Rechazado el intento del PP de reducir a una voz todas las acusaciones populares en el juicio de la caja b

El pasado 23 de noviembre, a menos de tres meses del inicio del juicio de los papeles de Bárcenas, el PP quiso mover ficha en la Audiencia Nacional. La formación presentó un escrito para intentar que todas las acusaciones populares quedaran reducidas a una sola voz durante la vista oral, unificándolas bajo un solo abogado. El partido conservador —a sabiendas del desgaste político que le supondrán unas sesiones por donde van a pasar, entre otros, Mariano Rajoy y José María Aznar— alegó que así se “agilizaría la práctica de la prueba” y se “evitarían reiteraciones en los interrogatorios”. Pero los magistrados no comparten esa tesis y la han rechazado de lleno.

Según consta en un auto dictado este jueves, al que tuvo acceso EL PAÍS, el tribunal califica esa iniciativa de “extemporánea”. Los jueces recuerdan que, a poco más de un mes de que arranque la vista —prevista para el 8 de febrero—, no se puede “alterar” la estructura de las acusaciones populares, ya que se infligiría un importante golpe a su “legítimo derecho de defensa y ejercicio de la acción penal por el letrado de su elección”. Además, insisten, no todas persiguen los mismos intereses.

Los magistrados subrayan que, llegados esta fase, cada parte ha desplegado ya la estrategia que ha considerado más adecuada. No solo a través de la presentación de un escrito de acusación con los “hechos que consideran punibles y las personas contra quienes se dirigen”, sino también mediante los testigos propuestos para que declaren en el juicio.

En el caso de los papeles de Bárcenas, una derivada del macrosumario sobre la trama Gürtel que versa sobre la caja b reflejada en la contabilidad paralela que llevaba Luis Bárcenas, se sentarán en el banquillo, además del propio extesorero popular, el exgerente del PP, Cristóbal Páez, y los tres responsables de Unifica, la empresa que se encargó de la reforma de la sede de la calle Génova. El partido conservador también se encuentra procesado como persona jurídica, al igual que lo estuvo en el juicio conocido como Época I, donde acabó condenado y por el que acaba de pagar 245.000 euros por lucrarse de la red de corrupción liderada por Francisco Correa.

Según los datos de la propia Audiencia, esta causa cuenta con seis acusaciones populares: Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados, la Asociación Coda-Ecologistas en Acción, el sindicato Manos Limpias, la Asociación Observatori de Drets Humans (DESC) y la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), próxima al PSOE y que esta misma semana ha pedido devolver al juez José Ricardo De Prada, recusado por el PP, al tribunal que juzgará los hechos. Aunque, en la práctica, este número se reduce, ya que tres de estos colectivos fueron aglutinados bajo una misma dirección letrada durante la instrucción.