El juez deja en libertad a la mujer de Villarejo

Manuel García-Castellón, juez instructor de la Operación Tándem, ha dejado en libertad a la mujer del comisario jubilado José Manuel Villarejo, Gemma Alcalá, detenida otra vez el pasado viernes acusada de formar parte de una nueva presunta trama creada para vender documentos policiales secretos, según han informado fuentes jurídicas. El magistrado ha tomado esta decisión, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, después de que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía la pusiera este mismo lunes a disposición de la Audiencia Nacional, junto a otros tres arrestados la pasada semana. El ministerio público había solicitado su ingreso en prisión provisional ante el posible riesgo de fuga.

Esta línea de las pesquisas, pieza separada número 28 de este macrosumario también conocido como caso Villarejo, todavía permanece secreta. Según fuentes de la investigación, la Audiencia trata de dilucidar si el comisario jubilado urdió desde la cárcel esa presunta trama para vender documentos policiales a terceros. Los agentes arrestaron el pasado viernes a cuatro personas, además de registrar la celda de Villarejo: a su mujer, Gemma Alcalá, procesada ya en otra parte de la causa y para quien se solicitan 88 años y 1 mes de cárcel; a Javier Ruiz y Alfonso Pazos, dos reclusos que coincidieron en prisión con el antiguo agente de la Policía y que presuntamente habrían ejercido de intermediarios para poner en circulación esa información secreta; y a Ascensión Fernández, esposa del segundo de ellos.

Las dos mujeres han negado cualquier implicación en la trama durante su declaración ante García-Castellón, según fuentes jurídicas. El comisario jubilado, en prisión provisional desde noviembre de 2017, también se encuentra imputado, pero aún no ha sido citado a declarar por esta pieza 28, según ha explicado su abogado, Antonio García-Cabrera. Los delitos que se investigan son revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y pertenencia a organización criminal.

El juez ha dejado también en libertad a Javier Ruiz y a Ascensión Fernández. A ambos, al igual que a Alcalá, les ha impuesto medidas cautelares: les ha retirado el pasaporte, ha fijado comparecencias quincenales en un juzgado y les ha prohibido abandonar el país. El magistrado solo ha decretado prisión incondicional y comunicada para Alfonso Pazos, un exmilitar que ejercía de abogado en el País Vasco y que en la actualidad cumplía condena en la prisión de Logroño. Según fuentes de la investigación, Villarejo coincidió con este letrado en la prisión de Estremera (Madrid), donde supuestamente le captó para que, durante sus permisos carcelarios, aprovechara para contactar con los posibles compradores de los documentos.

Aunque Villarejo siempre ha alardeado de tener más material sensible y ha amenazado con desvelarlo —según consta en algunos audios incorporados en la causa, el comisario jubilado afirma que guardaría varias copias, incluso en el extranjero—, los investigadores sospechan en este caso que sus intenciones tenían un fin económico. Presuntamente pretendía vender documentación confidencial para conseguir fondos.