Cantabria eliminará el aforamiento en la reforma de su Estatuto

La inestabilidad política de los dos últimos años lastró una iniciativa del Parlamento cántabro suscrita por unanimidad: la derogación de los aforamientos. El plan consiste en eliminar las condiciones ventajosas de los aforados, de políticos a policías, ante eventuales citas con la justicia, algo vigente en Canarias desde 2018 y a punto de estarlo en Murcia. La interrupción de la legislatura de Mariano Rajoy por la moción de censura de 2018 y la repetición electoral de 2019 impidió proseguir los trámites iniciados con el voto afirmativo de todos los parlamentarios cántabros hace ya más de dos años. Hasta que el día 8 el Congreso de los Diputados, con 28 abstenciones sobre los 350 votos, admitió a trámite el proyecto.

La iniciativa se engloba en una reforma del Estatuto de Autonomía y se planteó en el Parlamento regional en diciembre de 2017. Lo hizo Ciudadanos y nadie mostró oposición a que los 35 diputados autonómicos y los miembros del Consejo de Gobierno, incluido el presidente, pierdan ese fuero, que implica que sean juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria o por el Supremo, en el caso del presidente, y no en una sala ordinaria. Sin embargo, pese a la unanimidad en este punto, la reforma se retrasó en el trámite de enmiendas de otros aspectos de la reforma estatutaria, explica Pedro Hernando, portavoz parlamentario del Partido Regionalista de Cantabria (PRC).

El apoyo del Congreso a esta renovación no implica inmediatez. Hernando confía en que la iniciativa salga adelante en menos de un año en las Cortes. El único diputado del PCR en la Cámara baja, José María Mazón, defenderá también una moción para que la comunidad pueda promulgar decretos leyes. Hernando considera que este mecanismo, muy habitual en los momentos críticos de la pandemia, agilizaría la capacidad del Gobierno regional para adaptarse a “situaciones de urgencia”.

Canarias y Murcia

La comunidad canaria fue la primera en suprimir los aforamientos. Lo hizo en 2018 tras el espaldarazo de las Cortes al nuevo Estatuto autonómico, que se aprovechó para incluir cambios en la ley electoral y en la financiación. El principal afectado por este cambio, aplicado desde los comicios regionales de 2019, fue el entonces presidente, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), acusado de haber emitido, siendo alcalde de la ciudad tinerfeña de La Laguna, un préstamo para evitar la quiebra de una empresa municipal. Entonces su partido lo hizo concurrir al Senado para asegurarse de que el caso lo estudiase el Supremo y no un tribunal común. Finalmente, se archivó la causa al no apreciarse delitos de prevaricación y malversación.

Murcia fue la primera comunidad que se planteó eliminar esta figura y lo hizo en un momento convulso políticamente, en abril de 2017. Al entonces presidente, el popular Pedro Antonio Sánchez, le salpicaban diversas causas judiciales y la Asamblea regional aprobó una modificación del Estatuto para eliminar el aforamiento. Aunque dimitió tras presentarse una moción de censura en su contra, Sánchez mantenía su acta de diputado, por lo que seguía protegido: el cambio estatutario le afectaba directamente. Sin embargo, la modificación debía ser aprobada por el Congreso, donde quedó atascada en distintas comisiones y no llegó a votarse.

El expresidente abandonó su acta y perdió esa garantía en septiembre de 2017, pero la legislatura nacional decayó sin avances en la materia. El intento de 2019 se frustró con la convocatoria electoral y tuvo que ser el pasado febrero cuando, por tercera vez, el Congreso decidió admitir a trámite la reforma. Esta queda todavía pendiente de debate en la Comisión Constitucional en septiembre, por lo que el trámite sigue incompleto.

Con información de Virginia Vadillo y Guillermo Vega.