La ONU censura a España por obligar a una menor refugiada a desnudarse para poder determinar su edad

El Comité de Derechos del Niño de la ONU ha declarado que España vulneró los derechos de una menor, Arcange (nombre ficticio), al someterla a un procedimiento de determinación de la edad en el que se estableció, sin garantías, que tenía más de 18 años. El órgano de Naciones Unidas establece, en un dictamen hecho público este jueves, que España debe reconocer como real la fecha de nacimiento que proclama la joven, que recibió en 2019 el estatuto de refugiada, y hacerlo figurar así en sus documentos oficiales.

La joven camerunesa llegó a Madrid en 2017, con 16 años. Se fue con un pasaporte falso de mayor de edad —que destruyó durante el vuelo— para poder viajar sin la autorización de sus padres. Gracias a la ayuda de su madrina, huyó de la violencia sexual en el seno familiar y de un matrimonio forzado con un señor mayor. Buscaba protección en un país lejos de su casa. Ingresó en un centro de acogida de menores de Hortaleza, en la Comunidad de Madrid, debido a su apariencia de niña. Desde el centro notificaron su llegada a la Fiscalía de Menores, que ordenó activar el procedimiento de determinación de la edad. La prueba a la que se sometió consistió en un desnudo integral para la exploración de sus pechos y genitales. La valoración del forense concluyó que tenía 18 años. Con un decreto del fiscal tras leer el informe médico, Arcange se convirtió en adulta y tuvo que marcharse del centro de acogida de menores donde vivía, quedando desamparada. A finales de 2019 obtuvo el Estatuto de Refugiada sin que se reconociera su fecha de nacimiento y edad reales.

Ahora, la ONU ha reconocido finalmente sus derechos y ha censurado a España por violar los derechos de los niños y niñas que llegan solos, al someterles al procedimiento de determinación de la edad. Además, el órgano con sede en Suiza pide ahora prohibir los desnudos integrales y las exploraciones físicas de los genitales “que nunca deberían aplicarse” a los menores. En su dictamen del 15 de febrero establece que España ha violado varios derechos de Arcange, reconocidos por la Convención de Derechos del Niño.

El órgano ha incidido especialmente en que los desnudos o el examen de los órganos genitales violaron su derecho a la intimidad y su dignidad y que, en general, deberían estar prohibidos. No obstante, Lourdes Reyzábal, presidenta de Fundación Raíces –que asiste jurídicamente a la chica y que elevó el caso a la ONU en 2019–, explica que se trata de una práctica habitual. “Hemos tenido ya cientos de casos. España lleva realizando estas pruebas desde hace más de 10 años”, confirma.

El dictamen de la ONU también recoge que se ha violado su derecho a la identidad, puesto que a su llegada a España la chica, además del pasaporte falso que destruyó en el trayecto, llevaba consigo documentos escolares y su cartilla de vacunación que indican su fecha de nacimiento. Aun así, se le negó el valor probatorio e incluso la posibilidad de formalizar el asilo con su fecha de nacimiento real. España, en cambio, señaló al comité que cuando Arcange ingresó en el centro de acogida de la Comunidad de Madrid de Hortaleza le solicitaron aportar un documento oficial que acreditara su identidad y fecha de nacimiento.

Sin embargo, ante su negativa, se optó por el procedimiento de determinación de su edad, que incluye pruebas de exploración física, radiografía de la muñeca y de la boca. Tras el análisis de los exámenes, el médico forense concluyó que las características físicas de Arcange eran compatibles con las de una persona mayor de edad. El fiscal, teniendo en cuenta el informe médico y las informaciones del pasaporte destruido, determinó que debía ser considerada “provisionalmente como mayor de edad”.

La ONU requiere finalmente a España a proporcionar a Arcange una reparación efectiva por las vulneraciones de derechos sufridas, una compensación por los daños morales, un acompañamiento psicológico especializado y la rectificación de su fecha de nacimiento en su documentación. Además, reclama que el país adecúe el procedimiento de determinación de la edad a la convención, incluyendo garantías como la presunción de minoría de edad y de validez de la documentación aportada por los menores, e insiste en la prohibición de realizar pruebas de exploración genital como método válido.

Tras casi cuatro años en España, Arcange ha obtenido una respuesta. “Estoy muy alegre de que, al fin, se reconozca y se acepte que yo era una niña de 16 años cuando llegué a España y no 18 como ellos me echaron”, ha comentado la joven a Lourdes Reyzábal. Ahora Arcange vive en una habitación de alquiler en un piso compartido solo con una mujer, ya que siente que sus heridas todavía no se han curado. Está completando sus estudios como auxiliar de enfermería y durante el confinamiento estuvo de prácticas en un hospital madrileño como mediadora entre los médicos y los pacientes enfermos de covid-19 procedentes de África.

Su deseo, explica la presidenta de Fundación Raíces, es que ninguna otra niña o niño en el mundo pase por esto. Reyzábal considera que se trata de un momento clave, una oportunidad para que los partidos modifiquen algunos artículos de la ley de protección del menor y de la ley de extranjería. Mientras, Arcange espera con ilusión que le cambien la fecha de nacimiento en sus documentos. “Llegué siendo quien era y me cambiaron”, ha aseverado.