Su excelencia Ana María la estafadora

Llamarse Ana María no está mal. Pero utilizar el muy imperial alias de María de las Mercedes, mezclarlo con apellidos como Borbón, Franco u Orleans y asegurar que eres hija ilegítima del rey emérito o de Francisco Franco abre muchas puertas. Y eso es a lo que se ha dedicado desde hace más de veinte años una “estafadora histórica”, según la define la Guardia Civil, con numerosos antecedentes y que ha vuelto a ser detenida en Alicante. Esta vez, como líder de un grupo criminal autor de una estafa piramidal de más de cuatro millones de euros, con más de un centenar de víctimas. La estafadora y cinco de sus compinches han ingresado en prisión provisional.

Ana María B. J., navarra de 50 años, es conocida de los juzgados de media España, pero ha sido identificada por sus huellas dactilares, ya que cambia constantemente de identidad. Su forma de actuar sigue siendo la misma, al menos desde 1998, cuando fue condenada por la Audiencia Provincial de Pamplona. Se aprovecha de su discapacidad —va en silla de ruedas desde que sufrió una meningitis de pequeña— y de un poder de convicción extremo. Y amasó fortunas mediante operaciones inmobiliarias fraudulentas, engaños en joyerías o contratos de 4.000 euros mensuales a un personal de servicio que, posteriormente, no solo no cobraba lo estipulado, sino que también resultaba estafado en las ventas de propiedades.

El de estafador es un trabajo que impide echar raíces. La última base de operaciones de Ana María B. J. fue Alicante. Allí se estableció hace apenas ocho meses, según fuentes de la Guardia Civil. La falsa María de las Mercedes vivía en un chalet de lujo en Elche y llevaba un “alto tren de vida” para el que “contaba con más de 15 empleados que desempeñaban todo tipo de funciones para ella”. Según los investigadores montó, junto a sus cómplices, un bufete de abogados en Guardamar del Segura que, en realidad, no era más que una tapadera, porque “no tenía otra actividad más allá de gestionar las estafas”.

Desde este municipio costero, la trama criminal extendía sus redes por Alicante, Madrid, Barcelona o Tarragona, e incluso por la República Checa o Suecia. Buscaban inmuebles en venta entre los anuncios de internet y ofrecían gangas a sus víctimas, ya que ofrecían precios que suponían un 20%, aproximadamente del valor real de mercado de las propiedades. Cualquier interesado debía abonar el pago inmediatamente ―entre 25.000 y 40.000 euros en efectivo― “sin siquiera visitar la propiedad”, relata el instituto armado. Debían confiar en la palabra de la estafadora. Una vez que los estafadores conseguían el dinero, formalizaban la reserva de la vivienda con la inmobiliaria, para frenar así su venta, y seguían ofreciendo el mismo piso a más interesados. “Cuando los autores cobraban, la adquisición del inmueble no se materializaba, y desaparecían sin devolver a la víctima lo que les había pagado. Empleaban identidades ficticias o usurpadas a terceros para cometer los diferentes delitos”, señala la Guardia Civil.

La arrestada extendió su influjo hasta las joyerías, en las que se presentaba como “heredera de grandes fortunas”. En una de ellas, dejó una deuda de 20.000 euros gracias el timo del nazareno, en el que el delincuente se hace pasar por rico y poderoso. La estafadora también engatusó a algunos de sus empleados, que solicitaron préstamos para acceder a sus oportunidades de negocio inmobiliario que no eran más que castillos en el aire.

Los miembros del grupo organizado residían en viviendas de lujo por toda la provincia, en las que tenían instalado un importante sistema de seguridad y vigilancia, incluidos perros de razas potencialmente peligrosas. En ocho registros practicados por los agentes de la Guardia Civil, han sido intervenidos 60.000 euros en efectivo, numerosas piezas de alta joyería valoradas en 50.000 euros, dos vehículos de alta gama, y gran cantidad de aparatos de tecnológicos. También han sido intervenidas y bloqueadas 10 cuentas bancarias empleadas por la organización para blanquear los beneficios. Los investigadores calculan que, en ocho meses, los implicados han blanqueado casi un millón y medio de euros, exclusivamente por transferencia bancaria.

En la operación, desarrollada a finales de año, pero que no ha trascendido hasta este miércoles, han sido detenidas diez personas acusadas de delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Seis de ellos, incluida la cabecilla, se encuentran en prisión provisional tras pasar a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción 2 de Torrevieja, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Los otros cuatro quedaron en libertad, pero siguen imputados en la causa junto con otros seis investigados más.