IU y el PCE recusan a los jueces del Supremo que archivaron su querella contra Juan Carlos I

IU, el PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas (Fairade) han interpuesto un incidente de recusación contra los cinco magistrados del Tribunal Supremo que han archivado en dos ocasiones, la última vez el pasado 15 de febrero, la querella que esas organizaciones presentaron contra el rey emérito Juan Carlos I por, entre otros delitos, cohecho, fraude, tráfico de influencias y constitución de grupo criminal. En el escrito, los querellantes consideran que existen “fundados argumentos” para dudar de la imparcialidad de los jueces —el presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal, Manuel Marchena, y los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer— por los “vínculos jerárquicos” de la judicatura con la figura del rey y por el contenido del auto en el que inadmitieron la querella, que consideran que muestra “animadversión y hostilidad” hacia los partidos que la presentaron.

La primera querella contra el rey emérito fue presentada por Izquierda Unida en diciembre de 2018 —antes de que la coalición formase parte del Gobierno—, después de que salieran a la luz los audios de la amiga íntima del monarca Corinna Larsen en los que esta atribuía al rey el cobro de comisiones y el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna en Suiza. Aquella querella fue archivada por el Supremo en abril del año siguiente y, tres meses después, ratificó su decisión al rechazar el recurso de súplica presentado por los tres querellantes.

En agosto de 2020, los dos partidos instaron la reapertura con una ampliación de aquella querella al conocerse que la Fiscalía Anticorrupción había remitido a la Fiscalía del Supremo las diligencias de investigación iniciadas por la supuesta existencia de cuentas bancarias en Suiza propiedad del rey Juan Carlos I en las que supuestamente se recibieron, en 2008, 65 millones de euros procedentes de autoridades de Arabia Saudí. El Supremo volvió a rechazar la querella el pasado febrero al considerar que solo contenía referencias a noticias de prensa y que ya había diligencias de investigación de la Fiscalía en relación con las finanzas de Juan Carlos I.

Es el contenido de este último auto el que ahora esgrimen IU y el PCE para pedir la recusación de los cinco magistrados. Las dos formaciones políticas consideran que algunos de los comentarios recogidos en él revelan una “evidente animadversión y hostilidad” hacia ellos, al considerar a las partes querellantes como “profesionales de la acción popular” que la degradan e intentan “convertir noticias en delitos”. “No proceden esos calificativos, quiebra su imparcialidad y hace de este proceso un proceso viciado en el que esta acusación se encuentra ante una fundada sospecha de falta de imparcialidad”, añaden los querellantes.

En este sentido, esgrimen la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que, en noviembre de 2018, condenó a España por vulnerar el derecho a un juicio justo de Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes abertzales en el caso Bateragune después de que durante la vista un integrante del tribunal comentase que sabía que no iba a contestar a su pregunta de si condenaba el terrorismo de ETA.

En el recurso, IU y el PCE también destacan que la existencia de un supuesto “vínculo jerárquico entre el querellado [el rey emérito] y los magistrados de la Sala”, ya que la Constitución española señala que la justicia se imparte en nombre del rey y este participa en la apertura del año judicial en el Supremo y entrega de despachos a los nuevos jueces.

Por último, los dos partidos inciden en el hecho “oficial, público y notorio” de que Juan Carlos I ha abonado recientemente cerca de 4,4 millones de euros para regularizar su situación fiscal por los pagos realizados para sufragar el coste de multitud de vuelos privados por la fundación Zagatka desde cuentas situadas en el extranjero. En su opinión, estos hechos “dan plena verosimilitud a los denunciados en la querella que ha sido tildada como degradante por la Sala”, remarca el escrito. “Lo que está en juego es la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben de ofrecer a los que acuden a ellos. Por consiguiente, cualquier juez de quien se puede temer legítimamente la falta de imparcialidad debe ser recusado”, concluyen.