“Los escraches no existen jurídicamente”

¿Actos de acoso o un ejercicio de la libertad de manifestación? Esa es la gran pregunta que vuelven a poner sobre la mesa las concentraciones diarias que se suceden frente al domicilio de Pablo Iglesias e Irene Montero. Con los escraches organizados durante la crisis económica aún en la memoria, Podemos insiste en que estas movilizaciones no tienen nada que ver con las de hace casi una década.

Entre otros argumentos esgrimidos para marcar distancias, según consta en una de las denuncias presentadas por la pareja, se subraya que estas concentraciones ante su casa “no son una protesta política”, sino una muestra “de animadversión personal y de odio” que provoca una “grave alteración de su vida cotidiana” —y la de sus tres hijos menores— y que presentan una “perseverancia en el tiempo”. Estos factores, repite Podemos, convierten estas movilizaciones en delitos de “acoso” y “coacción”, a diferencia de los escraches “puntuales” que perseguían objetivos concretos, como frenar los desahucios.

Uno de los más conocidos fue el que sufrió la entonces vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría (PP) en 2013, cuando un grupo de más de 200 personas se concentró durante 20 minutos frente a su domicilio. Dentro estaban también su madre, su marido y su bebé. Pese a que la Fiscalía defendía que se cometió un delito de coacción, la Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa al entender que esa acción no era más que “un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil y expresión del pluralismo”. Eso sí, los jueces destacaban en su resolución que no se había producido ningún tipo de violencia y que, aunque se había impedido a la familia “hacer lo que quería”, “la gravedad de la injerencia en la libertad se ve matizada por el escaso tiempo en que se produjo la referida circunstancia”. Entre los participantes se encontraba Jorge Verstrynge, próximo a Podemos.

Joaquín Urías, profesor de Derecho de la Universidad de Sevilla, insiste en que “los escraches no existen jurídicamente”. “Son un ejercicio del derecho de manifestación contra determinada persona política en momentos de su vida privada”, explica. “Habrá que ver caso por caso. Pero, en mi opinión, rozan el límite. El derecho de manifestación está para otra cosa, para discutir en el ámbito político. Cualquier acto que intimide a una persona que está ejerciendo su vida íntima creo que se sale un poco. Una manifestación constante y organizada ante la casa de cualquier político no tiene por objetivo la protesta política, sino dificultar su vida privada. Y creo que eso no está amparado por la Constitución”.