sigue imparable bajo el mandato de la socialista María Chivite. Un acercamiento que genera desconfianza en UPN, la formación mayoritaria de Navarra Suma (con PP y Ciudadanos) que siguen viendo al PNV y a la izquierda abertzale, -dos partidos que apoyan a los gobiernos central y navarro- como los potenciales activadores de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que fija un mecanismo para unir ambas comunidades.

Si en 2016 los responsables del Gobierno vasco y del navarro justificaron la firma de un protocolo de colaboración en 18 áreas como el primer paso para “fijar un cauce de relación permanente”, en esta última semana la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, la consejera del Departamento de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo y el consejero de Justicia y Políticas Migratorias de la Comunidad foral, Eduardo Santos, han explicado que se trata de trabajar, desde el respeto institucional, por el interés común de los ciudadanos. “No es la primera vez que los dos gobiernos sellan convenios”, aseguran desde UPN. “Lo que cuestionamos es que en el convenio de la memoria se obvie el carácter terrorista, nacionalista vasco y de extrema izquierda de ETA. Estamos poniéndonos una venda en los ojos y soslayando cuestiones clave como quién utilizó el terrorismo, para impulsar qué proyecto, y para erradicar qué proyectos políticos”, aseguran en la formación foralista.

Las dos administraciones sí lograron aproximar posiciones durante los mandatos de UPN en algunos asuntos relacionados con la universidad o Euskaltzaindia. En 2009, por ejemplo, el lehendakari Patxi López (PSE) y Miguel Sanz (UPN), firmaron un acuerdo que se circunscribió a la construcción del AVE, el fomento del euskera y las emisiones de Euskal Telebista.

Sin embargo el principal intento de aproximar institucionalmente ambas comunidades se produjo en 1995 debido a la buena química personal entre el entonces presidente socialista navarro, Javier Otano, del PSN y el presidente vasco, del PNV, José Antonio Ardanza, que gobernaba en coalición con los socialistas vascos. Estuvieron a punto de poner en marcha el polémico órgano de coordinación permanente entre ambas comunidades. Los dos presidentes firmaron los respectivos protocolos y estuvieron a un paso de aprobarlo en el Congreso de los Diputados, pero Otano dimitió en medio de acusaciones de corrupción de las que finalmente resultó absuelto y el proyecto se estancó.

La coordinación entre las dos comunidades es cada vez mayor y se basa en la confianza más que en el resquemor. Las policías vasca y navarra y sus servicios de emergencia se coordinan con naturalidad en aquellos temas que afectan a ambas comunidades como el incendio que afectó a Gipuzkoa y Navarra en el límite con Francia el pasado febrero; las autoridades sanitarias también se intercambian datos y personas en función de las necesidades.

La desconfianza de UPN hacia las intenciones del PNV y de la izquierda abertzale es fundacional. UPN nació como una escisión del Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez, al no aceptar el acuerdo de todos los padres de la Constitución para incorporar la disposición transitoria cuarta en la Carta Magna. De hecho, UPN se abstuvo en la votación de la Constitución. Pero, además, la desconfianza ha ido ganando enteros con el paso del tiempo. La existencia de ETA, la campaña soberanista del Nafarroa Euskadi da (Navarra es Euskadi), las legislaturas del lehendakari Juan José Ibarretxe al frente del Gobierno vasco en las que incluía a Navarra como una región del País Vasco que tenía derecho a decidir su futuro, y el Pacto de Lizarra, firmado en la localidad navarra de Estella entre los partidos nacionalistas vascos e Izquierda Unida, han mantenido viva y acrecentado esa llama.

El nuevo ciclo político que se abrió en la Comunidad foral con el Gobierno de Uxue Barkos, (Geroa Bai, coalición en la que también estaba el PNV) y la buena relación que alcanzó con el lehendakari Urkullu se está consolidando con el nuevo socialismo navarro que impulsa María Chivite y la proximidad entre esta y el socialismo vasco de Idoia Mendía que gobierna en coalición con el PNV en Euskadi. “Este es el camino”, coinciden fuentes oficiales de ambos gobiernos.

Más allá de las polémicas por el famoso mapa del tiempo de la Televisión Pública Vasca (ETB) que incorporaba las dos comunidades, y otras tantas en los que se avivaba la “anexión” de Navarra al País Vasco, todos los convenios firmados entre las dos comunidades incorporan el compromiso de respetar la realidad política, social e institucional, los símbolos y la identidad de Navarra, como una realidad diferenciada de la Comunidad Autónoma Vasca y de sus territorios históricos. También se incluyó en 2016 cuando Navarra y Euskadi firmaron el protocolo para que la señal de ETB llegara a las televisiones de los navarros. Solo un año antes, en 2015, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy aseguró en una visita a la Comunidad foral que en una hipotética reforma constitucional suprimiría “la posibilidad de anexión” que establece la Constitución.

El último acuerdo entre ejecutivos firmado esta misma semana incluye la puesta en marcha este 2021 de tres actuaciones concretas. Se trata de una jornada sobre digitalización al servicio de la memoria, en la que se presentarán iniciativas pioneras del Estado en relación con las bases de datos sobre víctimas de la Guerra Civil. También trabajan ya en la preparación de una exposición en el Museo Bellas Artes de Bilbao sobre el artista en el exilio Gerardo Lizarraga (Pamplona, 1905-México, 1984). La tercera acción es una jornada sobre empresa y derechos humanos, en la que se abordarán los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, y se debatirán los contenidos de la futura directiva europea sobre debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente y sus efectos sobre el sector empresarial.