Euskadi mira a Cataluña para su modelo de cárceles

Euskadi acaricia ya la transferencia de Prisiones. Los cerca de 1.300 internos que componen la población reclusa serán competencia, a partir del próximo mes de abril, del Gobierno de Íñigo Urkullu, si las dos administraciones cumplen el calendario pactado. La política penitenciaria seguirá en manos del Estado, pero el ejecutivo autonómico quiere implementar un modelo que potencie la reinserción y el cumplimiento de las penas en semilibertad, creando una nueva red de centros de inserción y de unidades tuteladas. Una hoja de ruta que definió el Parlamento vasco el 13 de marzo de 2019 en un pleno celebrado 10 meses después de que ETA anunciara, en mayo de 2018, su disolución y que mira a Cataluña como referencia de un modelo que prima el régimen abierto.

Euskadi tiene tres prisiones, Zaballa, en Álava, que sustituyó en 2017 a la ya obsoleta de Nanclares de la Oca, con cerca de 700 internos; Basauri, en Bizkaia, con algunos más de 300 reclusos, y la guipuzcoana de Martutene, con 260 internos, que cerrará sus puertas en 2023, dando paso a la nueva cárcel de Zubieta, cuyas obras ya han sido licitadas.

La competencia va a llegar a Euskadi en medio de la polémica por el traslado de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco. El PP y varias asociaciones de víctimas están criticando al Gobierno de Pedro Sánchez por poner fin al alejamiento de los reclusos de la banda en un contexto de acuerdos con la izquierda abertzale. Frente a las críticas de que un sistema de prisiones vasco pueda favorecer a los reclusos de ETA, fuentes de Justicia del Gobierno vasco subrayan que cualquier decisión de reclasificación de un interno está sometido siempre al control judicial. También pueden ejercer ese derecho al recurso, el preso y la Fiscalía en caso de discrepar con el sentido de los informes.

Despejado el camino de la violencia, el departamento de Justicia que dirige la consejera Beatriz Artolazabal trabaja en el rediseño de la infraestructura y cruza sus documentos con los del Ministerio del Interior. “Nuestro modelo estará sustentado en el uso del encarcelamiento como una opción extrema que se use cuando no exista otra alternativa y con el objetivo de que al menos el 40% de los reclusos, con todo tipo de delitos, cumplan sus penas en régimen abierto”, describió Artolazabal a finales del pasado año, cuando el cronograma de transferencias ya situaba a Prisiones en la primera línea de los traspasos.

“Se puede cumplir la misma ley y el mismo reglamento, pero a la vez avanzar en un modelo propio que apueste por la resocialización y eso pasa por tener menos gente encerrada y más en semilibertad”, aseguran fuentes oficiales del departamento catalán de Justicia, la primera comunidad en asumir la transferencia. Euskadi será la segunda. El catedrático de derecho penal de la Universidad de Lleida Josep M. Tamarit asegura en su informe El sistema penitenciario catalán: Fundamento y ejercicio de la competencia que el más relevante de los criterios diferenciados del sistema catalán respecto del resto de España es que hay “una inclinación más acusada a la progresión a tercer grado [penitenciario]”. También subraya que la tasa de empleados públicos que se dedican a la ejecución de penas de cumplimiento en beneficio de la comunidad o en caso de suspensión de ejecución de pena es bastante mayor en Cataluña que en el territorio gestionado por el Ministerio de Interior, “aunque lejos de la media europea”, cita el catedrático, que duda de que esos dos elementos sean suficientes para considerar al catalán un modelo diferenciado.

En Cataluña, los responsables de las prisiones disponen de un programa piloto para pasar a tercer grado a algunos penados que, por su perfil y arraigo, pueden ingresar directamente al régimen de semilibertad. Un plan que ya estaba en vigor en el resto de España desde 2007, aunque no fue hasta finales del pasado año cuando Interior dio instrucciones para ponerlo en marcha y facilitar que los condenados a penas inferiores a cinco años de cárcel por ciertos delitos y que cumplan una serie de requisitos, como el de no ser reincidentes, puedan disfrutar desde el primer día de la semilibertad.

“Las prisiones tienen éxito en la medida en la que devuelven a la sociedad a los presos lo antes posible y mejores de como entraron”, aseguran fuentes de Justicia, aunque saben que eso supone asumir algunos riesgos de que puntualmente alguno de ellos pueda volver a delinquir.

“La idea es diseñar itinerarios para lograr el fin de reinserción, con una justicia restaurativa y con itinerarios individualizados para que cada residente acelere su vuelta a la sociedad, y lo haga con mejores herramientas para vivir en la comunidad”, explican fuentes del Departamento vasco de Justicia, uno de los que, junto a Interior, está en el centro de la negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez. En la nueva cárcel de Zubieta está previsto crear un Centro de Inserción Social (CIS, destinado a presos en semilibertad). “La competencia nos permite rediseñar los centros para lograr ese objetivo resocializador”, aseguran en el Gobierno vasco. Es decir, con la competencia en la mano, el Gobierno vasco tendrá autonomía para la elaboración de los informes relativos a los presos de los que dependen decisiones como la concesión de progresiones de grado, permisos u otros beneficios penitenciarios.

Un modelo muy volcado en la reinserción necesita de más personal dedicado a esas tareas de educación y de control de la ejecución de penas en semilibertad. Y eso requiere de más presupuesto. A partir de la cesión de la competencia Euskadi asumirá en torno a 800 funcionarios de prisiones, aunque las ampliaciones de plantilla y las renovaciones del personal se harán con criterios de la Administración central.