Procesadas 11 personas por el expediente que inició la macrocausa de los ERE

El juez del caso ERE, José Ignacio Vilaplana, ha procesado a 11 personas tras finalizar la investigación del expediente del que hace una década surgió la macrocausa: el ERE de Mercasevilla que motivó las sospechas de la policía al tener, entre sus trabajadores prejubilados, personas ajenas a la lonja sevillana que nunca la habían pisado. Los agentes tiraron del hilo hasta deshilvanar una tupida trama de corrupción que devino en una macrocausa que hoy tiene 132 piezas separadas.

Entre los procesados, el magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla incluye a los exdirectivos de la empresa pública municipal Fernando Mellet y Daniel Ponce, así como al conseguidor Juan Lanzas, varios responsables de la consultora Vitalia, las firmas Hermes Consulting y Maginae Solutions por “facturas ficticias” y el primer intruso —beneficiado ajeno a las empresas— detectado en la macrocausa: el exresponsable de política local del PSOE en Baeza (Jaén), Antonio Garrido Santoyo, que percibió 78.908 euros pese a no haber trabajado en la empresa. Todos están acusados de malversación, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias por los ERE de 2003 y 2007 subvencionados por la Junta andaluza.

Vilaplana ha exculpado a 12 personas de los 23 investigados inicialmente, entre los que destacan los miembros del comité de empresa que negociaron el ERE y el exdelegado de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, que también resultó eximido de la primera condena del caso Mercasevilla por la pieza de las escuchas ilegales. Además, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero —fallecido hace seis meses— y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández quedaron excluidos de la investigación tras su condena en la pieza política de los ERE.

La Junta subvencionó el ERE de 2003 con 5,6 millones para las prejubilaciones de sus trabajadores y con 6,9 millones el expediente de 2007: “Unas ayudas otorgadas extramuros de cualquier legalidad”, censura el magistrado en su auto notificado este miércoles. “Las ayudas carecerían de objeto definido y concreto, se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad”, añade el juez.

Para el magistrado, el dinero aportado por la Junta “constituye una verdadera subvención a la empresa en cuanto el destino de la misma era financiar el coste de las relaciones laborales” y las consiguientes obligaciones que de las mismas se derivaban para la empresa”. Las ayudas carecieron de control administrativo o fiscalización por parte del gabinete jurídico de la Junta o la Intervención delegada de la Consejería de Empleo. Con el cierre de la instrucción, el juez da traslado a la Fiscalía y al PP como acusación popular para que formulen sus escritos con la petición de penas para los 11 procesados.

Sobre el exdelegado de la Junta Antonio Rivas, el juez argumenta para exculparle que de su intervención en la tramitación de los ERE “no existen indicios sólidos de que haya tenido una intervención con suficiente relevancia causal en la decisión administrativa de otorgarse las ayudas y en la correlativa salida de dinero del erario público en forma tan irregular”, según el auto.