Orden de alejamiento contra el hombre acusado de acosar a Iglesias y Montero en su domicilio

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Collado Villalba (Madrid), Javier Carreño, que investiga el acoso que Pablo Iglesias e Irene Montero han denunciado sufrir en su domicilio familiar de Galapagar (Madrid), ha dictado este martes una orden de alojamiento contra Miguel Ángel Frontera, uno de los presuntos hostigadores y contra el que la pareja se querelló en julio. La orden, que ha sido apoyada por la Fiscalía, prohíbe a Frontera acercarse a menos de 500 metros del vicepresidente segundo del Gobierno y la ministra de Igualdad tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo “y en aquellos otros lugares frecuentados por los mismos”, además de impedirle comunicarse con ellos por cualquier medio o a través de personas interpuestas. La medida se mantendrá, al menos, “durante la instrucción y el enjuiciamiento” de la causa. Iglesias y Montero habían pedido que el alejamiento fuese de tres kilómetros.

El juez destaca en su auto que, entre el 15 de mayo y el 12 de diciembre pasados, Frontera “se habría presentado, de manera frecuente, en la puerta del domicilio” de Iglesias y Montero “profiriendo improperios, exhibiendo cárteles con frases injuriosas, subiendo vídeos a Twitter y Youtube y realizando publicaciones en Facebook con similar contenido”. Como indicio, el magistrado cita grabaciones en la que se ve a Frontera “utilizando expresiones objetivamente injuriosas [contra la pareja] en diferentes fechas, comprendidas algunas de ellas en el periodo del estado de alarma, así como merodeando, sin motivo aparente, por las cercanías del domicilio de los querellados”. También destaca que el 12 de julio Frontera hizo una grabación con su teléfono móvil del vicepresidente del Gobierno dentro de la vivienda, según declaró uno de los guardias civiles que da protección a la vivienda y que pidió al hombre que le mostrara lo que había registrado con su terminal desde un lugar elevado cercano.

El juez considera que todos estos actos “no estarían amparados por el derecho de reunión o manifestación, ni por la libertad de expresión, pues, en principio, nada tiene que ver con el ejercicio de tales derechos la realización de la grabación del interior de una vivienda, asumiendo que se pueden captar imágenes de los moradores que afectan a su intimidad”. El auto considera que el intento de Frontera de “establecer un contacto o de buscar una cercanía física con los denunciantes” está “fuera del contexto de la convocatoria de una reunión de personas que protestas” y, por tanto, podrían constituir un delito de acoso “que, además, estaría realizando de manera reiterada, en un domicilio particular en el que viven tres menores de edad, circunstancia esta que no es desconocida para el investigado”.

Frontera, que también es investigado en la causa por los delitos de coacciones, injurias, revelación de secretos y desobediencia a agentes de la autoridad, ha negado en su declaración como investigado de este martes que con estos actos intentara acosar a los políticos. Y ha justificado que acudiera a las cercanías del domicilio de la pareja de manera reiterada como parte de una “protesta política” contra la gestión del Gobierno y, en especial, de Iglesias durante la crisis económica provocada por el coronavirus.

El juez cree necesaria la orden de alejamiento por “la gravedad de los delitos, uno de ellos castigado con pena de prisión de uno a cuatro años; la reiteración de los hechos denunciados; la existencia de tres menores de edad que podrían verse afectados por tales hechos; y la necesidad de evitar la comisión de nuevos delitos, habida cuenta lo manifestado por el investigado a los agentes de la Guardia Civil, sobre su empreño en seguir actuando de la misma forma”. Todo ellos, continúa el auto, crea “una situación de riesgo en las víctimas”. El magistrado advierte a Frontera que, en caso de incumplimiento de la medida, ordenará su prisión provisional.