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España y Frontex negocian una operación para cerrar la ruta migratoria canaria

La agencia europea de fronteras y el Ejecutivo deben concretar aún los medios y el área de actuación para una misión conjunta

Un cayuco con unas 80 personas a bordo, en su llegada este lunes al puerto de Los Cristianos, en el sur de Tenerife.
Un cayuco con unas 80 personas a bordo, en su llegada este lunes al puerto de Los Cristianos, en el sur de Tenerife.Miguel Barreto / EFE

El Gobierno mantiene conversaciones con la agencia europea de fronteras, Frontex, para relanzar una operación conjunta e intentar frenar con ella la llegada de cayucos y pateras hacia las islas. Las negociaciones, confirmadas por fuentes gubernamentales y de la agencia, están en una etapa muy preliminar y aún deben definir qué medios se utilizarán —marítimos, aéreos o ambos—, en qué regiones y el nivel de participación de países como Senegal o Mauritania. A falta de concretar la misión, se trata, según las fuentes consultadas, de reformular la operación Hera II con la que se desplegaron en 2006 barcos y aviones de varios estados miembros en el litoral africano para detener la salida de cayucos y devolver a sus ocupantes al punto de partida.

La ruta hacia el archipiélago canario se daba por controlada, pero absorbe desde septiembre de 2019 una presión migratoria sin precedentes en la última década. En lo que va de año se han registrado casi 13.000 llegadas y el ritmo del mes de octubre –con 5.328 entradas, el peor dato mensual de la historia de las islas– ha recordado al de la llamada crisis de los cayucos de 2006, cuando más de 31.000 personas arribaron al archipiélago. La reactivación de la vía canaria responde sobre todo al mayor control de Marruecos de la ruta del Estrecho y el mar de Alborán: el refuerzo de la vigilancia la ha hecho más cara e inaccesible y está empujando a miles de personas a lanzarse al Atlántico. Otros factores, como la inestabilidad del Sahel, la crisis económica derivada del coronavirus y las restricciones fronterizas que impiden a los migrantes tomar rutas terrestres hacia otros puntos de partida del Mediterráneo están también espoleando los movimientos migratorios hacia las islas desde el Sahara Occidental, Senegal y Gambia.

Los pasos que ahora sigue el Ejecutivo son una repetición de los recorridos en 2006. Este miércoles, siete agentes de Frontex comenzaban una misión para apoyar a la Policía Nacional en la identificación de migrantes llegados a las islas, como también se hizo entonces. Pero este apoyo logístico, aunque no se descarta ampliarlo, tiene poco impacto en los flujos migratorios. España, como ocurrió durante la crisis de los cayucos, busca una misión más ambiciosa, reforzada y financiada por la agencia, que ya actúa en una operación contra la inmigración irregular en el Estrecho y el mar de Alborán.

En aquella época, España, gobernada también por el PSOE, recurrió a Frontex, una agencia recién creada que destacó barcos y aviones de estados miembros en el litoral africano en la que acabó siendo su operación más longeva. Fue también la primera misión de la agencia en colaboración estrecha y en el territorio de países ajenos a la UE. En la primera etapa de la operación Hera II, lanzada en agosto de 2006 con un presupuesto de 3,5 millones de euros, se sumaron a los barcos y helicópteros españoles, un barco portugués, un barco y un avión italianos y otra aeronave cedida por Finlandia. Durante cuatro meses y bajo el mando de la Guardia Civil, patrullaron el litoral canario y las costas de Mauritania, Senegal y Cabo Verde, según recoge la agencia en su página web.

La hemeroteca considera aquella operación un éxito por haber reducido las entradas irregulares de 31.678 en 2006 a 12.478 en 2007 y seguir, desde entonces, una tendencia a la baja que prácticamente selló esa vía con apenas unos cientos de llegadas durante los últimos diez años. Tanto la operación terrestre como la marítima se repitieron todos los años durante los meses de más presión migratoria —generalmente de julio a noviembre— hasta que se suspendieron en 2018. La Comisión Europea, explican fuentes conocedoras de aquel operativo, consideró que el despliegue era un gasto demasiado alto para una ruta irrelevante en los flujos migratorios de entonces.

No está definido todavía hasta dónde patrullarán los medios de Frontex y si tendrán un papel activo en el espacio aéreo o en aguas territoriales de terceros países. La actuación de la agencia más allá de las fronteras de los estados miembros es limitada, pero la operación en la ruta canaria se ve facilitada por los acuerdos bilaterales de cooperación que España mantiene con Senegal y Mauritania, en cuyo territorio trabajan fuerzas de seguridad españolas hace más de una década. En el caso de Senegal, donde se concentraron los esfuerzos en 2006, el acuerdo permite la actuación de patrullas españolas, pero también de otros estados miembros y contempla además la vigilancia conjunta en toda su zona económica exclusiva, hasta 200 millas desde la costa. Mauritania, aunque con un perfil mucho más bajo, fue otro de los socios clave en la operación de 2006, pero a diferencia de Senegal no se involucró con medios propios y la zona de actuación era más limitada. Marruecos, punto caliente de salida de una parte considerable de las pateras que están llegando estos meses a las islas, no participó en la operación de Frontex de entonces y está por ver su papel en la nueva misión.

La agencia bajo la lupa

La agencia europea de fronteras está siendo cuestionada por su posible complicidad con el Gobierno griego para expulsar en caliente a potenciales refugiados que intentan llegar a las costas helenas. Una investigación de varios medios, entre ellos Der Spiegel y Bellingcat, reveló con vídeos y fotografías que oficiales de Frontex desplegados en el Mediterráneo Oriental en la Operación Poseidón estaban involucrados en esas prácticas. La investigación periodística señala que, desde el pasado mes de marzo, agentes de Frontex habrían estado presentes en al menos seis intervenciones que podrían ser consideradas ilegales. La agencia ha asegurado que no ha hallado pruebas que respalden esas presuntas violaciones de su código de conducta y del derecho comunitario, pero anunció la semana pasada que ha abierto una investigación interna.

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