El Gobierno y la Junta de Andalucía sellan la paz sobre el decreto de simplificación administrativa

Los Gobiernos central y andaluz han sellado la paz sobre el decreto ley de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía, la mayor apuesta legislativa del Ejecutivo de coalición de PP y Ciudadanos, que modifica o deroga de una tacada 21 leyes y seis decretos con el objetivo de eliminar o simplificar un centenar de trámites burocráticos para activar la economía.

Ambos Ejecutivos han informado este martes del acuerdo alcanzado en la comisión bilateral Junta-Estado, por el que Moncloa retirará el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional sobre dos aspectos de la norma andaluza: la ley autonómica de Audiovisual y las intervenciones en conjuntos declarados de Bien de Interés Cultural (BIC)o su entorno. El Gobierno de Pedro Sánchez recurrió en abril al Alto Tribunal, lo que acarreó la suspensión automática de los artículos demandados. En septiembre pasado, el Constitucional levantó la suspensión al considerar que el abogado del Estado no había facilitado argumentos consistentes.

El decreto ley 2/2020 introducía cambios en la ley del Audiovisual de Andalucía que permitían a las empresas privadas gestionar las emisoras de televisión y radio de los Ayuntamientos. También eliminaba la prohibición de emitir publicidad institucional en emisoras piratas, lo que suponía de facto su legalización. Esta decisión fue denunciada por la Asociación Española de Radiodifusión Comercial y por asociaciones de la prensa, organizaciones sociales, facultades de comunicación y sindicatos.

La Junta se compromete a modificar el decreto y considerará “contraria a la ley la contratación y difusión de publicidad en emisoras que carezcan de título habilitante”. En cuanto a los preceptos que afectan al patrimonio histórico, el Gobierno autonómico solicitará que las obras menores en conjuntos declarados BIC tendrán que ser comunicadas previamente a la Consejería de Cultura y recibir una autorización preceptiva.

Ambas modificaciones se han aprobado en el Consejo de Gobierno reunido este martes y deberán ser ratificadas por el Parlamento. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha celebrado el acuerdo: “Es una muy buena noticia y un ejemplo de que dos Gobiernos nos podemos poner de acuerdo en un asunto tan importante”.

Pese al pacto entre las dos administraciones, el súperdecreto andaluz aún tiene que sortear otros tres recursos presentados ante el Tribunal Constitucional. El PSOE mantiene el que suscribieron medio centenar de senadores en el mes de julio pasado. Los socialistas aseguran que no hay razones de urgencia, como exige el decreto ley, para simplificar trámites administrativos prácticamente en todas las áreas de la Junta (turismo, patrimonio histórico, comercio, salud, industria, pesca, medio ambiente, urbanismo, energía o servicios sociales). “Bajo la máscara del decreto-ley anida un uso torticero de una potestad excepcional para barrer del ordenamiento aquello que moleste a los objetivos ideológicos del gobierno”, argumentan en su demanda. También impugnan el hecho de que el polémico decreto ley se convalidó en plena pandemia, en el mes de abril, por la Diputación Permanente del Parlamento autónomo y no por el pleno, por lo que se estima que se “vulnera” el derecho de participación de los diputados.

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía también presentó un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por la activación de la Diputación Permanente de la Cámara autonómica, que ha sido admitido a trámite, y sus redactores consideran que todo lo aprobado por ese órgano puede quedar en suspenso. Finalmente, está la demanda planteada a principios de octubre por el Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común contra el decreto de simplificación. Los de Pablo Iglesias, partido que forma parte de la coalición de Gobierno, esgrimen que el texto apuesta por la “desregulación ambiental que reduce las garantías ambientales de las normas andaluzas” y “no disimula su apego al ladrillo”.

Según datos de la Consejería de Economía, de las 262 regiones europeas Andalucía ocupa el puesto 220 en competitividad a causa, entre otras razones, de la “ineficiencia” de su normativa.