La juez archiva la causa contra los periodistas de ‘eldiario.es’ que destaparon el ‘caso máster’

Carpetazo a la causa abierta contra los dos periodistas de eldiario.es que destaparon el caso máster en 2018. La magistrada María Pilar Martínez Gamo, responsable del Juzgado de Instrucción 29 de Madrid, ha decidido archivar la querella que Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad, presentó contra la redactora Raquel Ejerique, que actualmente ejerce como directora de Informativos de la cadena valenciana de televisión À Punt, y contra Ignacio Escolar, director del diario digital. Según concluye el auto dictado por la juez, que los ha mantenido imputados más de dos años por supuesta revelación de secretos, la libertad de información ampara la difusión de dichos datos.

La resolución de Martínez Gamo, fechada el pasado 28 de diciembre y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se dictó tres semanas antes de que empezara el juicio contra la exdirigente del PP en la Audiencia Provincial, para quien la Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel por inducir a la falsificación del acta del Trabajo Fin de Máster (TFM) que exhibió ante los medios tras estallar el escándalo. Una decisión que se ha conocido este jueves —Ejerique y eldiario.es han avanzado el fallo—, solo un día antes de que Cifuentes declare como acusada en la vista oral. “La jueza acaba de sobreseer el caso [...]. El llanto de alivio de mi madre”, ha destacado la periodista a través de Twitter. La política les imputaba un delito castigado con hasta cinco años de cárcel.

La expresidenta también amplió después la querella contra Salvador Perelló, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), a quien el periódico El Mundo señaló como el filtrador en un artículo firmado por Javier Negre, despedido posteriormente del diario y que mantiene abierto un canal en YouTube por donde desfilan dirigentes de derecha y extrema derecha.

Pero, según señala el auto de la juez, “más allá de afirmaciones más o menos acertadas en un ámbito coloquial o periodístico, o de reconocimientos que se le atribuyen por terceros, lo cierto es que en el ámbito del proceso no es posible determinar si fue Perelló quien accedió a la base de datos y se apropió de los datos protegidos”. Tras dos años de investigación, remacha, “no se han revelado indicios suficientes frente a persona alguna”. “No es posible conocer con relativa certeza por quién se ha llevado a cabo dicho acceso”.

Durante su declaración, el profesor de la URJC negó que él accediera a los datos o se lo ordenase a otra persona. Según su versión, alguien dejó de forma anónima en su casillero un sobre blanco con un juego de fotocopias que contenían dos pantallazos de las notas modificadas del máster de Cifuentes y otro del pago de una cantidad y tasas. Él comprobó que no eran manipuladas y se las pasó a los medios para que llevaran a cabo una investigación, pero no para su publicación.

Un técnico informático de la universidad, además, detalló que él había hecho pantallazos a instancia de la jefa de Servicio del centro, V. V., que le solicitó hacer un informe sobre las posibles alteraciones del expediente por orden de la gerente de la universidad. V. V. corroboró esa versión, según el auto, donde se detalla que el trabajador envió esos papeles a estas dos personas. Por tanto, concluye la juez, no se puede saber quién filtró los datos a los periodistas, ya que ambos se negaron a revelar sus fuentes “en el ejercicio de su derecho al secreto profesional”.

La resolución judicial destaca que la información publicada por eldiario.es cumplía “todos los requisitos necesarios para superar el canon de constitucionalidad”. “Tenía relevancia pública, ya que hacía referencia a la entonces presidenta de la Comunidad y los datos publicados sirvieron para justificar la pretendida veracidad de la noticia, sin que se publicaran más datos de aquellos que se entendieron indispensables a tal fin”, concluye.