El Gobierno descarta más reformas para poder castigar a diputados tránsfugas
Cs y PP se enfrentaron en la comisión del pacto antitransfuguismo que trató el caso de Murcia
El Gobierno descarta impulsar nuevas reformas de la ley electoral para endurecer las consecuencias del transfuguismo político, incluso tras lo sucedido con los tres diputados tránsfugas de Ciudadanos en Murcia, y confía en el “reproche ético, moral y público” de ser considerado oficialmente tránsfuga en el pacto firmado por los principales partidos y en la actuación de la Justicia. El acta de la última reunión de ese pacto antitransfuguismo nacional refleja el duro debate entre PP y Cs sobre lo ocurrido en Murcia y que esa discrepancia quedará en manos ahora de un comité técnico de cinco expertos que los populares han suscrito, pero que en realidad cuestionan y cuyo dictamen difícilmente aceptarán.
El Ejecutivo central ha constatado en la última sesión de la comisión de seguimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional, celebrada el 25 de marzo, que difícilmente tendrá unanimidad ni un consenso claro con el principal partido de la oposición para poner en marcha ahora reformas legales contra el transfuguismo tras las enormes diferencias de criterio sobre lo sucedido en Murcia. Casi todos los partidos presentes en esa comisión consideran que el caso murciano, con tres diputados de Ciudadanos que firmaron con el PSOE una moción de censura contra el Gobierno del popular Fernando López Miras y luego se echaron atrás, renegaron de esa firma y se sumaron en la votación a las filas del PP, es un ejemplo de libro de lo que debería catalogarse como transfuguismo político.
El Pacto Antitransfuguismo se creó en 1998 como un compromiso entre partidos para no beneficiarse de la presencia de tránsfugas sobre todo en el ámbito local de los ayuntamientos y quedó pendiente de regulación su extensión a las autonomías y a la Administración central. Esas modificaciones aún no se han abordado. El pacto estuvo luego 10 años sin reunirse. El verano pasado se reactivó y en noviembre sus principales promotores optaron por transformarlo en un Pacto por la Estabilidad Institucional, con la idea de combatir la corrupción de los tránsfugas, modificar los reglamentos de las cámaras pertinentes para ampliar su repercusión, señalarles como “no adscritos” y evitar que se pudieran beneficiar de derechos económicos y administrativos.
El representante de Cs en esa comisión, José María Espejo, llevó la denuncia del caso murciano y entabló un debate con el portavoz del PP, Luis Santamaría. Espejo, según el acta de la cita remitida a los partidos y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, recordó que sus tres exdiputados en Murcia habían suscrito la moción y, “posteriormente, contraviniendo las instrucciones emanadas de los órganos de Ciudadanos y siendo expulsados, se retiraron de la mencionada moción y han sido nombrados miembros del Gobierno murciano” del PP.
Para Espejo esa trayectoria es “un claro supuesto que encaja en la definición de tránsfuga”. El dirigente de Cs explicó que su formación no cuestionaba el uso de instrumentos como las mociones de censura en general “sino que para pervertir mayorías democráticas se utilice el voto de personas que se han presentado por una formación política y que han sido expulsados por no seguir las instrucciones de la misma”. Y concluyó: “El transfuguismo es una forma de corrupción”.
El popular Luis Santamaría intentó, en un primer momento, que el asunto del transfuguismo en Murcia no se abordase por un problema de forma al apuntar que no había sido incluido convenientemente en la convocatoria y cuando el presidente de la comisión, el secretario de Estado de Política Territorial, Víctor Francos Díaz, aportó los datos que demostraban que eso no era cierto sí entró en el debate para negar que los diputados murcianos pudieran ser declarados tránsfugas.
Santamaría argumentó, por el contrario, que la moción de Murcia “fue un intento de desestabilización” del Ejecutivo regional del PP. Y anunció el voto en contra del PP. Esa situación provocó que el asunto se derivase para su estudio y resolución a la primera reunión del nuevo comité de expertos independientes, que se creó y aprobó ese mismo día por unanimidad.
El caso murciano se votó y no recabó el apoyo necesario de al menos tres quintos de los partidos presentes por la oposición del PP. Para resolver un supuesto como este es por lo que se decidió, en el último encuentro del pacto antitransfuguismo del 11 de noviembre, crear el comité de expertos que compondrán Silvia del Saz, Dolors Canal, Pilar Navarro, Rafael Ibáñez y Mariano Pérez-Hickman.
