La Fiscalía Anticorrupción, 25 años después

Pese a los esfuerzos llevados a cabo en las últimas décadas a nivel nacional e internacional por crear un marco adecuado de lucha contra la corrupción, este sigue siendo uno de los problemas que más intensamente inquietan a los españoles. Así lo indican repetidamente los barómetros del CIS en los que la preocupación por la corrupción solo es superada por el paro y la crisis económica y, en los pasados y trágicos meses de este año, también por la salud y la sanidad en general. Esta preocupación, que igualmente reflejan los Índices de Percepción de la Corrupción elaborados anualmente por Transparencia Internacional o los correspondientes informes de la Comisión Europea, se ve significativamente acompañada por el profundo recelo que también genera en la ciudadanía el funcionamiento de los partidos políticos, los políticos en general y su comportamiento.

Por lo demás, las experiencias reales de corrupción muestran datos coherentes con esta sombría percepción ciudadana y son ciertamente alarmantes. La dimensión y complejidad de la moderna corrupción, bien distinta y más nociva que la que podríamos denominar tradicional o histórica, representa una rémora para el crecimiento económico, pues la desviación de recursos públicos que podrían destinarse a fines productivos, asistenciales y a reformas estructurales sostenibles socava la eficiencia del gasto público, algo especialmente visible en tiempos de crisis. Al margen de esta ya de por sí inquietante realidad, la preocupación por la corrupción nace de la certeza de que con ella disminuye la confianza de los ciudadanos en unas instituciones que esta delincuencia pervierte poniendo a su servicio. Cuando la corrupción alcanza dimensiones muy profundas acaba manifestándose a través de lo que algunos autores han denominado el “síndrome general de apatía y desafección políticas”, que puede afectar negativamente a la calidad de la democracia, produciendo una deslegitimación de sus instituciones y, por ende, del propio Estado de Derecho.

En este crítico contexto opera la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, cuya andadura comenzó hoy hace 25 años con el ánimo de abordar la corrupción y la gran delincuencia económica desde una perspectiva, entonces novedosa, de especialización orgánica y funcional ante una criminalidad diferente, que había llevado al Consejo de Europa a recomendar la creación de organismos específicos anticorrupción, capaces de emplear modernas técnicas de investigación y de análisis financiero-criminal para desarmar los complejos montajes jurídico-económicos que respaldan esta delincuencia. Junto a estas razones estructurales también concurrieron en su creación motivos coyunturales pues, indudablemente, con el alumbramiento de la nueva Fiscalía se pretendía sosegar el crispado clima social y político existente en España en 1994, propiciado por los graves casos de corrupción que habían estallado ruidosamente en los medios de comunicación (Roldán, fondos reservados del Ministerio del Interior, Banesto, PSV, Filesa, AVE…).

La Fiscalía Anticorrupción, que comenzó siendo una experiencia pionera en Europa, con la integración en ella de unidades policiales, de la AEAT y de la IGAE, ha sido elogiada por relevantes organismos internacionales implicados en la lucha contra la corrupción y servido de modelo para otras Fiscalías similares nacidas en los países de nuestro entorno. También ha ido creciendo en medios, especialmente personales, con un notable incremento de la plantilla, recientemente consolidado, y la incorporación de una valiosa red de delegados en distintas Fiscalías territoriales. En los últimos años, la Fiscalía Especial ha tratado igualmente de dar una respuesta eficaz a la criminalidad asociada a la actividad de grupos delictivos organizados, así como a los nuevos casos de corrupción y de delincuencia económica, especialmente financiera, surgidos en un entorno de grave crisis económica, que se manifestó con especial virulencia entre los años 2011 y 2013.

A lo largo de estos últimos veinticinco años, las condenas recaídas en casos como Gescartera, Ballena Blanca, Malaya, Palma Arena, Nóos, Las Teresitas, Palau, tarjetas black, Afinsa y Forum Filatélico o Gürtel, además de los antes mencionados y otros muchos que la Fiscalía Anticorrupción inició y en los que asumió un indiscutible protagonismo, están ya en la historia judicial española y han contribuido, no ya al prestigio de la Fiscalía sino, lo que es importante, a que los ciudadanos perciban que la justicia en su conjunto es capaz de dar una respuesta contundente a la corrupción política y a la más compleja criminalidad económica y que las conductas delictivas asociadas a esta delincuencia no quedan impunes.

