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El Supremo pide permiso al Congreso para investigar al ‘número tres’ de Podemos

El alto tribunal quiere continuar con el proceso contra Alberto Rodríguez por un delito de atentado a la autoridad y lesiones leves

J. J. Gálvez
En el centro, Alberto Rodríguez, secretario de Organización de Podemos, en el Congreso.
En el centro, Alberto Rodríguez, secretario de Organización de Podemos, en el Congreso.FERNANDO VILLAR (EFE)

El Tribunal Supremo ha pedido permiso al Congreso para investigar al diputado y secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez. El juez instructor Antonio del Moral ha solicitado a la Cámara baja que suspenda la inmunidad del parlamentario y número tres de la formación de izquierda para poder continuar con la causa penal abierta contra él por atentado contra la autoridad y lesiones, por la supuesta agresión a un policía durante una manifestación en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) en 2014. El Congreso, que hace apenas cinco meses ya dio luz verde a una iniciativa similar del tribunal contra Laura Borrás (Junts), deberá ahora pronunciarse.

“De lo hasta ahora actuado, y tal y como sostiene el fiscal, se desprenden elementos indiciarios sólidos para considerar a Alberto Rodríguez posible autor de un delito”, subraya el magistrado del Supremo. El escrito ahonda en otro de los frentes judiciales que tiene abiertos actualmente Podemos, imputado como persona jurídica en un juzgado de Madrid por el conocido como caso Neurona, y pendiente aún de que el alto tribunal se pronuncie sobre la petición de imputación contra Pablo Iglesias tramitada por la Audiencia Nacional por el caso Dina.

Los hechos por los que el Supremo quiere investigar a Alberto Rodríguez se remontan al 25 de enero de 2014, cuando se celebró en La Laguna una manifestación contra la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa). Esta concentración coincidía con la asistencia del entonces ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, a un acto en la catedral de Nuestra Señora de los Remedios de la ciudad. Según la Fiscalía, sobre las once de la mañana, un grupo de medio millar de personas se reunió tras el vallado de seguridad colocado por la Policía y comenzó a gritar expresiones como: “Perros, hijos de puta”, “quitaos de en medio, dejad a Wert en nuestras manos...”.

“En el curso de tal enfrentamiento entre manifestantes y agentes, Alberto Rodríguez propinó una patada a un policía, quién sufrió traumatismo en un dedo de la mano derecha y contusión en la rodilla izquierda, requiriendo para su sanidad una única asistencia facultativa y cinco días durante los que no estuvo impedido para desarrollar sus actividades habituales”, expone la Fiscalía. El juez instructor cita como indicios contra Rodríguez el atestado inicial, la declaración del agente lesionado y los informes médicos.

Unos dos meses de trámite

El Supremo recuerda en su petición —conocida judicialmente como suplicatorio— que un juzgado de La Laguna llegó a decretar la apertura de juicio oral contra el número tres del partido, pero que se dejó sin efecto al acceder Rodríguez al Congreso y pasar a estar aforado. “Se ha llegado a un momento en que la constancia de indicios cualificados, ya consignados, hace imprescindible para avanzar en el camino procesal recabar la autorización” del Congreso, expone el magistrado en su escrito. Un documento que el presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal, Manuel Marchena, enviará ahora al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para que se lo remita a su vez a la presidente del Congreso, Meritxell Batet.

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Una vez recibido el suplicatorio, el Congreso dispondrá de unos dos meses para tramitarlo. La Cámara lo concede normalmente. Según detalla la agencia Europa Press, el Parlamento ha dado luz verde a 32 y rechazado 14, aunque el último que se denegó se remonta a 1988, cuando el Parlamento se opuso a tramitar un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo por incluir la foto del hermano de un etarra en un cartel de Interior. Por su parte, el más reciente que salió adelante es de hace solo cinco meses, cuando se concedió permiso para investigar a Laura Borràs por un presunto caso de corrupción.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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