La propuesta de la comisión de expertos fue refrendada por unanimidad de los 10 partidos nacionales y locales presentes (incluidos PSOE, PP, Cs y Unidas Podemos). Los designados tendrán ahora un par de semanas para estudiar los casos de Murcia y otro en Santa Cruz de Tenerife. Su decisión es vinculante, pero si concluye como avanzan la mayoría de las fuentes consultadas que “lo de Murcia es transfuguismo” será más que difícil que el PP lo acepte sin cuestionar la independencia del comité. De hecho, ya han empezado a criticar en privado y desde el anonimato algunos currículos de los expertos y en especial el del ponente del caso murciano por su proximidad a un miembro del Gobierno central.
El dictamen de la comisión no tiene consecuencias ni jurídicas ni administrativas. Solo políticas. Si los afectados son declarados oficialmente tránsfugas obtienen así un “reproche moral, ético y público” pero no perderán su acta. Ciudadanos ha planteado que se estudie una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) para valorar fórmulas que permitiesen, por ejemplo, a la Junta Electoral Central inhabilitar a esos cargos públicos.
En el Gobierno y el PSOE no lo ven tan claro y entienden que sin el PP no se podría modificar una ley básica. Fuentes gubernamentales consultadas apuntan que el señalamiento de ser declarados tránsfugas ya es un castigo suficiente y entienden que para casos más graves, en los que se pueda probar una compra de voluntades, estaría la opción de la justicia con querellas por corrupción como la registrada por el exvicepresidente Pablo Iglesias contra el secretario general del PP, Teodoro García Egea, por el caso Murcia.
Condena del Supremo a una edil de La Font de la Figuera
Hay una sentencia en el Tribunal Supremo del pasado 26 de octubre, cuyo ponente fue el magistrado José Luis Requero, que se está estudiando entre los responsables del pacto antitransfuguismo. Se trata de un caso que se llevó a la vía judicial y terminó en condena al tránsfuga. Ocurrió en 2015 en el Ayuntamiento de la Comunidad Valenciana de La Font de la Figuera (2.067 habitantes). Llevó todo un proceloso camino judicial y el alto tribunal acabó sentenciando: “El pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, impide que se asuman cargos o que se perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas, ya que estos derechos políticos y económicos están ligados a la condición de concejal y derivan del mandato representativo otorgado por electores”. Trasladado a Murcia, implicaría que los exdiputados de Cs que ahora están en el Gobierno regional con el PP no deberían ocupar cargos o cobrar mejores prestaciones que las que tenían hasta ahora.
La sentencia relata una sucesión de hechos ocurridos tras las elecciones de mayo de 2015, en las que el PP obtuvo cinco ediles; Compromís, tres; dos el PSPV-PSOE, y uno Ciudadanos. Tras intensas negociaciones a varias bandas, acabó quedándose la alcaldía el edil de Compromís, Vicent Múñoz Jorda, que sigue con el bastón de mando, pero que entonces lo logró gracias al apoyo de los socialistas y la concejal de Cs, Purificación Lluch. La aspirante del PP, María José Penadés, una factótum del partido en la provincia, se sintió traicionada por Lluch, que en su día había sido compañera de partido, y denunció el caso hasta el final. El alcalde, que desde 2019 no está en las mejores relaciones ni con el PSOE ni con Lluch, relata que nunca “ningún juez” le ha llamado para tomarle declaración y aclara que Lluch “no era ninguna tránsfuga y que todo se debió a un error de precipitación”. En aquellos días, Lluch llegó a un acuerdo para gobernar con Compromís y el PSOE, pero Cs lo desautorizó y anunció rápidamente expulsiones. Ella, antes de que le llegase la carta con la expulsión, se pasó al grupo de no adscritos y así figuró en varios cargos del equipo de gobierno, con retribuciones de hasta 544 euros al mes. Esa anticipación la condenó. “Yo la hubiese nombrado igual si se hubiese quedado hasta la expulsión en Ciudadanos”, expone ahora el regidor. No fue así y tras la condena tuvo que devolver el dinero cobrado. Ahora son rivales.
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