Los jubilados que simulaban hacer turismo mientras distribuían droga
Una pareja de pensionistas viajaba por España con una autocaravana en la que transportaban grandes cargamentos de hachís
La edad no tiene fronteras para el traficante. Incluso puede resultar una técnica de camuflaje para la droga casi perfecta, si los que la ocultan tienen apariencia de inofensivos abuelos. Es el caso de una pareja de jubilados de Pontevedra que fueron detenidos en Oviedo cuando regresaban de Andalucía con una autocaravana transportando casi media tonelada de hachís.
El matrimonio cobraba una pensión de minusvalía, tenía dos hijos y vivía en un sencillo chalé en Vilanova de Arousa (Pontevedra). La mujer, Dolores F. M., de 60 años, había trabajado en un geriátrico, y su marido, Antonio N. R., de 61, era agricultor. Ninguno tenía antecedentes, aunque el grupo segundo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Pontevedra les seguía la pista mientras investigaban al grupo de proveedores para el que supuestamente la pareja había trabajado durante, al menos, los últimos dos años.
Antonio y Dolores compraron una autocaravana con la que atravesaban la Península como experimentados distribuidores de hachís. La ruta que seguían era casi siempre la misma: salían de las Rías Baixas y se dirigían a Huelva a través de Portugal, para que su plan de viaje supuestamente turístico resultara más convincente. Desde allí enfilaban hacia Algeciras, donde recogían el encargo —los fardos— de la organización.
Por cada viaje la pareja cobraba entre 5.000 y 10.000 euros en función del volumen del envío. Este último y definitivo encargo para ambos pensionistas resultó también el más accidentado. La Guardia Civil los interceptó en un control a la salida de Huelva, aunque los agentes no llegaron a registrar el vehículo. El pedido que ocultaban en un doble fondo lo tenían que entregar en el País Vasco, por lo que los avezados distribuidores se pusieron manos a la obra.
“Todo resultaba una coartada perfecta y un plan muy bien diseñado por la organización, que solo podría irse al traste por un accidente inesperado de circulación, por ejemplo”, apunta José Abreu, jefe policial en Pontevedra que dirigió el operativo denominado “Bodorrio”. “Lo que no se imaginaban es que les seguíamos los pasos para detenerlos con la droga”.
La droga que la pareja movía fingiendo ser turistas tendría un valor en el mercado de hasta 800.000 euros si el alijo fuera vendido por kilos, y de hasta dos millones de euros si se distribuyese por dosis.
La pareja reveló a los agentes sin oponer resistencia dónde ocultaban el casi medio millón de euros en hachís cuando fue interceptada en la mañana del pasado 16 de abril, nada más aparcar la autocaravana en el área de servicio de la autovía A-8, en Colunga (Asturias). Ambos ingresaron en prisión provisional, a petición de la Fiscalía del Principado de Asturias, al considerar que existe riesgo de fuga, y por reiteración delictiva.
La policía ha dado por desarticulada esta rama del transporte y distribución de hachís en el norte del país, que conecta a redes del narcotráfico el sur de España con un entramado delictivo asentado en Galicia.
Coches con doble fondo
El hachís se localizó en una caleta —como se conoce en la jerga a los escondites para la droga— situada en la parte trasera del vehículo, que estaba a nombre del detenido. La organización desarticulada contaba con una flota de coches con doble fondo para el transporte de estupefacientes similares.
En el registro que los agentes efectuaron en el domicilio de los detenidos localizaron 14.000 euros en efectivo escondidos en un armario, una carabina del calibre 22 de la marca Walter G22, 147 cartuchos del mismo calibre, siete cartuchos del calibre nueve corto y cinco teléfonos móviles.
La Udyco ha iniciado una investigación para rastrear el patrimonio inmobiliario y situación económica de la pareja. Además, investiga el entorno familiar más próximo de los detenidos, ante la sospecha de que algunas personas cercanas pudieran estar implicadas en esta red de distribución. Ambos pensionistas se enfrentan ahora a una condena de entre tres y seis años de prisión, que podría verse aumentada si se demuestra que hubo delito de blanqueo de dinero y tenencia de armas.
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