España violó el derecho a un juicio justo en el caso del accidente en helicóptero en el que murieron seis brigadistas en Teruel

España violó el derecho a un proceso equitativo en el caso del accidente de helicóptero de 2011 en Teruel, donde murieron seis miembros de la brigada de extinción de incendios del Gobierno de Aragón, según falló este martes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Estrasburgo da la razón así a Rosa Gracia González, que perdió a su marido en el accidente, al considerar que la demandante “no tuvo la oportunidad formal de presentar alegaciones a la solicitud de la Fiscalía” ante la Audiencia provincial de Teruel, que había pedido el archivo del caso.

Sin entrar en el fondo de este, el TEDH subraya que la demandante “tenía un interés legítimo a reaccionar a la demanda de la Fiscalía de archivar el caso” y que poder presentar alegaciones resulta una oportunidad que “puede ser esencial, ya que el derecho a un procedimiento contradictorio significa que cada parte debe tener la posibilidad de conocer y comentar las observaciones presentadas o las pruebas aportadas por la otra parte”. De ahí que Estrasburgo considere, en un fallo unánime, que en este caso se produjo una violación del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por el que “toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella”.

La mañana del sábado 19 de marzo, el helicóptero modelo Bell 407 despegó de Alcorisa para apagar un pequeño incendio entre Villel y Cascante del Río, en Teruel, que amenazaba expandirse. A bordo estaban siete personas: un piloto, un agente forestal y cuatro brigadistas. La cuadrilla nunca llegó a su destino. La aeronave se estrelló en un campo de cereal rodeado por colinas, en un paraje situado entre las localidades de Villastar y Cubla. Seis de ellos murieron, solo uno sobrevivió.

El día del accidente se abrieron las diligencias previas para determinar la responsabilidad penal y, al mismo tiempo, las autoridades de la Aviación Civil abrieron una investigación técnica sobre los hechos. Así empezó el periplo judicial de las familias de las víctimas que, antes de llegar a Estrasburgo, pasó por el juzgado número 2 de Teruel y la Audiencia Provincial.

Un informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) concluyó en marzo de 2014 que había un vínculo directo entre la falta de revisión de uno de los componentes del helicóptero, el servoactuador, que falló y que estaba sujeto a una revisión técnica obligatoria, y el accidente, tal y como se había adelantado en un informe preliminar de 2011. El juzgado archivó el caso en agosto de 2014, al no apreciar ningún delito. Sin embargo, en diciembre del mismo año reabrió el proceso, tras el recurso del Colegio de Pilotos, y dictaminó que se debía entablar un procedimiento contra la empresa y el proveedor del componente que había fallado.

Por su parte, el Colegio de Pilotos apeló dos veces esta decisión, solicitando que se investigara si el propietario y el operador de la aeronave pudieran ser considerados penalmente responsables. El abogado de la denunciante, José Vicente Gracia, recuerda que el Ministerio Fiscal no recurrió el auto de reapertura. “Sin embargo, cuando el caso pasó a la Audiencia Provincial, la Fiscalía presentó unas alegaciones y pidió el sobreseimiento, es decir pidió que se volviera archivar el caso”.

La Audiencia desestimó el recurso de apelación y decidió archivar el procedimiento alegando que las autoridades de la Aviación Civil no habían aportado nuevas evidencias que justificaran la reapertura de la causa. Ante esta decisión, las familias se quejaron y alegaron que no se le había dado la oportunidad de impugnar la solicitud de la Fiscalía y que no se había considerado el informe definitivo de la CIAIAC como nueva prueba.

Casi 10 años después de la tragedia, Rosa Gracia González recuerda perfectamente el momento en el que se enteró del accidente. Aquel día estaba mirando a su hijo jugar en el parque. “Una amiga se acercó y me dijo, ‘pero ¿qué haces aquí? ¿no te has enterado? El helicóptero, ¡que ha tenido un accidente!' Yo no lo podía creer, en ese momento se me cayó el mundo encima", confiesa por correo electrónico a EL PAÍS.

La denunciante sabía que el proceso iba a ser duro, pero quiso seguir para conocer la verdad. Sin embargo, cuando se publicó el informe definitivo de la CIAIAC a su dolor se sumó el hecho de que el accidente pudo haberse evitado. “Me parece tremendo que siendo una negligencia, como dice el informe, no se haya querido investigar más y no se hayan admitido responsabilidades. Imagino que las personas responsables seguirán en ese puesto de trabajo", zanja. Tras el periplo judicial que ha durado una década, Gracia González confiesa que ha perdido la fe en la justicia española. Por eso decidió recurrir a la europea. Estrasburgo, esta vez, le dio la razón.