La rebelión de los alcaldes propicia la primera gran derrota parlamentaria del Gobierno

El Gobierno ha iniciado el curso político con una derrota parlamentaria severísima de la que alcaldes socialistas le habían advertido las últimas semanas. El rechazo a la convalidación del polémico real decreto sobre los remanentes de los Ayuntamientos ha sido generalizado. La iniciativa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solo ha contado con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos y del diputado de Teruel Existe. No ha habido abstenciones. El revés es mayúsculo para el Ejecutivo de coalición. De entrada, por lo que supone para su imagen la derogación, con 156 votos a favor y 193 en contra, del quinto real decreto desde la restauración de la democracia. Pero con este resultado todos pierden: los Ayuntamientos, con enormes problemas de liquidez, se quedan como estaban. La ministra de Hacienda, se niega a presentar un nuevo decreto con ayudas. Una solicitud de la oposición en bloque.

El punto de discordia era la polémica fórmula para que los municipios pudieran acceder a una parte de los 14.000 millones de superávit que se han ido acumulando en los bancos, sin poder emplearse, desde la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del PP en 2012. La solución de Hacienda era que los Ayuntamientos saneados cediesen voluntariamente de 10 a 15 años sus ahorros al Gobierno, que les compensaría con un anticipo del 35% de sus ahorros entre 2020 y 2021 a fondo perdido. Esto es, que no tendrían que devolver. Un remedio que provocó la rebelión de alcaldes de todos los partidos salvo los socialistas, aunque en privado numerosos regidores del PSOE entendían el malestar, al considerar la medida insuficiente por los efectos económicos y sociales de la pandemia. Hacienda insiste en que no había otra manera, frente a los partidos que planteaban la reforma de la ley de estabilidad e incluso la modificación exprés del artículo 135 de la Constitución. El PSOE y el PP lo cambiaron de urgencia en 2011, introduciendo el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit.

La última oferta del Gobierno no ha impedido el resultado: Montero puso sobre la mesa esta semana que 3.000 de los 5.000 millones que Hacienda pretendía destinar a los Ayuntamientos que le diesen su superávit al Gobierno se repartiesen entre todos sin distinción y por criterios de población. De esta forma las localidades en números rojos podrían obtener ayudas, en un formato similar al del fondo de 16.000 millones de las comunidades autónomas. Los restantes 2.000 millones se mantendrían para las localidades que decidiesen dar sus remanentes. La oposición propuso como alternativa la creación de un fondo íntegro de 5.000 millones no reembolsables.

“No juguemos al tacticismo político. La no convalidación supone un grave contratiempo para los Ayuntamientos, que no dispondrían de recursos adicionales. Confío en su capacidad de reflexión”, ha apelado la ministra en el debate de este jueves en el Parlamento. Pero cuando Hacienda quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. Fuentes gubernamentales advertían antes de la votación de que si el decreto decae no se presentará uno nuevo. “No piensen que habrá una segunda oportunidad”, ha recalcado Montero. La ministra también se abrió a tramitar el decreto como proyecto de ley para que se presentasen enmiendas. Pero la oposición advirtió que los trámites se alargarían meses frente a una situación de extrema necesidad de liquidez. “Aprobaron un decreto con agostidad que impone un corralito a los ahorros de los Ayuntamientos. Es un sistema perverso y discriminatorio con el que han dinamitado la unanimidad del municipalismo”, ha interpelado a la ministra Antonio González Terol, vicesecretario de Política Territorial del PP. “¿La ley de estabilidad no es del PP, que es lo que no ha dejado durante una década que los Ayuntamientos usen sus remanentes?”, ha sido la respuesta de Montero.

El decreto, que la Federación Española de Provincias y Municipios (FEMP) avaló solo con el voto del PSOE y gracias al voto de calidad de su presidente, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha suscitado un rechazo transversal desde su aprobación en el Consejo de Ministros del 4 de agosto. Algo nada habitual en un contexto de profunda polarización. El PP, Vox, ERC, Ciudadanos, Junts per Catalunya, PNV, EH Bildu, la CUP, Más País, Compromís, PRC, Coalición Canaria, Nueva Canarias, BNG, Foro Asturias y UPN han votado en contra. “Formaciones que no coincidimos en casi nada lo hemos hecho en este decreto”, ha resaltado González Terol, que como la mayoría de grupos ha pedido que el Gobierno elabore un nuevo real decreto. “Es muy difícil poner de acuerdo a tantos partidos en esta Cámara. Este decreto genera un enfrentamiento histórico que provoca el sonrojo de los alcaldes socialistas”, ha afirmado Iván Espinosa de los Monteros (Vox).