Ahora bien, sin perjuicio de la indudable función preventiva que también cumplen las sanciones penales, podemos convenir que la prevención resulta siempre más eficaz que el castigo para alcanzar ese común objetivo de reducir la corrupción. En palabras del gran penalista Jiménez de Asúa, “es necesario actuar sobre el ambiente mejorándolo, y así se obtendrán resultados admirables en la lucha contra el crimen”. Y entre estas políticas preventivas, la transparencia, la rendición de cuentas y el fácil acceso a la información de interés público constituyen instrumentos de capital importancia. También existe un amplio acuerdo en que es imprescindible una protección jurídica efectiva de los denunciantes de corrupción, una rigurosa regulación de las llamadas “puertas giratorias” y de los lobbies, el refuerzo de la meritocracia, la generalización del principio de objetividad en la toma de decisiones por los servidores públicos y la mejora de los mecanismos de control de las administraciones regionales y locales y de los sistemas de contratación pública. Sobre estas cuestiones, entre otras, vienen advirtiendo hace años distintos organismos e instituciones, de modo que el diagnóstico y el tratamiento del problema están identificados. Solo falta que los responsables políticos trabajen decididamente en esta dirección.

Claro está que la simple adopción de medidas administrativas no es suficiente, pero su aplicación efectiva y sostenible sí supondrá un avance en la lucha contra la corrupción, que se reducirá significativamente cuando exista un auténtico cambio de mentalidad en los organismos públicos y la sociedad en su conjunto. Para ello, y en un planteamiento más ambicioso, que permita sanear realmente la sociedad española, desterrar comportamientos deshonestos y establecer una verdadera cultura ética ante lo público, la educación en valores, ya desde la enseñanza primaria, no es la mejor solución. Es la única.

Si el ámbito preventivo de la lucha contra la corrupción tiene todavía un amplio margen de mejora, no aprecio, por el contrario, carencias significativas en el ámbito represivo. El Código Penal contiene un catálogo de delitos suficiente para hacer frente a la delincuencia organizada, a la económica y, desde luego, a la corrupción y las penas previstas son, en términos generales, adecuadas. Ante este panorama correctivo, solo el delito de enriquecimiento ilícito, cuya tipificación se viene defendiendo —sin éxito alguno— en las últimas memorias de la Fiscalía Anticorrupción, vendría a cubrir el principal vacío que subsiste en esta materia.

Dejando de lado el estéril debate de si existe hoy más o menos corrupción que en décadas pasadas y sin caer en una siempre perniciosa autocomplacencia, pienso que la Fiscalía Anticorrupción ha cumplido con creces los objetivos que animaron su creación hace ya veinticinco años. En el horizonte aguarda una tarea mayúscula, con la asunción de la nueva responsabilidad investigadora que al fiscal le atribuye el flamante anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, ante la que la Fiscalía Especial se encuentra particularmente preparada tras años de llevar a buen término complejas investigaciones penales. Este apasionante reto exigirá, no obstante, al margen de un cierto cambio de mentalidad y el refuerzo de la independencia del poder ejecutivo, en lo tocante específicamente a la Fiscalía Anticorrupción, la plena implementación de las tecnologías en los procesos de trabajo, el incremento de los medios personales y materiales, la mejora y ampliación de los mecanismos de cooperación institucional e internacional y la determinación del marco de relaciones con la nueva Fiscalía Europea.

El objetivo último no cambia: afrontar con la máxima eficacia, celeridad y transparencia y, por supuesto, con todo rigor jurídico, los procedimientos penales, para transmitir a la sociedad española que el Ministerio Fiscal no tolera espacio alguno de impunidad, y con ello contribuir a regenerar una confianza en las instituciones democráticas y en quienes las sirven que buena parte de los ciudadanos españoles parece haber perdido.

Alejandro Luzón Cánovas es fiscal de Sala jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.