El Supremo rechaza por improcedente el informe de Vox contra los indultos del ‘procés’

El Tribunal Supremo ha rechazado el escrito de Vox contra la concesión del indulto a los condenados del procés. En una providencia dictada este martes, la Sala Penal estima que el partido no tiene por qué intervenir en este asunto, ya que la ley de Indulto no da en su artículo 24 papel alguno en estos trámites a la acción popular. Los informes corresponden a la Fiscalía y a los directamente perjudicados por el delito, en este caso la Abogacía del Estado, en representación de Hacienda, ya que los principales dirigentes del proceso independentista fueron condenados por sedición y también por malversación, en concurso medial. Eso determinó que la labor de la Abogacía del Estado en el proceso se produjera en condición de acusación particular.

La remisión del informe de Vox sobre el indulto, el pasado día 12, causó sorpresa en el Supremo, puesto que no había se le había realizado expresamente ninguna petición. Sí se solicitó previamente un dictamen, pero a la Fiscalía del Estado, que lo remitió el 23 de diciembre. Pasadas las fiestas de Navidad, Vox quiso sumarse a la tramitación de este expediente enviando un texto en el que decía oponerse “rotundamente” a la concesión del indulto.

La tesis de la formación es que con la medida de gracia se estaría enviando a la sociedad un mensaje de “absoluta impunidad” ante los delitos contra la Constitución. A la vista del escrito, los magistrados analizaron diversas posibilidades, entre ellas la de devolver sin más el texto al remitente, pero finalmente se acordó dejar simplemente constancia de que no se uniría al expediente de indulto y de que no se iba a tomar en consideración, por no resultar procedente.

En paralelo al rechazo del escrito de Vox, el Supremo ha acordado pedir a la Abogacía del Estado el informe que sí le corresponde realizar en este trámite. Este nuevo dictamen se centrará en el delito de malversación, por los perjuicios que el proyecto independentista causó a las arcas públicas. No habrá, por tanto, coincidencias entre el enfoque que la Fiscalía dijo a su texto y el que ya tiene estudiado la Abogacía del Estado.

Con respecto al enfoque de los fiscales, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dijo en su día que se había basado en una posición ya conocida del Ministerio Público, en relación con una calificación jurídica de los hechos que no fue compartida por el Supremo en su sentencia, en obvia alusión a que la tesis del delito de rebelión no prosperó. La vicepresidenta también subrayó que el informe que finalmente elabore el Supremo no es vinculante para el Gobierno, al que corresponde tomar la decisión sobre la concesión o no de la medida de gracia.