Algunos de los socios del Gobierno incluso se han quejado por haber sido excluidos de las negociaciones a múltiples bandas, que se alargaron sin éxito hasta la noche. “No ocurre todos los días que un diputado como el que les habla esté esperando una llamada. A las nueve menos cinco me he visto obligado a votar que no. No somos nada sospechosos. Pero es que no ha habido la posibilidad de negociar”, le ha reprochado Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, a la ministra de Hacienda. “¿Sabe por qué no me ha llamado? Porque le hubiera dicho que es una chantajista”, le ha espetado Ana Oramas, de Coalición Canaria, a Montero. Las quejas de partidos que facilitaron la investidura han sido la constante. “Lo que empieza mal acaba mal. Se forzó un acuerdo con fórceps en la FEMP, se nos ha querido culpabilizar y hacer responsables de que no saliera… ¡No han sido capaces de sumar un solo voto!”, ha observado Joan Baldoví (Compromís). “Esperábamos que hubieran rectificado. La incautación de los recursos de los Ayuntamientos es un error en el que persisten”, ha referido Néstor Rego (BNG). “El planteamiento desde su inicio era ya enrevesado. Era una forma nada sutil de coacción”, ha expresado Mertxe Aizpurua (EH Bildu). El decreto tampoco ha gustado a Ciudadanos: “La unidad no solo hay que pedirla, hay que practicarla. Este decreto no está inspirado en las necesidades reales de los Ayuntamientos. Lo que se votó en la FEMP fue una negociación entre el PSOE del Gobierno y el PSOE de los Ayuntamientos”, ha apuntado su diputada María Carmen Martínez Granados.

El revés para el Gobierno es durísimo: los reales decretos derogados se cuentan con una sola mano. Hasta ahora los precedentes eran cuatro tras la dictadura: en la legislatura constituyente, en 1979, por el que se prorrogaba por un tiempo indispensable la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento; una modificación en 2006 de los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco; la modificación en 2017 del régimen de los trabajadores de la estiba; y por último el real decreto de 2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. En esta ocasión Podemos provocó la primera derrota de una reforma aprobada con urgencia por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. El Gobierno entonces era monocolor del PSOE.

A los socialistas les ha costado hasta asegurar el voto del socio minoritario del Gobierno. Los socialistas se consolaban esta mañana con haber evitado al menos que los partidos del Ejecutivo votasen de diferente manera. Los más reacios en el grupo confederal eran los comunes. Al final, las conversaciones entre su líder, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el vicepresidente Pablo Iglesias propiciaron el cierre de filas del Gobierno de coalición. Pero no suscitó más apoyos. “Instamos a Hacienda a sentarse a negociar, no se puede decir que no habrá una segunda oportunidad”, ha metido presión Gerardo Pisarello, uno de los siete diputados de En Comú Podem y miembro de la Mesa del Congreso, a Montero. “El acuerdo pírrico en la FEMP hizo saltar todas las alarmas, por eso instamos a la ministra a negociar y moverse. Y lo hizo, planteó que se tramitara como un proyecto de ley para que presentaran modificaciones. La respuesta fría del Congreso es una mala noticia para el Gobierno y quienes apostamos por el entendimiento. Hoy solo ganan los agoreros, los de la montaña”, ha intervenido, con las palabras muy medidas, Txema Guijarro por Unidas Podemos.

El decreto ha causado la sublevación de alcaldes de diferente signo político mientras los del PSOE mantenían la disciplina a duras penas. 31 regidores de 13 partidos distintos reclamaron la semana pasada un fondo estatal incondicionado de 5.000 millones para todos los Ayuntamientos, que se repartiría por criterios de población. Esta mañana se han concentrado a las puertas del Congreso 14 alcaldes del PP, con José Luis Martínez-Almeida (Madrid) y Jorge Azcón (Zaragoza) a la cabeza. También había regidores de Ciudadanos, ERC y PDeCAT. “31 alcaldes de toda España y de 13 partidos distintos firmaron una declaración en la que le pedían al Gobierno que nos escuchara, que era necesario modificar el real decreto porque los Ayuntamientos necesitábamos ayuda. Lo dijimos a principios de agosto y nos hemos encontrado con un regateo que no entendemos pocas horas antes de la votación. Necesitamos un nuevo real decreto que ayude al transporte público, a los servicios de limpieza, a los servicios sociales de nuestras ciudades”, ha intervenido Azcón antes de la votación. Hacienda no está por la labor.

Malestar de Teruel Existe

Los 120 diputados del PSOE y 35 de Unidas Podemos han logrado un único apoyo al real decreto, el de Tomás Guitarte, el diputado de Teruel Existe. El parlamentario decidió no apurar hasta las nueve de la mañana de hoy, cuando finalizaba el plazo para votar de forma telemática. Fuentes de Teruel Existe aseguran que Guitarte votó a favor anoche después de que desde el Gobierno le asegurasen que el decreto saldría adelante con 3.000 millones a fondo perdido y 2.000 para los Ayuntamientos que diesen sus remanentes. Guitarte se fio de sus interlocutores y dio por seguro el respaldo de más grupos. La sorpresa se la llevó hoy cuando vio que los cálculos no se ajustaban a la realidad. Guitarte recibió fuertes presiones para que no votase a favor de la investidura de Pedro Sánchez. El enfado de su partido supone un nuevo contratiempo para La Moncloa justo antes de las negociaciones de los Presupuestos.