La Audiencia Nacional obliga a cerrar la causa sobre los dos españoles tiroteados por la marina marroquí

La Audiencia Nacional ha decido dar carpetazo a la investigación abierta por la muerte a tiros de dos jóvenes melillenses por parte de la marina marroquí en 2003. Apenas un mes y medio después de que el juez instructor José Luis Calama dictase órdenes de búsqueda y detención internacional contra los tres militares que participaron presuntamente en los hechos —el comandante Munir Tisman y los sargentos Aziz El Mals y Muhein Briul—, la Sala de lo Penal ha anulado esa iniciativa al considerar que no hay “indicios suficientes”. Y ha ordenado, además, el archivo provisional de las pesquisas.

El tribunal ha aceptado así el recurso presentado por la Fiscalía, que se opuso a la medida adoptada por Calama el pasado septiembre. El instructor apreció entonces “indicios racionales de criminalidad contra los investigados”, ya que componían supuestamente la tripulación de la patrullera marroquí desde la que se tiroteó la embarcación con la que navegaban los españoles Abdeslam Ahmed, Pisly, y Amin Mohamed, Emin. El juez se basó en un informe sobre los hechos de la Gendarmería Real del país africano incorporado a la causa, al que otorgó toda veracidad y donde se detallan los nombres de los tres sospechosos. Un documento al que la sala resta ahora valor.

Según explica el tribunal en un auto, fechado este 3 de noviembre y al que ha tenido acceso EL PAÍS, ese informe es una fotocopia del documento supuestamente original aportado por las familias de las víctimas, que no “facilitaron” más información “acerca del modo y el origen por el que dicho documento llegó a su poder”. “Habiendo manifestado que se lo entregó a su letrado en Marruecos un funcionario, sin precisar más datos”, apostilla la resolución. Los magistrados de la sala aceptan, por tanto, que ese documento sirviera en su día a Calama como indicio para “iniciar una línea de investigación”, pero lo consideran insuficiente para dictar una medida de tal calado como es una orden internacional de búsqueda y captura, así como la posterior entrada en prisión provisional de los imputados.

“No constituye causa suficiente”, insiste el auto, que recalca que la identificación de las personas realizada en el informe aportado “carece de corroboración alguna”. Aun así, los jueces admiten que ese documento contiene numerosos datos que coinciden con los obtenidos en esta investigación judicial —“la identidad de las víctimas y la fecha, lugar y circunstancias del hechos”—, “pero no en cuanto a la identidad de las personas autoras de los disparos que causaron el fallecimiento”. Ya que sobre dicho extremo, prosigue el fallo, “no se ha obtenido dato alguno”. Por tanto, concluye la sala, “la falta de oficialidad del documento, que no puede ser ratificado ni tampoco compulsado con su original, abre un margen de duda incompatible con la certeza necesaria para acordar la medida restrictiva de derechos que se acordó”.

Pisly y Emin, que tenían 24 y 20 años, fueron tiroteados a última hora de la tarde del 27 de octubre de 2003, cuando surcaban aguas de Marruecos en una lancha neumática con matrícula y bandera española. La versión oficial que dio el país africano, a través de la agencia MAP, es que la patrullera de la marina les había dado el alto, pero los jóvenes habían emprendido la fuga antes de “intentar una maniobra de colisión”. Según Marruecos, para evitarlo, los militares hicieron primero disparos de advertencia, pero finalmente los ametrallaron. El presunto informe de la Gendarmería, que vinculó la zódiac con el “tráfico de drogas”, habla de 41 tiros.

Una versión que siempre han puesto en duda las familias de las víctimas. Según explicó el padre de Abdeslam Ahmed, una segunda autopsia realizada en España reveló incongruencias. Les habían golpeado, dijo: “Mi hijo tenía la cara llena de hematomas. Le pegaron dos tiros a bocajarro. Y [a su amigo Emin], un tiro en el cuello. Después, los tiraron al agua, los quisieron hacer desaparecer”. Los progenitores subrayan que los jóvenes habían ido a pasar el fin de semana a un resort de la costa marroquí y que tenían los permisos para navegar por sus aguas.

Falta de cooperación

Marruecos se ha negado a colaborar en todo momento con la justicia española. Más allá de confirmar con datos genéricos la muerte a tiros de los jóvenes, ha rechazado hasta tres veces “facilitar la información que le fue requerida en comisiones rogatorias que fueron remitidas”. Rabat se excusa en que ya abrió unas pesquisas internas que archivó rápidamente —en apenas 46 días— y en que las intenciones de los magistrados españoles “pueden perjudicar su soberanía, su seguridad o su orden público”. “En ningún momento, ni el Gobierno español ni el marroquí han dado explicación alguna ni han impulsado la investigación de los asesinatos”, protesta también el despacho de abogados Ilocad, que representa a los familiares, y que estudia ahora presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Por tanto, ante la imposibilidad de recabar más datos de Marruecos, la Audiencia concluye que debe darse carpetazo al caso: “Dado el estado de la investigación y no existiendo, por el momento, base para atribuir la autoría de los hechos denunciados a persona susceptible de ser identificada, se concluye que la única solución posible es decretar el sobreseimiento provisional”.

La muerte de los dos melillenses conmocionó a la ciudad autónoma, donde se sucedieron las movilizaciones. El entonces presidente de la localidad, Juan José Imbroda (PP), llegó a calificar los hechos como un “brutal asesinato”.