El líder del Polisario se compromete a colaborar con la justicia española para evitar medidas cautelares

El líder del Frente Polisario, Brahim Gali, se comprometerá este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a colaborar en el esclarecimiento de los hechos que investiga, permaneciendo disponible y localizable para contestar nuevas preguntas en el futuro si fuera necesario, según fuentes jurídicas. Con este compromiso, Gali intentará neutralizar la imposición de las medidas cautelares que solicitarán las acusaciones particulares y la acción popular, que le impedirían salir de España.

Desde el Hospital San Pedro de Logroño, donde está ingresado desde el 18 de abril recuperándose de la covid-19, el dirigente saharaui responderá como imputado por dos denuncias: la del bloguero Fadel Breica, de nacionalidad española, que lo acusa de torturas y detención ilegal en los campamentos de Tinduf en 2019; y la de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh), que le imputa delitos de genocidio y lesa humanidad contra disidentes saharauis y prisioneros de guerra en las últimas décadas.

Mariana Delmas, una de las letradas de Breica, avanza que pedirá la adopción de medidas cautelares, “sin descartar la prisión provisional”, para garantizar que Gali esté a disposición de la justicia; mientras que el abogado José Manuel Romero, que representa a siete presuntas víctimas en la causa impulsada por la Asadedh, propondrá una batería de medidas (de la retirada de pasaporte al arresto domiciliario) ante “el riesgo evidente de fuga”.

Hasta ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha rechazado imponer medidas cautelares a Gali, por considerarlas prematuras (antes de tomarle declaración) y por no existir indicios claros en su contra. Este lunes inadmitió una denuncia del Club de Abogados de Marruecos para investigar la supuesta entrada en España del líder del Polisario con un pasaporte falso. En un contundente auto, el juez recuerda que la falsedad documental no es competencia de la Audiencia Nacional y afea a los letrados que presentaran una denuncia sin más base que “las informaciones que nos han llegado [sic]”. Les reprocha, finalmente, que afirmen que Gali está procesado por la justicia española, “lo cual es incierto”, y tacha de “desmedido” que pidan su detención por haber “cometido crímenes atroces contra la humanidad”, obviando su presunción de inocencia.