El PDeCAT y Junts se enzarzan en un amargo litigio por la uso de la marca

La crisis desatada entre Junts per Catalunya y el PDeCAT por la manera como el entorno del expresidente Carles Puigdemont se hizo con la marca con la que se ha presentado en las últimas elecciones ya está en manos de la justicia. El Juzgado de Primera Instancia número tres de Barcelona celebró ayer la vista preliminar de la demanda presentada contra Junts por el partido heredero de Convergència, que pide que se anulen los acuerdos mediante los cuales se cambió la titularidad de la formación en junio pasado. El PDeCAT ha pedido como medida cautelar que se le prohíba a Puigdemont usar la marca, algo que, según, la defensa generaría un perjuicio económico de más de 490.000 euros.

La diligencia judicial sirvió para aflorar las irregularidades en el mecanismo utilizado por el entorno de Puigdemont a fin de hacerse con la marca Junts así como y también para comprobar cómo los antiguos compañeros de partido se tiraban los trastos por la cabeza. Junts había sido registrado como partido ante el Ministerio del Interior en julio de 2018 por la dirección del PDeCAT que comandada entonces Marta Pascal. La marca había sido ensayada con éxito en la campaña de las elecciones catalanas de 2017 bajo el mando del entonces president Puigdemont.

Pascal encargó a una persona de su confianza, Laia Canet, la presidencia de lo que en la práctica era solo un partido de paja. Pero con el tiempo se convirtió en elemento de presión entre los partidarios de Puigdemont y los neoconvergentes que se rehusaban a fundirse sin más en el nuevo proyecto político promovido por el expresident. Y Canet acabó facilitando que los seguidores de Puigdemont se hiciesen con la titularidad. El asunto acabó en una demanda judicial del PDeCAT por lo que considera una apropiación de la marca. La iniciativa de recurrir a los tribunales selló la ruptura definitiva entre el dirigente huido de España y los herederos directos del viejo partido de Pujol.

Dudosa asamblea

Junts tiene 4.110 afiliados. Cada uno paga 120 euros de cuota anual, lo que arroja ingresos por un total de 493.000 euros, la cifra que Agustí Carles, uno de los abogados del grupo de Puigdemont, considera que sería el prejuicio económico de prohibir usar la marca. Según los letrados de esa parte, la dirección del PDeCAT no está legitimada para presentar una demanda y se está inmiscuyendo en los asuntos internos de otra formación política.

La vista sirvió para dejar en evidencia las sombras que han rodeado la creación de lo que era un partido instrumental. Por primera vez desde que estalló el conflicto, habló Canet, quien aseguró que el presidente del PDeCAT, David Bonvehí y el diputado en el Congreso Genís Boadella le habían pedido que presentara una demanda contra Junts para intentar recuperar el nombre. También aseguró que los otros dos fundadores originales del partido, Pol Xart y Ana Soriano, nunca habían participado de las decisiones de Junts.

Xart y Soriano, pese a ser militantes de Junts, no fueron convocados a la asamblea telemática celebrada el pasado junio en la que Canet entregó el timón del partido a Carles Valls, alcalde de Balanyà (Barcelona), cercano a Puigdemont. Pero en su declaración de ayer, Valls sembró dudas sobre el carácter de esa asamblea, que redujo a “llamadas” con Quim Jubert, el abogado que orquestó la operación para que Puigdemont se quedase con la marca.

El PDeCAT busca que la justicia anule los acuerdos bajo los que Junts cambió de manos. Su abogada, Laia Bartomeus, argumentó que la utilización del nombre por parte de la nueva formación supone una apropiación del capital político del partido heredero de Convergència. El PDeCAT pide al juzgado que adopte medidas cautelares para suspender el uso de la marca por parte de los partidarios de Puigdemont. Fuentes judiciales explicaron que la decisión se tomará en un plazo de unos 15 días.